Dos señales: Tía María y Ley de Promoción Agraria

Luego de entregar la Agenda País —que contiene propuestas para destrabar inversiones en 15 sectores— la presidenta de la Confiep, María Isabel León, solicitó al Ejecutivo dos señales a favor de la inversión: que se otorgue la licencia de construcción al proyecto Tía María (en Arequipa) antes de agosto y que se amplíe la vigencia de la Ley N° 27360, también llamada Ley de Promoción Agraria. Haber presentado la propuesta Agenda País y exigir señales a favor de los mercados le ha valido a la Confiep una serie de ataques de todos los sectores colectivistas que creen que el crecimiento y la reducción de pobreza es posible sin la inversión privada.

A los mencionados sectores solo habría que recordarles que en las últimas tres décadas la pobreza se redujo del 60% de la población a solo 20%, y que del total de pobreza reducida más de 75% corresponde al aporte privado. Más allá de los problemas que persisten —sobre todo por el fracaso del Estado en la redistribución de la riqueza— es evidente que el nivel de bienestar alcanzado por la sociedad sería impensable si hasta el 2014 el sector privado no hubiese invertido anualmente más del 20% del PBI. El aporte privado, pues, es decisivo para explicar el nuevo Perú que ha emergido a pesar de los problemas. Alrededor del 80% de los ingresos fiscales y cerca del 80% del empleo son posibles por el sector privado. De allí que solo racionalidades afiebradas por la ideología colectivista puedan ver en las iniciativas empresariales a “enemigos de los pobres” o “voluntades explotadoras”, tal como parece sugerirlo Verónika Mendoza, la lideresa anticapitalista de Nuevo Perú.

En este contexto la demanda de los empresarios sobre Tía María y la Ley de Promoción Agraria son absolutamente pertinentes, sobre todo cuando la economía nacional comienza a frenarse peligrosamente: solo 2.5% de crecimiento en el primer trimestre, mínima expansión de 0.02% en abril y retroceso del PBI en comparación a trimestres anteriores. Si se acumula otro trimestre de reducciones, entonces, los economistas empezarían a hablar de recesión. Pero quizá lo más grave, al margen de cifras frías, sea el hecho de que tasas menores de crecimiento al 4% no posibilitan seguir reduciendo pobreza; es decir, absorber la demanda de empleo de más de 250,000 jóvenes que se incorporan cada año a la economía.

La urgencia de otorgar la licencia de construcción a Tía María, un proyecto que suma US$ 1,400 millones de inversión, tiene que ver con el hecho de que el Ejecutivo que dirige Martín Vizcarra debe demostrar que está de lado de la inversión y que defiende la minería, hoy sitiada por los antimineros en el llamado Corredor Minero del Sur —que produce más del 50% del cobre nacional— y donde se emplazan minas tan importantes como Las Bambas, Antapaccay y Constancia. No otorgar la licencia de construcción de Tía María sería aceptar el chantaje de los sectores anti inversión y bloquear la posibilidad de relanzar nuestra cartera de proyectos, que suma más de US$ 60,000 millones.

Igualmente, la demanda de que se amplíe la vigencia de la Ley de Promoción Agraria es de absoluto sentido común. La mencionada norma tiene vigencia hasta el 2021 y todos sabemos que las inversiones agrarias de alta intensidad de capital solo existen en el mediano y largo plazo. Si no hay ampliación de la vigencia de la Ley, los capitales peruanos emigrarán a Colombia donde, precisamente, se acaba de promulgar una normatividad parecida a la Ley N° 27360.

Para cualquier peruano de buena voluntad es absolutamente incomprensible la manera cómo el Congreso desarrolló un pleno agrario e ignoró la urgencia de ampliar la norma en cuestión. Gracias a la Ley Nº 27360 se ha desatado un boom agroexportador que ha incrementado nuestros envíos al exterior en 800%: de US$ 600 millones a más de US$ 6,000 millones. Las ventas se han diversificado en más de 600 productos y, según Apoyo Consultoría, la pobreza en la costa norte se ha reducido de 67% a 19% de la población. ¿Cómo, entonces, se puede entender la indolencia de la clase política, del Ejecutivo y del Congreso con respecto a la urgencia de ampliar la mencionada norma?

La economía está en cuidados intensivos y necesita señales urgentes para evitar que la inversión privada siga cayendo. Desde el 2014 el milagro económico peruano empieza a languidecer y se necesita decisiones. ¡Presidente, tiene la obligación de escuchar a los empresarios! Ellos paran la olla del presupuesto de la República. ¡Nadie más!