Hoy el relanzamiento de la minería solo depende del Ejecutivo

El Perú acaba de superar un año de recesión y de aumento de pobreza. En el país cuando la economía deja de crecer o se estanca en tasas de bajo crecimiento, de manera inmediata, se produce un aumento de pobreza por la cantidad de personas afectadas por este flagelo y por la fragilidad de los sectores que han superado esta lacra social; es decir, los llamados sectores vulnerables. Sin embargo, esta terrible situación solo es responsabilidad de las izquierdas comunistas y radicales que utilizan la demagogia y la violencia para bloquear proyectos mineros, y también de las izquierdas progresistas que sobrerregulan el Estado para detener las inversiones en base a los argumentos del ecologismo radical.

Si hoy la pobreza se acerca al 30% de la población –luego de haber descendido al 20% antes de la pandemia y del gobierno de Pedro Castillo– es directa responsabilidad de las izquierdas. ¿Por qué hacemos semejante afirmación? Por ejemplo, si el proyecto Conga en Cajamarca estuviese en ejecución, junto a otros como La Granja, el Galeno, Michiquillay, el Perú estaría creciendo sobre el 5% anual, la pobreza habría descendido debajo del 15% de la población y la sociedad se habría consolidado como una de mayoría de clases medias. El llamado cinturón de cobre del norte habría aportado un millón de toneladas métricas de cobre (TMC) a nuestra producción anual de 2.5 millones de TMC.

Por otro lado, Cajamarca no sería una de las regiones más pobres del país, con más de 44% de la población en pobreza, sino una con el ingreso per cápita más alto del país, con una industria metalmecánica de servicios para el clúster minero en desarrollo, con un tren hacia la costa y con el problema hídrico resuelto, tanto para consumo humano como para la agricultura.

El daño que le causan las izquierdas al país, pues, es irreparable. En ese contexto, luego del fracaso del golpe de Pedro Castillo, después de la derrota de las olas de violencia insurreccional que pretendieron quebrar el Estado de derecho e instalar una asamblea constituyente, y con la existencia de una clara mayoría democrática en el Congreso, el gobierno de Dina Boluarte no tiene mayores argumentos para seguir postergando el relanzamiento de los proyectos mineros en el país.

¿Cuál es el principal problema para relanzar los proyectos mineros? A nuestro entender es la falta de Estado de derecho en la mayoría de las zonas mineras, en donde pequeñas minorías del radicalismo antiminero y anticapitalista utilizan la violencia para bloquear carreteras, puentes y asaltar las concesiones mineras. Sin esa violencia, sin esa suma de delitos y violaciones de la Constitución y las leyes, por ejemplo, a inicios de la segunda década de este milenio no se habrían detenido los proyectos Tía María en Arequipa y Conga en Cajamarca. A nuestro entender, estos acontecimientos fueron el punto de inflexión, el inicio del camino hacia el abismo en los proyectos de inversión minera, no obstante que el Perú es el país con la tercera reserva mundial de cobre, y que la demanda y el precio del metal rojo no cesan de incrementarse.

El daño de las izquierdas con respecto a la minería y el desarrollo es inconmensurable. A inicios del nuevo milenio, diversas proyecciones de economistas y entidades señalaban que si el Perú seguía creciendo sobre el 6% en el Bicentenario el país podría acercarse al ingreso per cápita de una sociedad desarrollada. No sucedió. El 2021 fue el año de Castillo y de la organización de la recesión y el aumento de la pobreza. Las izquierdas lograron detener el capitalismo en el Perú.

Por todas estas razones, el Ejecutivo debe restablecer el Estado de derecho en las regiones mineras y relanzar las inversiones en recursos naturales ya. ¡No hay argumento válido para no hacerlo!