¡Agroexportaciones a punto de ser destruidas por minorías radicales!

El fracaso de la segunda ola insurreccional de los sectores radicales no impide que ciertas minorías radicales y violentistas prosigan con su labor destructiva, porque el Ejecutivo ha retrocedido en la decisión de mantener la ley y el orden. Hasta el cierre de esta edición, el bloqueo de la Panamericana Sur en Ica, no solo amenazaba con desabastecer la capital, sino que estaba a punto de destruir las agroexportaciones en Ica y Arequipa.

El bloqueo de la mencionada vía, que duraba desde el miércoles pasado hasta el sábado en la noche, pone en peligro la temporada alta de enero, que representaba entre US$ 550 millones y US$ 600 millones, según informa la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú (AGAP). En la agricultura en general se habla de temporada alta porque durante todo el año, a través de la siembra y el mantenimiento de los cultivos, las unidades productivas se preparan para la cosecha. En Ica y Arequipa entonces las empresas agroexportadoras están en tiempo de cosecha y ya se conoce que las uvas comienzan a malograrse debido a los días de bloqueos. Los cultivos más afectados son, precisamente, las uvas, los arándanos, los espárragos y las cebollas.

En AGAP se informa que cada día de interrupciones de la vía se pierden alrededor de US$ 20 millones y en la actualidad suman cerca de los US$ 100 millones. Pero eso no es todo. La violencia en Ica está destruyendo 80,000 empleos directos y más de 180,000 indirectos.

Si a estos hechos le sumamos que la misma situación se presentó durante el pasado paro de transportistas del año pasado, con los acontecimientos luego del fracasado golpe de Castillo y con los bloqueos de la actualidad, las pérdidas resultan irreparables para las empresas agroexportadoras y los trabajadores agrarios. Evidentemente son incontables. Por todas estas consideraciones, el Gobierno de Dina Boluarte debe proceder con urgencia a restablecer la ley y el orden.

De pronto, es como si las siete plagas se hubiesen abatido sobre la industria agroexportadora que –bajo la Constitución de 1993, los 22 tratados de libre comercio y la ley de Promoción Agraria (Ley 27360)–, durante dos décadas de estabilidad legal y política posibilitó incrementar las agroexportaciones de US$ 621 millones a alrededor de US$ 10,000 millones en el 2022, convocar más de US$ 20,000 millones en inversiones, contratar a cerca de un millón de trabajadores formales de manera directa e indirecta y reducir la pobreza por debajo de la media nacional en las regiones agroexportadoras. Es decir, todo un milagro económico y social.

Todo eso cambió con el gobierno provisional de Francisco Sagasti y la conducción provisional del Legislativo de Mirtha Vásquez, quienes derogaron la Ley 27360. A partir de ese momento las nuevas inversiones agroexportadoras se detuvieron. Las cosas se agravaron con el Gobierno de Pedro Castillo y los anuncios de la constituyente y las nacionalizaciones.

La derogatoria de Ley 27360 implicó la promulgación de la Ley 31110, que eliminó la flexibilidad laboral en los contratos agrarios y estableció una barbarie económica y social: en el caso de subirse la Remuneración Mínima Vital, en el acto, en el sector agrario igualmente se produce un incremento adicional de 30% más a través de la llamada Bonificación Extraordinaria para el Trabajador Agrario (Beta). Los autores de la derogatoria de la Ley 27360 creen, pues, que la riqueza es como un fruto que solo hay que cosechar y repartir. Ignoran que la riqueza se produce como una combinación compleja de factores. 

La gran cadena agroexportadora está compuesta por miles de grandes, medianas y pequeñas unidades productivas, de las cuales el 90% son pequeñas empresas. Si los costos de producción se elevan 30% de manera artificial, ¿alguien cree que ellas sobrevivirán? Imposible.