¡Exportaciones agrarias se debilitan!

Un reciente informe de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) señala que entre enero y mayo del 2019 hubo un crecimiento de apenas 2% respecto al mismo periodo del año anterior en las exportaciones de frutas y hortalizas frescas. Los envíos de este año sumaron US$ 1,222 millones. Este enfriamiento de las exportaciones agrarias es una señal bastante peligrosa para la estabilidad económica del país.

Al respecto, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex) reclama al Ejecutivo flexibilidad laboral para mejorar la competitividad nacional. La Ley de Promoción Agraria (Ley Nº27360), vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, es el mejor ejemplo de flexibilización laboral. Sin embargo, la extensión de la Ley está estancada en el Congreso de la República. Pese a los resultados obtenidos durante sus 19 años de vigencias ( que permitieron incrementar las exportaciones agrarias de US$ 800 millones a más de US$ 7,000 millones anuales), la extensión no ha sido considerado en el denominado “pleno agrario” realizado semanas atrás en el Congreso.

En un dictamen, la ampliación de la vigencia de la Ley de Promoción Agraria ha sido consensuada en el Congreso por la mayoría de parlamentarios. Las modificaciones establecen una vigencia solo hasta el 2024, la ampliación de las vacaciones de los trabajadores a 30 días y el incremento del aporte a EsSalud del 4% al 6%. No obstante que los logros son sorprendentes —600 productos de exportación, tratados de comercio internacional con más de 50 economías mundiales y el cumplimiento de exigentes protocolos fitosanitarios de los mercados más importantes del mundo— los congresistas del Frente Amplio y Nuevo Perú se oponen a la ampliación de la vigencia de la mencionada ley y buscan su anulación. 

La izquierda marxista insiste en los “derechos laborales ganados”, estabilidad laboral y sueldos mínimos, que solo crean “derechos formales” en la norma, pero que fomentan la informalidad y la falta de derechos. Esas demandas del siglo pasado fueron superadas largamente desde el establecimiento de la Ley de Promoción Agraria. Según Comex, la formalidad en Piura se elevó de 3% en 2001 a 32% en 2017; y en Lambayeque, de 25% a 34% en el mismo periodo. Y lo más importante, los salarios de los trabajadores agrarios mejoraron ostensiblemente en las zonas donde se realizan actividades agrarias a gran escala y de exportación: no bajan de S/1,400, muy por encima de la Remuneración Mínima Vital (RMV). Además, los trabajadores están ocupados todo el año en distintas empresas, realizando tareas de acuerdo a la estacionalidad (siembra, mantenimiento y cosecha) de las labores agrícolas. 

Alrededor de la Ley de Promoción Agraria existe una batalla ideológica que librar. La izquierda pretende espantar a las inversiones con el fin de detener el crecimiento económico del país. Esto ayuda a la acumulación de fuerzas, que pretende crear las condiciones de zozobra social generalizada, el escenario perfecto para el incremento de la pobreza, el desempleo e informalidad. El marxismo, campeón levantando las banderas de las demandas sociales, pretende alcanzar el poder agudizando la crisis económica del país.

En este escenario de guerra política, la ampliación de la vigencia de la Ley de Promoción Agraria es un instrumento que busca la prosperidad en las zonas rurales y, por tanto, debería ser replicado en otros sectores productivos, como el acuícola, forestal y otros con actividades estacionales.