El déficit y la macroeconomía en peligro

Desde el gobierno de Pedro Castillo, el Ministerio de Economía y Finanzas ha venido convirtiéndose en un despacho manejado con criterios políticos, y durante la administración de Dina Boluarte las cosas no parecen cambiar significativamente. En el 2023, por ejemplo, no solo hubo recesión, sino que no se cumplieron las proyecciones de reducción del déficit fiscal. Se proyectó un déficit de 2.4% del PBI, pero se llegó al 2.8%. Para este año el déficit estimado era del 2% del PBI, sin embargo el Ejecutivo ha solicitado ampliar la trayectoria fiscal al 2.5%.

En cualquier caso, el gobierno de Dina Boluarte, al parecer, no puede escapar de una de las leyes de hierro de todos los gobiernos de izquierda: la imposibilidad de reducir el gasto fiscal. Es evidente que en estos resultados tiene mucho que ver la recesión y la caída de la recaudación fiscal del año pasado. Sin embargo, el Ejecutivo y el MEF se muestran incapaces de oponerse a cualquier aumento del gasto estatal. Hasta el 2022, por ejemplo, se acumularon más de US$ 4,000 millones en rescates financieros a Petroperú (transferencias y garantías) mientras que la deuda de corto plazo de la petrolera estatal sigue estando en el orden de los US$ 4,000 millones. ¿Se seguirá con la sangría de los recursos fiscales a costa del manejo del déficit?

Recientemente se acaba de conocer un informe de Apoyo y Consultoría donde se señala que en los últimos tres años el Congreso ha desarrollado iniciativas de gastos que suman S/ 100,000 millones, no obstante que, según la Constitución, los congresistas no tienen estas prerrogativas. Sin embargo, he aquí lo más preocupante y dramático: el MEF no se ha opuesto a iniciativas de gasto en alrededor de S/ 50,000 millones.

Si el Ejecutivo y el MEF no vuelven a alinearse en la defensa de la estabilidad fiscal, una de las variables que –en los últimos 30 años– convirtió al Perú en ejemplo de manejo mundial, inevitablemente el país avanzará a perder el grado de inversión. Vale recordar que, unas semanas atrás S&P redujo la calificación crediticia del Perú de BBB a BBB- empujando al país al abismo. Si se pierde el grado de inversión el esfuerzo de varias generaciones será echado por la borda por un gobierno de izquierda que ha perdido el rumbo frente al gasto estatal.

Subrayamos la responsabilidad del Ejecutivo, más allá de que la mayoría de bancadas del Legislativo se hayan desbocado en salidas populistas. Uno de los despropósitos más inexplicables –incluso de las bancadas de la centro derecha– fue la aprobación del sétimo retiro de las cuentas individuales del sistema privado de pensiones que, prácticamente, quebrará el modelo y dejará a más de nueve millones de peruanos sin pensiones. El MEF ni siquiera observó la mencionada iniciativa, temeroso de la reacción política del populismo.

Las izquierdas, pues, tienen un grave problema ideológico con el aumento del gasto estatal. Y la herencia de las últimas elecciones nacionales comienza a ser devastadora, porque no solo se ha frenado la inversión privada, el principal motor del crecimiento y de la reducción de pobreza, sino que también se están dinamitando las principales variables económicas que han convertido al país en un ejemplo planetario.

Al respecto siempre vale recordar que el PBI nacional suma alrededor de US$ 240,000 millones y que el gasto estatal del gobierno central, de los gobiernos regionales y locales y de las empresas públicas, representa entre el 25% y el 30% del PBI. Una cantidad gigantesca para una economía de ingreso medio. Si hubiese sentido común en el Ejecutivo y el MEF la reducción de gastos empezaría por definir que Petroperú ya no puede seguir desangrando recursos fiscales y que existen varios ministerios que fueron creados por ideologías y para favorecer sinecuras de las izquierdas.