¿El Perú se desorganiza económicamente?

A medida que se acerca la fecha de las elecciones nacionales, no obstante la abrumadora desaprobación del Ejecutivo y de las instituciones y la evidente rabia nacional por el desborde de la ola criminal, parece evidente que el proceso constitucional no se alterará. Una buena noticia para el sistema democrático y la construcción institucional, a pesar de los despropósitos y suicidios del gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, las cosas empiezan a desorganizarse en cuanto la economía.

Si bien el Banco Central de Reserva ha controlado impecablemente la inflación y la economía crecerá sobre el 3% en el 2024 –un evidente logro en una región en lentificación económica– comienzan a existir señales y hechos que ponen en peligro el futuro de la economía nacional.

Por ejemplo, el descontrol del déficit fiscal empieza a alarmar a cualquier observador de la economía con buena voluntad. Hasta mediados de este año el déficit acumulado sumaba el 4% del PBI, no obstante que el Ejecutivo había modificado la trayectoria del déficit fiscal del 2% al 2.8% del PBI. El BCR ha señalado que el déficit llegará al 3.3% del PBI y, de una u otra manera, las calificadoras internacionales comenzarán a observar con extremada preocupación a la economía nacional. 

Pero eso no es todo. La imposibilidad del Ejecutivo de reducir y racionalizar gastos –como cualquier gobierno con ideología de izquierda– está llevando al Ejecutivo a proponer el aumento de impuestos. Es decir, más recursos de la sociedad y del sector privado para solventar el despilfarro en Petroperú y en los ministerios progresistas (De la Mujer, Medio Ambiente, Cultura), que se han convertido en verdaderas sinecuras para las izquierdas. 

Allí no queda la cosa. El Ejecutivo ha modificado la trayectoria fiscal del Estado para recién en el 2028 recuperar el déficit fiscal de 1% del PBI, la regla fiscal de oro antes del 2019 y la pandemia. En otras palabras, el gobierno de Boluarte y la gestión de José Arista en el Ministerio de Economía (MEF) está creando la urgencia de un ajuste para el próximo gobierno. Una herencia inevitable de cualquier proyecto de izquierda.

Pero la desorganización de la economía no solo viene del Ejecutivo sino también del Congreso. En el recinto legislativo se han aprobado leyes que nombran a maestros en plazas que no estaban presupuestadas y se promueven todo tipo de exoneraciones, echando combustible a la hoguera del déficit. Y por otro lado, se aprueban todo tipo de normas populistas que pueden matar a las gallinas de huevos de oro de la economía.

Todo indica que el Legislativo ampliará los plazos establecidos para el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) del sector Energía y Minas que vencen este 31 de diciembre. Con esta medida la minería ilegal seguirá avanzando sobre el fracaso general de la formalización minera y, de una u otra manera, se pondrá en peligro una de las columnas centrales del modelo económico y del crecimiento nacional. La minería representa el 60% del total de las exportaciones que suman US$ 65,000 millones; asimismo significa más del 10% del PBI y más del 12% del total de la inversión privada. 

Cuando el Congreso, pues, asume este tipo de decisiones está matando a la gallina de los huevos de oro del país. Sin embargo, el Legislativo tampoco se anima a aprobar una nueva ley de promoción agraria, una medida de suma urgencia para promover inversiones en las agroexportaciones y ganar tierras a los desiertos de la costa. Si bien las agroexportaciones siguen creciendo por la inercia de las inversiones previas, no se conocen de nuevos emprendimientos. Las agroexportaciones se estancan luego de que el progresismo derogará absurdamente la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), una de las mejores leyes económicas de la historia republicana que, en dos décadas, posibilitó incrementar las agroexportaciones de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones en la actualidad.

A pesar de la haber derrotado el proyecto bolivariano en el Perú, a pesar de haber derrotado el golpe de Pedro Castillo y las olas de violencia insurreccional que pretendían instalar una asamblea constituyente, el país se desorganiza económicamente por los yerros del Ejecutivo y del Congreso, como si el gobierno de Perú Libre continuara en el poder.