¡Cae el empleo juvenil!

La dependencia familiar de jóvenes en edad productiva se ha vuelto uno de los principales problemas nacionales. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la pandemia del coronavirus ha dejado sin empleo a más de seis millones de peruanos, la mayor parte de ellos jóvenes contratados de manera informal. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI), el 81.4% de empleo juvenil es informal (según el Ministerio de Trabajo, en 2017 era 78%). El 60.2% de jóvenes dependen de la economía de sus hogares. 

Además, 1.3 millones de jóvenes entre 15 y 29 años no estudian ni trabajan. Son indicadores que muestran el peligroso camino hacia la inviabilidad nacional.  

En los últimos años, desde el quinquenio perdido de Ollanta Humala, la tasa de desempleo juvenil sube por la ausencia de ofertas laborales. Cada año cerca de 300,000 jóvenes pugnan por un puesto de trabajo. Las inversiones privadas, necesarias para ofrecer trabajo y disminuir los niveles de pobreza, se han estancado. 

Una cartera de inversiones mineras de US$ 60,000 millones permanece estancada por los conflictos sociales y políticos, y por las sobrerregulaciones en el Estado. Asimismo, importantes empresas agroexportadoras han dejado el país e inician operaciones en Colombia y Ecuador. En diciembre pasado, los asaltos a las plantas agroindustriales organizados por marxistas extremistas lograron derogar la Ley de Promoción Agraria. Violencia e incertidumbre legal son los detonantes de la fuga de las inversiones agrarias.

Si el estancamiento económico se agudiza –con la subida del dólar y el precio de combustibles y alimentos, además de fuga de capitales y estancamiento de la producción–, el porvenir de los jóvenes se torna bastante incierto. 

Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el 50% de los seis millones de desplazados venezolanos –que salieron de su país por mejores posibilidades profesionales y económicas– lo conforman jóvenes y niños que, además, durante la travesía hacia su nuevo lugar de establecimiento, abandonaron sus estudios. Si Pedro Castillo, según ha señalado en el Congreso partidario de Perú Libre, no logra resistir la presión para implantar políticas extremas, los jóvenes peruanos no descartan la posibilidad de emigrar por mejores condiciones de vida.

El escenario más extremo se aproxima: una nueva ola de fuga de talentos. Los numerosos pasaportes entregados recientemente y los cerca de US$ 20,000 millones que han salido del país durante las últimas semanas son una muestra de lo que podría venir en poco tiempo.  

Los platos rotos de las malas decisiones gubernamentales los pagarán los jóvenes. La Ley de Régimen Laboral Juvenil, demonizada por marxistas e izquierdistas, quedará pintada en la pared por ausencia de posibilidades laborales. Por la ley, los jóvenes entre 18 y 29 años pueden firmar contratos de trabajo con todos los beneficios laborales. Asimismo quedará en el olvido la Ley de Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo, que preveía la contratación de estudiantes que realicen prácticas preprofesionales y profesionales en los sectores productivos con todas las seguridades y beneficios laborales. Más de 200,000 jóvenes en edad de formación profesional perderán esta oportunidad, porque cerrarán las industrias en donde podrían aprender haciendo.   

De la confianza que ofrezca el gobierno de Pedro Castillo a los inversionistas y a la población dependerá el crecimiento del empleo productivo. El futuro de los jóvenes está en las manos de Castillo.