El peligro del déficit fiscal y el retroceso del Perú

Una de las razones de que el modelo económico siga resistiendo la casi perpetua crisis política en el país –que comienza a destruir todos los logros institucionales, sociales y económicos de las últimas tres décadas– es la fortaleza de la macroeconomía nacional y el manejo de la política monetaria de parte del Banco Central de Reserva. Sin embargo, el gobierno de Dina Boluarte, dejando en claro que es el heredero directo del gobierno de Pedro Castillo, ha comenzado a amenazar nuestra tan elogiada macroeconomía.

Según informaciones del Banco Central de Reserva, el déficit fiscal cerró el año pasado en 2.8% del PBI, muy lejos de la meta del 2.4% que se había proyectado. Algo más. Si no se hubiese producido el adelanto de las utilidades del Banco de la Nación –una operación muy inusual– el déficit fiscal habría sumado 0.1% más. En otras palabras, el déficit podría haber llegado a 2.9% del PBI.

En una entrevista con el diario Gestión, Jaime Reusche, vicepresidente del Grupo Soberano de Moody’s, acaba de señalar que es la primera vez que no se cumplen las metas fiscales desde que se estableciera una macroeconomía responsable luego de las reformas económicas de los noventa (en la pandemia todos los objetivos se relativizaron). Igualmente sostiene que si se llegaba al 2.9% del déficit se habrían disparado todas las alarmas sobre la economía nacional. Agrega que si el 2024 el país no cumple la meta fiscal de reducir el déficit al 2% del PBI, entonces en la mencionada calificadora se revisaría el grado de inversión del país.

Es incuestionable que para enfrentar las amenazas sobre nuestra macroeconomía, el Perú debe enfrentar la recesión de la economía, la caída de la recaudación y, simultáneamente, se deben reducir los gastos innecesarios, sobre todo aquellos que provienen de la ideología y de la clientela política.

¿Cómo enfrentar la recesión y la caída de la recaudación? Es evidente que el único camino pasa por relanzar el crecimiento de la inversión privada que acumula dos años de caídas consecutivas. Es la única manera de mantener niveles aceptables de recaudación.

Sin embargo, en el Ejecutivo se debe entender que los recursos del Estado no son infinitos, que dependen del crecimiento económico y que, en este contexto, todos los gastos estatales deben ser racionalizados. Ni siquiera estamos hablando de una reforma del Estado que deberían reducir los gastos del Estado en un 25% o 30%, sino, simplemente, de racionalizar los gastos.

En este contexto, el intento de nacionalizar la política petrolera a través de sucesivos rescates financieros que -de concretarse el siguiente aporte estatal- podrían sumar más de US$ 5,000 millones es digno de cualquier ministro del gobierno de bolivariano de Venezuela, pero, de ninguna manera, de un Ejecutivo que se rige por la Constitución de 1993.

Una de las causas del actual déficit fiscal descontrolado –aparte de los programas sociales como Punche Perú– es el intento de convertir a Petroperú en una pequeña PDVSA, a través de rescates financieros a una empresa que sigue sumando ineficiencias y está en virtual quiebra. Un rescate que, incluso, ha significado la adjudicación directa de tres lotes petroleros con contratos vencidos que necesitan inversión para mantener sus niveles de productividad. Y, por supuesto, el interminable y faraónico Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, que suma más de US$ 6,000 millones.

Si el Ejecutivo no releva a los ministros castillistas que pretenden estatizar la política petrolera no se enviarán las señales necesarias para enfrentar la recesión, relanzar la inversión privada e incrementar la recaudación tributaria. En otras palabras, se seguirá agrandando el hueco fiscal, se perderá el grado de inversión y continuarán las tendencias recesivas de la economía.