Majes Siguas II: otro fracaso del Estado

El proyecto Majes Siguas II es uno de los más importantes para la agricultura y la economía del país, porque permitiría ganar 40,00 hectáreas de tierras irrigadas, generar más de 100,000 puestos de trabajo y además construir dos centrales hidroeléctricas. El proyecto ya está bastante avanzado y la empresa concesionaria, Angostura Siguas, ha invertido más de US$ 114 millones. No obstante, el proyecto está a punto de ser cancelado por culpa de la autoridades del Gobierno Regional de Arequipa y la falta de interés del propio Gobierno nacional, que incluso podría ser demandado por la empresa concesionaria. 

Como se sabe, el problema gira en torno a la llamada “Adenda 13”, que hace modificaciones al proyecto para mejorar sustancialmente las técnicas de riego, y que durante tres años ha sido motivo de discusiones y negociaciones entre la empresa, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Proinversión y hasta el Congreso de la República. Por fin en julio del año pasado se llegó a un acuerdo y se elaboró un texto final, que debía ser sometido a votación en el Consejo Regional antes del 31 de diciembre del 2021. Pero hasta ahora el documento no se ha sometido a votación, porque los consejeros no se han presentado a hacerlo, seguramente siguiendo las directivas de alguna autoridad, porque el Gobierno no ve con buenos ojos a la inversión privada. 

¿Son de verdad tan importantes esas 40,000 hectáreas irrigadas que nos brindará Majes Siguas II? En realidad sí, sobre todo si se tiene en cuenta que el llamado milagro agroexportador peruano –el Perú pasó, en menos de 20 años, de exportar US$ 850 millones a más de US$ 7,500 millones en productos agrícolas– se basa en la producción de 250,000 hectáreas en la costa del país; es decir, apenas 0.5% de las 4.5 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura en todo el Perú. Por eso se estima que la producción de esas 40,000 hectáreas representaría para el país un monto de más de US$ 1,000 millones adicionales al año a través de la agroexportación. 

Sobre este caso ha opinado el ministro de Justicia, Aníbal Torres, una de las personas con mayor influencia dentro del Poder Ejecutivo: “La resolución (de la controversia) tiene que ser automática. Si la empresa ha incumplido, se resuelve el contrato y ya no se remite al arbitraje ni al juez, sino automáticamente, ipso iure, de pleno derecho, queda resuelto, se liquida la obra hasta donde se ha ejecutado y se reinicia la obra con otro concesionario”. Pero el ministro está completamente equivocado, pues según la Constitución el Estado no puede alterar los contratos de manera unilateral, y esa transgresión le daría derecho a la empresa concesionaria para solicitar un arbitraje internacional en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), que seguramente fallaría favor de la empresa e impondría una elevada multa al Estado peruano.

Las declaraciones del ministro de Justicia revelan la manera cómo los miembros del Ejecutivo entienden la Constitución, la vigencia de los tratados de libre comercio y los tratados internacionales. La posición del ministro de Justicia con respecto a los contratos corresponde a una visión velasquista, estatista y colectivista; corresponden a otra Constitución o a las concepciones chavistas sobre las relaciones Estado-empresa. De ninguna manera a los preceptos establecidos en la Constitución actual.