El Tribunal Constitucional puede detener avance de minería ilegal

Ayer se vio en el Tribunal Constitucional la acción de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto en contra de la Ley 31388, del año 2021, que amplió los plazos de la formalización minera del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) del sector Energía y Minas hasta el 31 de diciembre del 2024. Entre las principales argumentaciones del Colegio de Abogados de Loreto está el señalamiento que el fracaso de la formalización ha posibilitado el avance de la minería ilegal y el agravamiento de la contaminación de la Amazonía, los ríos y las zonas protegidas.

En cualquier caso, el Colegio de Abogados de Loreto revela una verdadera voluntad de defender el medio ambiente de la Amazonía, a diferencia de las oenegés ambientalistas que suelen atacar a la minería moderna y formal –que desarrolla los más altos estándares ambientales del planeta– y guardar silencio ante el avance de la minería ilegal.

Sin embargo, al lado de los argumentos a favor de la defensa del medio ambiente, en la discusión sobre la inconstitucionalidad de la ley que amplía los plazos del Reinfo, debería agregarse que el avance de la minería ilegal hace volar en pedazos el sistema de derechos de propiedad establecido en la Constitución de 1993 y las leyes nacionales. Las concesiones otorgadas por el Estado a las empresas mineras y los contratos firmados entre el Estado y los privados no solo están respaldados por la Carta Política y las leyes nacionales, sino también por diversos tratados internacionales de protección de inversiones.

¿Qué puede suceder si el Estado de derecho no preserva los derechos de propiedad consagrados en nuestra legalidad? Que inevitablemente el Perú avanzaría a convertirse en un estado fallido, con regiones y zonas liberadas de la autoridad de la Constitución, con mineros ilegales que destruyen el medio ambiente dejando secuelas que duran por varias décadas, con mineros ilegales que se niegan a pagar impuestos, a crear empleo formal y, con esos objetivos, se alían con bandas criminales internacionales y todos los proyectos antisistema.

Hoy se debe entender que tolerar la minería ilegal, de una u otra manera, es tolerar la erosión y la destrucción del Estado de derecho.

En este contexto, en el Legislativo pareciera existir un humor mayoritario de ampliar los plazos del Reinfo hasta que se apruebe la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) que debe ser presentada por el Ejecutivo. Sin embargo, la aprobación de una ley MAPE puede durar años, mientras el fracaso actual de la formalización continuaría alentando el avance de la minería ilegal. Es decir, una vez más, se pretende postergar para las calendas griegas un grave problema nacional.

¿Qué va a suceder con todos los mineros ilegales en Pataz que movilizan cerca de 12,000 camiones anuales que transportan el mineral ilegal robado de las concesiones de la minería formal? ¿El Estado va a seguir tolerando la alianza de los mineros ilegales con el crimen organizado? En el corredor vial del sur, en las concesiones de la minería moderna, igualmente, la minería ilegal moviliza entre 100 y 150 volquetes diarios ante la vista y paciencia de las autoridades del Estado de derecho en la zona. La pregunta que emerge entonces es ¿cuál va a ser la situación jurídica de los mineros ilegales que hacen trizas el sistema de derechos de propiedad en el Perú? Deberían ser erradicados al término de la distancia para establecer un parteaguas del Estado entre la minería ilegal y el urgente y necesario proceso de formalización minera.

El gran problema es que cualquier minero inscrito en el Reinfo está exento de responsabilidades penales vinculadas a la actividad. De esta manera los ilegales avanzan en contra de la minería moderna y el Estado de derecho a la sombra del fracaso de la formalización.

El Tribunal Constitucional, pues, debe enmendar cualquier error del Legislativo y poner por delante la defensa de la Constitución y las leyes nacionales.