El avance de la minería ilegal y el Estado fallido en el Perú

Durante los años ochenta las investigaciones académicas y proyecciones señalaban que el Perú estaba convirtiéndose en un Estado fallido por la incapacidad de controlar la hiperinflación y el terrorismo que, a través de Sendero Luminoso, llegó a imponerse en más de una tercera parte del territorio nacional. Un Estado que era fallido porque era incapaz de controlar la moneda nacional y carecía del monopolio de la violencia.

Luego de las últimas tres décadas, la amenaza de un Estado fallido desapareció en medio del crecimiento económico que sostuvo la peruanidad y no obstante la perpetua crisis política y las guerras alentadas por el progresismo. Sin embargo, la continuidad y el avance de la informalidad comenzó a ser el muro de contención de nuestras posibilidades de desarrollo. Y en los últimos tiempos, sobre un nuevo súper ciclo de los precios de los minerales, apareció la minería ilegal en medio del fracaso del Estado en formalizar a la pequeña minería.

La minería ilegal en la provincia de Pataz, en La Libertad, ha dejado en claro que esta economía ilegal puede crear una zona liberada de la autoridad de la Constitución y las leyes nacionales. Y la alianza con las bandas criminales internacionales de los mineros ilegales señala que –no obstante el Estado de emergencia y pese a la presencia de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP), y las acciones del Ministerio Público, del Poder Judicial, del gobierno central y del gobierno regional de La Libertad– la minería ilegal puede imponer un orden delictivo y enviar a sus pistoleros cuando se amenazan sus intereses. 

Para graficar el avance de la minería ilegal en Pataz vale señalar que el 2023 se contabilizaron 9,039 volquetes que transportaban mineral ilegal de las concesiones de las empresas formales, pero al finalizar este año se sumarán más de 12,000 camiones. En otras palabras, la minería ilegal crece y el Estado se muestra impotente para contener esta economía delictiva.

Lo mismo empieza a suceder en el corredor vial del sur, en donde se produce cerca del 40% del cobre nacional. El avance de la minería ilegal se ha consolidado durante todo el 2024. Por ejemplo, diariamente se registran entre 100 y 150 volquetes que transportan el mineral de las concesiones de las empresas formales. Sin embargo, Las Bambas, una de las empresas más grandes en el corredor vial, moviliza entre 75 y 125 volquetes diarios. Por otro lado, en Piura, Cajamarca, Madre Dios, Apurímac y las zonas de frontera de la Amazonía y otras regiones también se expande la minería ilegal, que llega a movilizar cerca de US$ 5,000 millones anuales.

¿Qué significa esta realidad? Que el Estado de derecho ha perdido el control sobre el sistema de derechos de propiedad en el Perú y que, de una u otra manera, el régimen de propiedad establecido en la Constitución de 1993 comienza a fracturarse de aquí para allá. Si un Estado no puede resguardar el sistema de derechos de propiedad, entonces avanza a convertirse en un Estado fallido, inexistente, controlado por las economías o sectores antisistema.

Es evidente que, a la base de la expansión de la minería ilegal, está el fracaso del Estado en la formalización de la pequeña minería en las últimas décadas. Por todas estas consideraciones, no se puede entender la voluntad de algunas bancadas del Legislativo de ampliar los plazos establecidos para el Registro Integral de Formalización Minera del sector Energía y Minas que vencen este 31 de diciembre. Se pretende ampliar los plazos, supuestamente, hasta aprobar una nueva ley para la pequeña minería. En otras palabras, se posterga el fracaso de la formalización minera que ha alentado a la minería ilegal hasta las calendas griegas. 

De esta manera el Perú seguirá convirtiéndose en un Estado fallido, multiplicando las tragedias que se desarrollan en Pataz.