La cuestión de la minería informal

En medio del choque de poderes entre el Ejecutivo y Legislativo, diversos problemas de la gobernabilidad comienzan quedar relegados en la agenda pública. Sin embargo, los problemas se acumulan y, tarde o temprano, pueden convertirse en graves problemas sociales. Uno de ellos está vinculado a la formalización de 400,000 mineros artesanales. No obstante la legislación promulgada, las políticas de interdicción de la policía, la priorización de sanciones, multas y embargos, y la pérdida de dominio —de parte de la SUNAT y del Organismo de Evaluación y Fiscalización del Ministerio del Ambiente—, la informalidad y el número de mineros artesanales ha seguido incrementándose.

Tal como lo señalan los economistas, nadie puede detener al homos economicus. La minería informal ya se desarrolla en Carabayllo, Canta, Cieneguilla y otras zonas aledañas a la capital. El fracaso de la formalización minera es más que evidente: de un total de 400,000 mineros artesanales, alrededor de 70,000 firmaron una carta de compromiso para formalizarse; pero apenas 30,000 pasaron a la etapa de saneamiento legal y solo 13 lograron la plena formalidad.

Hoy se calcula que cerca de US$ 2,500 millones se exportan en contrabando, generando enormes pérdidas a la política recaudatoria. Es más, los economistas señalan que la producción informal de oro comienza a superar a la formal, con todo el proceso de desinstitucionalización y corrupción que implica. Por ejemplo, se sabe que los mineros artesanales suelen pagar a las autoridades locales un kilo de oro semanal —es decir US$ 40,000— para continuar en la actividad.

El gran problema es que frente a la indolencia del Estado —del Ejecutivo y del Legislativo y de la clase política— los llamados sectores antisistema trabajan intensamente para liderar las demandas de los mineros artesanales. Y se produce una triste paradoja: los 400,000 mineros informales, una fuerza social proempresa, proinversión y promercado, podría terminar apoyando propuestas antisistema en sus desesperación por seguir desarrollando sus actividades económicas. Los sectores que defienden la democracia y la economía de mercado, entonces, deben reaccionar.

Ahora bien, ¿cómo explicar el fracaso de la formalización de la minería artesanal? En la base del problema está una concepción elitista que pretende señalar que la minería en el Perú debe excluir a la minería artesanal y solo concentrarse en las grandes y medianas inversiones mineras. Gravísimo error que puede amenazar a la democracia. El gobierno de Kuczynski y la actual administración Vizcarra (que eliminó una definición draconiana y extensiva sobre minería ilegal), de una u otra manera, han mantenido la legislación promulgada por Manuel Pulgar Vidal, ministro de Ambiente durante la administración nacionalista, que abiertamente buscaba excluir a la minería artesanal del proceso productivo del país.

Durante el nacionalismo se promulgaron nueve decretos legislativos para la formalización minera. Entre ellos el DL 1100, que establece, por ejemplo, que un minero artesanal para formalizarse debe presentar las declaraciones juradas anuales de los últimos cinco años, el cálculo de las reservas probadas, el respectivo RUC de la persona individual o jurídica de la operación, los contratos de explotación de los yacimientos, y otros requisitos que solo pueden cumplir los mineros formales. Es decir, las grandes y medianas inversiones.

La intención de excluir es, pues, más que evidente. Y mientras tanto la minería ilegal sigue creciendo. Por ejemplo, en la zona La Pampa (en Madre de Dios) se pretendió erradicar a los pequeños mineros con bombardeos y violencia. El resultado: se trasladaron a una zona de reserva de ecológica, han encontrado más oro y ha aumentado el número de mineros. Increíble.

La cuestión de la minería informal es un asunto que compromete la democracia y la economía de mercado. Por todas estas consideraciones es absurdo considerar que esta actividad económica y social puede ser erradicada con violencia y con leyes que excluyen. Antes tambaleará la propia democracia y la economía libre. Reflexionemos.