El nubarrón económico que se viene

Las diversas proyecciones económicas nos señalan que el Perú apenas superará el 2% de crecimiento económico en el 2019. De una u otra manera, estaríamos en la posibilidad del peor rendimiento económico de los últimos años, sobre todo considerando el 2.4% de expansión económica del 2014 y el 1% con la crisis económica del 2009. 

¿Qué significan, pues, semejantes proyecciones? Que la crisis política e institucional de la República, la extrema judicialización de la política y el triunfo de la antipolítica comienzan a devorarse el antes llamado "milagro económico peruano". Ya terminó la época en que la economía era inmune a la mala política. Hoy el país crece por debajo del promedio mundial (3%) y con tales tasas de crecimiento no estará en condiciones de seguir reduciendo la pobreza que afecta a más de seis millones de peruanos.

En el Perú, entonces, no hubo marchas multitudinarias como sucedió en Ecuador, Chile y Colombia en contra del “modelo neoliberal”. Sin embargo, el cierre inconstitucional del Congreso y la crisis de las instituciones republicanas empiezan a pasarle una enorme factura a la economía.

Anualmente se incorporan anualmente a la economía más de 250,000 jóvenes que demandan puestos de trabajo. Para absorber esa demanda de trabajo el Perú necesita crecer por lo menos sobre el 3.5% anual. De lo contrario, la nueva fuerza laboral empieza a formar parte de los desempleados y se incrementa el número de pobres. El 2017 el país aumentó un punto porcentual de pobreza. El 2018 logramos reducir un punto porcentual de pobreza. ¿Qué nos deparará el 2019 en este delicado tema? Las cosas no parecen prometedoras.

Cuando el país crecía 6% en promedio anual se lograba reducir entre tres y cuatro puntos porcentuales de pobreza; es decir, en solo un año se reducía más pobreza que todo el quinquenio actual en el que el crecimiento se ralentiza.

Una de las claves de esta situación es el incremento de la inversión privada. Desde el 2014 la inversión privada ha estado en constante caída, y nada indica que las cosas vayan a mejorar. Igualmente, la demanda interna comienza a contraerse y todos los nubarrones parecen cubrir nuestras posibilidades económicas.

En este contexto, el Ejecutivo debe enviar señales claras que ratifiquen la voluntad de promover las inversiones privadas en el Perú. En este portal ya lo hemos sostenido más de una vez: la promulgación de la ley que amplía la vigencia de la Ley de Promoción Agraria podría ser una interesante señal para las inversiones en el campo, que requieren predictibilidad en el mediano plazo para madurar.

Asimismo, el Estado debería respaldar abiertamente la decisión del Consejo Nacional de Minería del Ministerio de Energía y Minas que ratifica la licencia de construcción otorgada al proyecto de cobre Tía María. Un respaldo de este tipo dejaría en claro que el Estado defenderá la Constitución y la ley en las zonas mineras, en donde minorías radicalizadas e ideologizadas con prédicas antimineras pretenden paralizar las inversiones y la producción minera, desarrollando diversas formas de violencia.

La administración Vizcarra aparece muy alejada de los temas de la gobernabilidad: crecimiento, reconstrucción del norte, seguridad ciudadana y reformas que relancen el crecimiento económico. Y paradójicamente, lo único que puede oxigenar al Ejecutivo y evitar la caída de la popularidad es la solución a los temas de gobernabilidad.