El Gobierno antiminero, también contra de las agroexportaciones

El Gobierno de Pedro Castillo, con la paralización de la producción de Las Bambas en medio de un boom mundial de precios del cobre, no solo ha revelado su naturaleza antiminera, sino también su vocación en contra de la inversión en general. Finalmente, los anuncios irresponsables de la constituyente han terminado destruyendo las posibilidades de crecimiento de la inversión privada para el 2022. En este contexto, la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, también acaba de dejar en claro la vocación en contra de las inversiones en agroexportación.

La titular de Trabajo señaló que el 90% de los trabajadores del sector agroexportador es informal. La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) respondió frontalmente a la ministra aclarando que, de acuerdo a la Sunat, en el agro existen más de 900,000 empleos formales del total de cuatro millones de personas de la PEA agraria. En AGAP se precisó que, del total de empleos agrarios formales, 300,000 son directos mientras que 600,000 son indirectos. De acuerdo a las estaciones agrarias el sector puede contratar hasta 400,000 trabajadores de manera directa.

La respuesta de AGAP obligó a la ministra Chávez a rectificarse, precisando que la cifra del 90% de informalidad laboral se refería a la agricultura familiar. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: las oenegés anti agroexportación –generalmente financiadas por competidoras mundiales de las empresas peruanas– ya tenían material para difundir la leyenda negra en los mercados de los países desarrollados que consumen nuestros productos nacionales. Resultado: menos inversión, menos recursos fiscales para el Estado, menos empleo y más pobreza.

“El error” de la titular del Trabajo revela la naturaleza anti agroexportaciones del Ejecutivo. Como todos sabemos, el Gobierno anunció la propuesta de una segunda reforma agraria, pero excluyó a las agroexportaciones nacionales de la propuesta. La pregunta que surge es la siguiente: ¿semejante exclusión proviene de la ignorancia económica o de la simple tozudez de la ideología?

Los datos son incuestionables: en el Perú el 95% de las tierras dedicadas a la agricultura están conducidas por 2.2 millones de minifundistas que desarrollan una agricultura de subsistencia y viven en pobreza. De otro lado en el 5% de las tierras agrarias se desarrollan las inversiones agroexportadoras que, en dos décadas –de vigencia de la Constitución, la Ley de Promoción Agraria (hoy derogada) y los tratados de libre comercio– posibilitaron incrementar las agroexportaciones de US$ 850 millones a más de US$ 7,500 millones, captar más de US$ 20,000 millones en inversiones, contratar a más de un millón de trabajadores anualmente y reducir la pobreza en las regiones agroexportadoras por debajo de la media nacional.

Se podría pensar que el milagro agroexportador peruano que sorprende al mundo es un fenómeno de grandes corporaciones. Pero no es así, de las más de 13,500 empresas agroexportadoras, el 80% corresponde a pymes agrarias.

La transformación del agro entonces debería pasar por extender el modelo agroexportador a toda la agricultura de la costa, la sierra y la selva. Sin embargo, ese camino significaría crear una sociedad agraria de clases medias y pobreza reducida, los peores enemigos de la propuesta de la asamblea constituyente y las colectivizaciones de la propiedad.

El Gobierno de Castillo, entonces, no solo es antiminero, sino anti agroexportación. Basta recordar que la actual presidente del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, cuando ejercía la presidencia del Congreso –en el periodo anterior–, contra viento y marea impulsó la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (objetivo que logró), una de las vigas maestras del milagro agroexportador peruano. Y el actual Congreso no se atreve a restablecer la plena vigencia de esta tan necesaria ley.