¡Bomba nuclear contra economía de mercado!

En el mensaje de Fiestas Patrias, el presidente Vizcarra desarrolló una larga enumeración de cifras y actos administrativos del Estado que pretendían reflejar una acción gubernamental interesada en resolver los problemas acumulados de gobernabilidad, sobre todo los vinculados al crecimiento económico. Más allá de la justificación de la tendencia decreciente de la economía de América Latina y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que afecta a nuestras exportaciones, es evidente que la lentificación del crecimiento vuelve imposible seguir reduciendo pobreza. Con las proyecciones del jefe de Estado será imposible atender la demanda de empleo de los más de 250,000 jóvenes que se incorporan anualmente a la economía.

El presidente Vizcarra subrayó la importancia del sector minero y el agroexportador en la generación de divisas, el crecimiento y la generación de empleo. Sin embargo, no dijo nada sobre la urgencia de ampliar la vigencia de la Ley 27360 —también llamada Ley de Promoción Agraria— que establece un sistema tributario y laboral especial para promover las inversiones en el sector agrario. No dijo nada, no obstante que la señalada norma estará vigente hasta el 2021 y las inversiones agroindustriales demandan predictibilidad en el mediano y largo plazo para madurar. Se conoce, por ejemplo, que los capitales nacionales comienzan a emigrar a Colombia, país donde se acaba de aprobar una normatividad igual que la peruana. Vizcarra, pues, sigue en silencio sobre el tema.

Pero lo más grave de todo es que el jefe de Estado, algo asustado por las revueltas de los sectores comunistas y antimineros en contra de Tía María en Arequipa, señaló que la Ley General de Minería tiene más de 30 años y que es necesario revisar la norma para garantizar inversiones y una minería social responsable: una bomba nuclear contra la economía de mercado. Si Vizcarra no entiende que la mencionada ley y las inversiones mineras en el Perú explican que el PBI se haya triplicado y que la pobreza se haya reducido del 60% de la población a solo 20%, entonces, el jefe de Estado no ha comprendido nada sobre economía. Si no entiende que los beneficios tributarios (que son menores que en otros países mineros) han servido para incrementar el canon y para redistribuir riqueza a las regiones, las cosas están demasiado graves.

¿De dónde ha sacado Vizcarra que en el Perú no hay minería responsable? ¿Acaso de las leyendas comunistas que propaga Marco Arana del Frente Amplio con el fin de favorecer a los especuladores de cobre mundial? ¿No sabe acaso que las transnacionales mineras que actúan en el Perú siguen los más altos estándares ambientales del planeta? El hombre, pues, más que se asustó en Arequipa. El presidente Vizcarra debería saber que el Perú tiene una cartera de inversiones mineras de US$ 62,000 millones que, si estuviesen en ejecución, le permitirían al país un crecimiento sobre el 5% anual y reducirían la pobreza por debajo del 14%. ¿Nueva Ley General de Minería? Suena a locura.

Vizcarra tampoco dejó de guiñarle el ojo al puro populismo del gasto, sobre todo cuando propuso que el Seguro Integral de Salud (SIS) incorpore a todos los ciudadanos sin un seguro, al margen de sus ingresos económicos. De esta manera el SIS dejaría de convertirse en un programa focalizado en los sectores de menores ingresos y pasaría a representar un sistema de subsidio indiscriminado para todos.

El jefe de Estado también afirmó que el Plan Nacional de Competitividad y Productividad y el Plan Nacional de Infraestructuras son los principales aportes de su gestión. Merece un aplauso, pues, más allá de que casi no haya nada que celebrar en medio de la turbulencia política que desató su discurso.

El mensaje de Vizcarra, si bien brilló en el escandalete político, palideció en cuestiones económicas en comparación con las propuestas de Pedro Olaechea cuando asumió la presidencia del Legislativo.  Olaechea habló de la urgencia de una reforma tributaria que promueva la reducción de la informalidad que afecta a las pymes, que representan el 99% del tejido empresarial. Habló de las encrucijadas del agro, de la urgencia de una nueva ley de hidrocarburos y otros temas acuciantes que son directa responsabilidad del jefe de Estado.

Vizcarra, entonces, ha dejado en claro que quiere gobernar sin gobernar. Es decir, golpear al Congreso y ver si hay puntitos de popularidad.