El peligro de la silenciosa nacionalización de la política petrolera

Luego de que el Perú, el Congreso y la sociedad derrotaran el proyecto de la asamblea constituyente, el golpe fallido de Pedro Castillo y la violencia insurreccional del verano pasado, todos los peruanos creíamos que estábamos librados de la amenaza estatista que empobrece a los pueblos. Sin embargo, en el Gobierno de Dina Boluarte se ha comenzado a desarrollar una silenciosa nacionalización de la política petrolera y, de una u otra manera, vuelve a dibujarse la amenaza del Estado empresario sobre la economía y la sociedad peruana. El Ejecutivo, en contra de la Constitución Política del Perú –que establece el papel subsidiario del Estado con respecto a la inversión privada– pretende adjudicar directamente, sin licitación internacional, los lotes petroleros I, VI y Z-69 en el norte del país.

Luego del fracaso del golpe de Castillo, ¿cómo así a alguien se le ocurre nacionalizar la política petrolera? ¿Acaso no se entiende que el programa central de la asamblea constituyente era la nacionalización de los recursos naturales y la política petrolera? ¿Acaso no se conoce que la nacionalización del gas en Bolivia –perpetrada por Evo Morales– ha consumido todas las reservas gasíferas del país altiplánico y hoy se prepara a importar energía, no obstante que no tiene dólares en caja? ¡Basta de locuras! ¡Recuperemos la racionalidad!

La idea de un Petroperú asumiendo la exploración y la explotación del petróleo, inevitablemente, hará reventar nuestros objetivos macroeconómicos, sobre todo en cuanto a la reducción del déficit fiscal. La empresa estatal de petróleos impulsa la Modernización de la Refinería de Talara, un proyecto que ya cuesta a los peruanos más de US$ 6,000 millones, y todos los especialistas señalan que no hay racionalidad alguna en la gigantesca inversión. Asimismo, se acaba de conocer que Petroperú registra pérdidas de US$ 380 millones en el primer semestre de este año. En este contexto, la empresa estatal está solicitando la capitalización del aporte financiero de US$ 750 millones que el Estado le otorgó el año pasado. En buen cristiano, Petroperú no devolverá el crédito. Pero allí no queda el asunto. También se ha solicitado una línea de crédito de US$ 1,000 millones y un aporte de capital de S/ 5,573 millones.

Si se materializan estas gollerías para una empresa estatal que solo representa sangría para el fisco y todos los peruanos, lo más probable es que se empiecen a presionar sobre las metas nacionales de reducción del déficit fiscal. Y es que la idea de un Estado empresario, en el acto, resucita las sombras del déficit fiscal, la expansión de la planilla clientelista y la creación de un Estado empleador, el desarrollo de una inflación descontrolada y la regulación de precios y mercados. Es decir, se resucitan todas las lacras económicas que han destruido a Venezuela y hoy quiebran a Argentina y Bolivia.

¿Alarmismo exagerado de un ultraderechista? De ninguna manera. El bajo crecimiento de la economía (de alrededor de 1%) y la tendencia a aumentar la pobreza –causados por el Gobierno de Perú Libre, el proyecto de la constituyente y el golpe fallido de Castillo–, se pretenden explicar por el fracaso del modelo económico de la Constitución. En este contexto, las izquierdas agitan la propuesta de regreso del Estado empresario. Y si hoy pasa la nacionalización del petróleo, mañana serán otros sectores llamados “estratégicos”. ¿O no?

El Estado empresario es la fuente de las tragedias económicas y sociales de la región. Allí está la nacionalización de PDVSA en Venezuela, el país con mayores reservas de petróleo del mundo, hoy convertido en un país con escasez de energía eléctrica, con cerca del 80% de su población en pobreza y más de cinco millones de venezolanos que huyen de la tragedia económica y social. Allí está también la experiencia del Estado empresario del Perú antes de los ochenta, que causó pérdidas por más de US$ 20,000 millones, destruyó la minería, la agricultura y la naciente industria, desató una de las hiperinflaciones más dramáticas del planeta y empobreció a más del 60% de los peruanos.

¿A quién, pues, se le ocurre resucitar el Estado empresario? ¿O se trata de institucionalizar la ineficiencia y la corrupción?