El sueño de la agroexportación con un Perú desarrollado

Hoy el Perú ha desarrollado un milagro exportador con inversiones en alrededor de 250,000 hectáreas; es decir, en una superficie que representa apenas el 5% del total de tierras agrícolas. Como se sabe, el 95% restante está conducido por más de dos millones de minifundistas, cada uno con menos de cinco hectáreas. Lo impresionante del milagro exportador es que incrementó las agroexportaciones en dos décadas, de US$ 651 millones a más de US$ 10.000 millones en la actualidad. Lo impresionante, decimos, es que ese milagro se desarrolló sobre una pequeña extensión de la superficie agrícola, sobre todo de tierras ganadas al desierto.

Según diversos estudios, a través de más de siete proyectos hídricos existe la potencialidad de incorporar 500,000 hectáreas de tierras, ganadas al desierto, al proceso de agroexportación. Es decir, la actual superficie agroexportadora podría triplicarse. De hacerse realidad, obviamente estaríamos hablando de triplicar nuestras agroexportaciones, y que sean tres veces más grandes los círculos virtuosos en la economía y en la sociedad, en reducción de pobreza y prosperidad en general.

Vale señalar que las inversiones en agroexportación explican la prosperidad de muchas ciudades costeras, sobre todo en las regiones de La Libertad, Lambayeque, Piura, Ica; áreas y zonas en donde la pobreza ha descendido muy por debajo de la media nacional. En Ica, por ejemplo, la pobreza se ubica alrededor del 6% de la población, mientras que la pobreza a nivel nacional suma más del 30% de los ciudadanos. Por otro lado, el sector agroexportador, en las últimas dos décadas, ha sido el único sector que ha creado empleo formal en la agricultura. En el año 2004 existían 460,000 empleos entre directos e indirectos en este sector; en la actualidad existen alrededor de un millón de empleos, entre directos e indirectos.

Imaginar que la superficie agroexportadora se triplica, de alguna manera es imaginar a un país desarrollado. Es imaginar a una clase media agraria amplia y consolidada, es imaginar economías, sectores, industrias y servicios vinculados al proceso agroexportador. Asimismo, la agroexportación es la punta de lanza de la diversificación económica del país, sobre todo frente al discurso de las izquierdas progresistas y comunistas, que señalan que el Perú tiene un modelo primario exportador. Bueno, la manera de superar esos planteamientos es potenciando las agroexportaciones.

No obstante, durante el Gobierno provisional de Sagasti se derogó una de las columnas principales de este milagro exportador: la Ley 27360, llamada Ley de Promoción Agraria, fue derogada porque un grupo de violentistas bloqueó la Panamericana Norte, en Ica. Y sin consultar ni desarrollar demasiadas reflexiones, se derogó posiblemente la mejor ley económica de toda la historia del Perú. Los efectos de esta derogatoria, que eliminó el régimen tributario promocional y que en la práctica derogó el sistema de flexibilidad laboral en los contratos, ha sido la pérdida de inversiones en alrededor de 30,000 hectáreas, y desde el año pasado se registra una pérdida de 100,000 empleos anuales.

Todo esto nos lleva a sostener que el sueño de un milagro agroexportador vinculado a un Perú desarrollado no será posible si el Ejecutivo y el Congreso no aprueban una nueva Ley de Promoción Agraria que replique el régimen tributario promocional y establezca el sistema de flexibilidad laboral en los contratos. No será posible captar inversiones para más de 500.000 hectáreas. ¿Cómo así van a venir las inversiones si se deroga una de las leyes más constructivas de las últimas décadas en el Perú y en América Latina? No parece posible.

La urgencia de aprobar una ley de promoción agraria entonces es decisiva, vital. No obstante, las oenegés de izquierda –de la izquierda progresista, de la izquierda comunista– han empezado una feroz campaña en contra de las agroexportaciones, señalando que el sector agroexportador no respeta los derechos laborales de los trabajadores. Una enorme mentira que se cae por sí sola, si es que analizamos las estadísticas sociales del sector.

Sin embargo, vale preguntarse cuál es el objetivo de estos sectores. Obviamente, no es denunciar la falta de derechos laborales. El objetivo es evitar que el Congreso apruebe una nueva ley de promoción agraria que, en medio de la crisis nacional, enviaría una poderosa señal al mundo, a los mercados nacionales e internacionales, indicando que, a pesar de la crisis, a pesar del deterioro institucional, en el Perú el Estado sigue rigiéndose por la Constitución de 1993. Y que, por lo tanto, se respeta el régimen económico a favor de la libertad de inversión.