Los proyectos antisistema en el Perú, incuestionablemente, se p...
Ahora que el papa Francisco dejó suelo peruano, luego de una visita breve pero muy significativa, el país seguirá con su normalidad. El ambientalismo radical volverá a amenazar las actividades mineras apostadas en los Andes peruanos; sobre todo en el llamado Corredor Minero del Sur, en donde se desarrollan los proyectos más importantes de cobre que determinan el crecimiento económico del país.
En Arequipa, por ejemplo, se concentran los más importantes cuadros políticos radicales dedicados a soliviantar a los pobladores en contra del proyecto Tía María. Arequipa es la región minera más importante del país luego de la ampliación de Cerro Verde con una producción de cobre de 524,000 toneladas métricas finas (TMF) en el 2016, que representa el 22.3% de toda producción nacional. Arequipa, además, produce oro, habiendo logrado 542,000 onzas finas en 2016. Igualmente los antimineros están en Apurímac, la tercera región minera, después de Áncash, en donde se han logrado 329,000 TMF de cobre en el 2016; un importante salto luego de haber comenzado con tan solo 7,000 TMF de cobre en el 2015. Una suerte de piquetes antimineros hostigan constantemente a Las Bambas, uno de los proyectos más grandes del país que —a todas luces— ha coadyuvado al crecimiento económico y social en toda la región.
Si el Ejecutivo ha decidido decretar el estado de emergencia en los 500 metros adyacentes a cada lado de las carreteras del Corredor Vial Apurímac - Cusco y Arequipa es porque las actividades antimineras en el sur se agudizarán con motivo de las elecciones municipales y regionales de octubre próximo. Los candidatos a alcaldes y presidentes regionales pretenderán, de una u otra manera, utilizar el tema minero y agrícola como caballito de batalla para generar simpatías, sin explicarles a sus electores los beneficios colaterales de la minería que levantan las economías familiares.
De acuerdo a un reciente informe de la Dirección de Promoción Minera, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, en noviembre del 2017 el sector minero empleó a 196,123 trabajadores. Se estima que 63,217 trabajadores han sido contratados por las empresas y 122,769 trabajadores por los contratistas que les dan servicios a las mineras. Del total de empleos directos de la minería, Arequipa ocupa el primer lugar con 30,878 trabajadores, que representan el 15.74% de la participación total. La región Junín ocupa el segundo lugar con 18,059 empleos directos (9.21%) y por debajo de ellas se encuentran regiones como Apurímac, con 10,053 trabajadores (5.13%); Tacna, con 9,265 trabajadores (4.72%); y Cusco con 7,640 trabajadores (3.90%). Según la ex ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, por cada empleo directo minero se generan entre seis y siete empleos indirectos en todo el país. No existe, entonces, la menor duda sobre la enorme ventaja que representan los miles de empleos familiares e indirectos que generan bienes y servicios periféricos para el sector minero.
Del mismo modo, es bueno señalar la importancia de las inversiones mineras en el sur. En Arequipa, por ejemplo, las inversiones mineras se han elevado de US$ 27.57 millones en el 2016 a US$ 50,70 millones en el 2017 (una variación del 83.89%); y en Cusco, de US$39,772,633 en el año 2016 a US$62,919,719 en el 2017 (una variación del 58.20%).
Estamos advertidos. El corredor minero está en la mira del ambientalismo ideológico. En poco tiempo sabremos sobre la alianza antiminera Santos - Mendoza - Cerrón - Aduviri, que pretendió realizar una marcha en Lima con motivo de la llegada del Papa Francisco, la que se cayó por sí sola. Esa alianza se unirá a los profesores más radicales del magisterio (liderados por el profesor Pedro Castillo), los etnocacerista de Antauro Humala, los militantes de la organización islámica Inkarri Islam (comandada por Edward Quiroga) y Movadef. Todos ellos concentran sus fuerzas en el sur, en el Corredor Minero. Hizo bien el Ejecutivo de declararlo en emergencia.
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