Cuando las papas queman

La caída de los precios de la papa ha desencadenado una serie de protestas que exigen que el Estado —a través de las regiones— compre la producción del tubérculo. En otras palabras, un sector de productores privados exige el subsidio estatal con el impuesto de todos los peruanos. En ese contexto, el radicalismo antisistema se infiltra en las protestas y vuelve a teñir de sangre al Perú profundo.

En La Oroya —en el cruce estratégico que une Huancayo, Lima y la selva central— unas 400 personas bloquearon de manera pacífica la Carretera Central, iniciando así la huelga de los productores de papa. En Huancavelica la situación fue totalmente diferente. La violencia llegó hasta Quichuas, el lugar donde se encuentra el campamento de los trabajadores de la hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo, que abastece de corriente eléctrica a varias ciudades del país. Los manifestantes incendiaron parte del campamento al no poder llegar a la hidroeléctrica. El objetivo era “bajar las cuchillas” de la hidroeléctrica para interrumpir el abastecimiento de energía en gran parte del Perú.

El desmadre en Huancavelica ocasionó un muerto y siete heridos, reportados oficialmente. En Huánuco se confirmó que un grupo de encapuchados fueron los que intentaron incendiar la comisaría del lugar. Es decir, todo hace suponer que al interior del radicalismo estarían Sendero Luminoso y otros grupos extremistas.

En Huancayo sucedió algo similar. La ciudad fue tomada por los agricultores y vándalos, que enfilaron en contra del Centro Comercial Open Plaza y destruyeron los vidrios de las tiendas.

¿Cómo explicar semejante situación?Las últimas cosechas de papa en la costa y la sierra han coincidido en el tiempo, algo que no es usual. Además los agricultores que solían sembrar, por ejemplo, zanahorias y ollucos, ahora cultivan papa porque en los últimos años los precios de este tubérculo han sido mejores. Ambas situaciones ocasionaron una sobreproducción de papa, lo que ha hecho que los precios en las chacras se encuentren hasta por debajo de los S/ 0.20. Los campesinos aducen que ese precio bajo es consecuencia de la importación de papa, algo que no se ajusta a la verdad: la importación de papa no representa más del 1% de la producción total del tubérculo en el país. Por otra parte, el consumo per cápita de papa ha disminuido: de un histórico de 140 kilos por persona/año, ahora se consume 80 kilos por persona/año.

Los dirigentes de los productores argumentan que la sobreproducción de papa se explica porque “no hay planificación agraria en el Ministerio de Agricultura y Riego”. Pero diversas fuentes en las direcciones regionales de agricultura informa que no hay un registro actualizado de productores de papa porque en años anteriores, muchos se dedicaron a producir ollucos y zanahorias. Además, los agricultores no consideran las recomendaciones de los funcionarios del sector agricultura. No aceptan que se les diga qué deben sembrar y qué no sembrar.

Básicamente los dirigentes de los paperos piden declarar el estado de emergencia en el sector agricultura, y que los gobiernos regionales, las municipalidades y los programas sociales les compren la producción de papa. En otras palabras, exigen otro modelo económico en el que se subsidie a algunos sectores con el impuesto de todos los peruanos.

La huelga y las manifestaciones violentas se realizaron de manera coordinada. El objetivo es llegar a Lima para “hacer sentir las protestas”, de la misma manera como lo hicieron los profesores en la huelga pasada del 2017 y la frustrada marcha del radicalismo antisistema, convocada para los días de la visita del papa Francisco a Lima. Al respecto vale señalar que existe una conexión entre los extremistas y los productores de papa. Ya lo advirtió un dirigente de los agricultores de Huánuco, que algunos encapuchados intentaron incendiar la comisaría del lugar. Es el mismo extremismo radical que causó destrozos en Huancavelica y Huancayo.

El problema no se resuelve comprando la sobreproducción de papa. Sería un mal precedente para otros productores que más adelante enfrenten problemas similares. Además el Estado no debería intervenir en los riesgos de los emprendimientos económicos de los privados.