Mineros artesanales en guerra legal contra Estado

Mientras el Perú se sumerge en una crisis de gobernabilidad, luego de la coyuntura vacancia/indulto, que ha terminado paralizando el Estado y las inversiones en diversos sectores sociales, se acumulan conflictos que, en cualquier momento, pueden estallar. Uno de ellos tiene que ver con el incuestionable fracaso del proceso de formalización de la minería artesanal en el Perú. Los yerros nacen de la legislación —promulgada durante la gestión de Manuel Pulgar Vidal, durante el nacionalismo—, que apunta a excluir de la legalidad al minero artesanal y que ha sido continuada por la administración Kuczynski.

Las cifras del fracaso no dejan lugar a dudas: de más de 400,000 mineros artesanales existentes en el Perú, solo 70,000 formuló una declaración de compromiso para participar en el proceso. De ese total solo 30,000 pasaron a la llamada etapa de saneamiento legal, y un total de 112 lograron la plena formalización. Hoy la administración PPK habla de más de 5,000 mineros formalizados, pero la Central Nacional de Mineros (Cenami) ha enviado una solicitud al Ejecutivo exigiendo se aclare si se está hablando del número de mineros o de 5 mil operadores. Por ejemplo, una cooperativa puede tener 1,200 asociados y debería ser considerado como un operador de los 70,000 que formularon la declaración de compromiso. De lo contrario estaríamos reeditando las inexactitudes de Pulgar Vidal.

Asimismo, la propia Cenami ha presentado una demanda de inconstitucionalidad en contra de los decretos legislativos N° 1100 y N° 1105 —promulgados por Pulgar Vidal—, una demanda respaldada por más de 17,000 firmas, que establecían los procedimientos para el proceso de formalización y la definición de minería ilegal respectivamente. Sobre todo en el caso del último decreto, el abanico de exclusión del minero artesanal se amplió hasta tal extremo que cualquier minero informal que incumpliera normas de carácter administrativo, técnico, social o ambiental podía ser calificado como “minero ilegal”.

Más tarde el Gobierno pepekausa promulgó un decreto legislativo que señalaba que los delitos de minería ilegal deberían ser considerados como parte de los delitos de crimen organizado. Y entonces el círculo de la exclusión de los mineros artesanales se cerró.

Cualquiera sea el ángulo de análisis, el fracaso de la formalización minera es incuestionable. Por ejemplo, en el 2011 se promulgó el Decreto Supremo N° 013-2011 EM, que aprobó el Plan Nacional de Formalización y establecía que en los primeros cinco años se iba a formalizar diez departamentos y en los siguientes cinco años en otros diez departamentos. Hoy se discute si son 112 o 5,000 mineros artesanales formalizados. Como se aprecia, un verdadero saludo a la bandera.

Las medidas en contra de la pequeña minería son tan exageradas que la propia Corte Suprema, por ejemplo, ha declarado “nula por ilegal e inconstitucional” la Resolución 031-2014-OEFA/CD  del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Medio Ambiente —que desde la época de Pulgar Vidal se ha convertido en un fortín de ecologistas anticapitalistas—porque pretende desconocer la naturaleza de pequeño minero, establecida en la legislación nacional, por la supuesta pertenencia de una empresa a un grupo económico.

El objetivo de la OEFA es claro: liquidar a los pequeños mineros y ahogar a las pequeñas plantas de beneficio, que procesan el mineral de los mineros artesanales, con argumentos que no se ajustan a la ley ni a la realidad económica. Por ejemplo, en el Perú existen alrededor de cien plantas formales e informales, que sumadas procesan 2,500 toneladas de mineral aurífero para obtener oro. En cambio, una sola empresa minera grande puede procesar más de 540,000 toneladas diariamente. La diferencia es notable, abrumadora.

El accionar del OEFA se suma a la lógica que pretende imponer la Sunat en la relación con los mineros artesanales, que se basa en sanciones, multas, embargos y denuncias ante la Judicatura. Es decir, sanciones antes que una política formalizadora que priorice la inclusión de los pequeños mineros excluidos.

Como se aprecia se ha desatado una verdadera guerra legal de los mineros artesanales en contra del Estado. Una guerra que también podría convertirse en un conflicto social que acrecentaría la crisis de gobernabilidad del Perú. Una verdadera tragedia, sobre todo considerando que los más de 400,000 mineros artesanales representan una fuerza procapitalista, proempresa y promercado. ¿Por qué el Estado los empuja a la influencia de las propuestas antisistema?