Es hora de promulgar Ley de Promoción Agraria

A pesar de todos los problemas políticos y económicos del país, las actividades del sector agroindustrial continúan adelante. Erik Fisher, presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), ha señalado que Japón pronto se convertirá en un destino valioso para las exportaciones nacionales. De acuerdo a Adex, las exportaciones del sector agrario alcanzaron US$ 6,514 millones en 2018. Al mercado asiático llegaron US$ 636 millones, en frutas y hortalizas peruanas, de los cuales a Japón se enviaron US$ 80 millones. 

En la década de los ochenta, cuando Chile y su política de mercados abiertos iniciaba la consolidación de sus exportaciones de frutas y hortalizas, en Perú la gran noticia era el crecimiento de la producción de quinua, tarwi y kiwicha para los mercados de la costa, “incluyendo Lima”. No había más posibilidades ni mucho que soñar. Hoy, el desempeño del sector agroindustrial es un ejemplo. Los 19 años de vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley Nº 27360) han transformado el campo y las poblaciones rurales del país. La corriente agroexportadora ha llegado hasta los 2.2 millones de pequeños productores con parcelas menores de cinco hectáreas. Ellos ahora reclaman agua constante todo el año, asistencia técnica, semillas de los productos exportables, títulos de propiedad, seguridad jurídica y, sobre todo, estrategias para asociarse y formar parte del círculo exportador. 

La Ley de Promoción Agraria ha posibilitado que las exportaciones agrícolas se incrementen de US$ 800 millones hasta casi US$ 7,000 millones, y que nuestros envíos se diversifiquen en más de 600 frutas y hortalizas. No obstante, si los proyectos hídricos estancados se materializasen, el Perú estaría exportando el doble y se incrementarían nuestras variedades y productos de exportación, cumpliendo con todas las exigencias fitosanitarias internacionales. Majes Siguas II, Alto Piura, Chavimochic III, Paltiture y otras represas están estancadas por razones vinculadas a actos corrupción. No obstante, ¿por qué detener las obras que benefician al país? Las investigaciones y los procesos correspondientes no deberían afectar la continuidad de los proyectos. ¿Qué está haciendo el Ejecutivo para resolver la situación? 

La reducción de la pobreza en el país, del 60% al 20% en menos de 20 años, tiene relación directa con la Ley de Promoción Agraria, que ha servido para generar empleo y reducir los índices de informalidad. En el campo, con el establecimiento de la nueva clase media rural, los niveles de consumo interno han generado nuevos sectores productivos (por ejemplo, de servicios) que, en cadena, han levantado la economía del país y el nivel de vida de los peruanos. 

Con las inversiones promovidas por la Ley Nº 27360 y la extensión y habilitación de nuevos territorios agrícolas, en el país han surgido regiones, como Ica, con pleno empleo y con los salarios muy por encima del promedio nacional. Los desiertos improductivos de antes son ahora la fuente de las mayores exportaciones nacionales. Entre 1994 y 2007 la industria nacional dejó se ser capitalina para volverse descentralizada y a la vez globalizada. Por la Ley de Promoción Agraria, la producción de las inversiones peruanas compite como nunca antes con la de cualquier país y bajo las mismas condiciones. 

En una sociedad de pequeños propietarios y productores no hay espacio para las exclusiones totalitarias. En este contexto, la promulgación de la ampliación por diez años de la vigencia de la Ley de Promoción Agraria, aprobada en el Congreso de la República es –como establece el cliché– “de necesidad pública y de interés nacional”. Las inversiones agrarias necesitan predictibilidad para madurar en el mediano y largo plazo.