El ecologismo radical en contra de la pesca industrial

Es incuestionable que la pesca industrial es una de las actividades más reguladas en la economía nacional. Por ejemplo, la pesca de tallas no autorizadas es fiscalizada por diversas entidades del Estado que, incluso, debaten y establecen diferencias sobre la talla de la anchoveta. Por otro lado, el volumen de las temporadas de pesca depende de los informes científicos del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) sobre la biomasa que, en la última década, se ha mantenido en alrededor de los 10 millones de toneladas métricas.

La industria pesquera tiene un sistema de sanciones administrativas a cargo del Ministerio de Producción (Produce) que convierte a esta actividad en una de las más fiscalizadas. Asimismo, las propias embarcaciones formales, cuando desarrollan pesca incidental de tallas menores, suelen reportar a la autoridad correspondiente para evitar sanciones de otro tipo. 

Sin embargo, en los últimos tiempos, algunos integrantes del Ministerio Público –con una evidente carga ideológica– han utilizado esos informes para iniciar acciones penales en contra de las embarcaciones formales, y dos años atrás se comenzó a considerar a las naves intervenidas por incidentes de carácter administrativo como parte de una red criminal y se empezó a aplicar “la extinción de dominio”, privándose a decenas de trabajadores de sus empleos formales y paralizando a un sectores de esta industria que paga impuestos y genera riqueza nacional.

¿Cómo se puede entender la utilización de la figura de extinción de dominio para naves formales y sobrerreguladas? ¿Acaso se trata de embarcaciones que salen a pescar sin autorizaciones, con naves fraudulentas o acaso se pesca en zonas prohibidas por la autoridad correspondiente? Nadie entiende cómo se puede llegar a esta situación.

Para entender la gravedad del problema vale señalar que la industria pesquera representa el 1.5% del PBI nacional. Entre la actividad de la pesca industrial y la industria manufacturera vinculada se crean alrededor de 250,000 empleos. Según el IPE, por cada empleo del sector pesquero se crean otros tres. Es decir, hablamos de cerca de 700,000 empleos relacionados con este sector. Y si a cada empleo proyectamos una familia, entonces, estamos señalando que más de dos millones de peruanos se benefician de la actividad pesquera.

La única explicación de esta situación y los excesos en la aplicación de la figura de extinción de dominio están la actividad y la ofensiva de las oenegés de izquierda que, envueltas en el ropaje de la defensa de la ecología y la fauna, generan creencias y sentidos comunes en contra la industria pesquera. Oenegés que responden a intereses de nuestros competidores externos en la pesca industrial. Como todos sabemos, el ecologismo radical de las corrientes progresistas e izquierdistas se propone detener el capitalismo y enfila en contra de la minería moderna, las agroexportaciones y también en contra de la pesca industrial.

Y de alguna manera han logrado hacer pasar normas que restan productividad a la industria pesquera del país y favorecen a nuestros competidores externos. Por ejemplo, antes del gobierno nacionalista la pesca industrial trabajaba desde la milla tres. Para supuestamente defender la biomasa y promover la pesca de consumo humano se autorizó la pesca industrial desde la milla cinco. El resultado: la biomasa se mantiene igual que cuando se pescaba en la milla tres, pero las especies para consumo humano han desaparecido en los mercados por falta de control.

Una poderosa red de oenegés pretende frenar el desarrollo de la pesca industrial en el país. En ese contexto, los excesos en la aplicación de la extinción de dominio se convierten en un duro golpe para la industria pesquera.