¡A defender la minería cueste lo que cueste!

Se acaba de anunciar que este año la minería pagará al fisco más de S/ 12,000 millones en impuesto a la renta, impuesto y gravamen especial y regalías. El sector aportará más de 200% que en el 2020 y más del 150% que en 2019. Es incuestionable que el incremento de los ingresos del fisco peruano tiene que ver con el aumento de los precios de los minerales; sobre todo el del cobre, que ha sobrepasado los US$ 4.76 la libra, un récord realmente histórico.

Una de las preguntas que emerge entonces es ¿qué habría sucedido si el Perú hubiese ejecutado la parte de su cartera de inversiones –que supera los US$ 62,000 millones– bloqueada por los conflictos sociales y las sobrerregulaciones del Estado? ¿Con cuánto más se habrían beneficiado los pobres del país y los sectores de salud y de educación? Por ejemplo, si se hubiesen materializado las inversiones de cerca de US$ 10,000 millones en Conga, Galeno, La Granja y Michiquillay, entre otras, del llamado “cinturón de cobre” del norte del país, ¿cuánto más habría recibido el fisco nacional?

Los especialistas y algunas proyecciones señalan que si esos proyectos mineros se concretarán no solo la región Cajamarca podría tener un ingreso per cápita cercano a un país desarrollado –hoy está entre las más pobres del país–, sino que el Perú podría agregar un millón de toneladas métricas de cobre (TMC) a su producción anual actual de 2.5 millones de TMC.

De allí que las proyecciones que señalan que el Perú podría crecer por encima del 5% anual en promedio y reducir la pobreza a menos de 15% de la población en pocos años, si se ejecutan los proyectos pendientes de nuestra cartera de inversiones, de ninguna manera son descabelladas. ¿Por qué entonces el Perú comienza a convertirse en un mendigo sentado en un banco de oro y cobre? ¿Por qué se nos escapa tanta riqueza de las manos y permanecemos impotentes?

Una primera explicación es el fracaso del Estado, ya sea del gobierno central y de las administraciones regionales y locales, en la distribución de la riqueza minera. Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMP), acaba de informar que en la última década la minería aportó a los gobiernos regionales y locales más de S/ 40,000 millones. Sin embargo, apenas esos gobiernos apenas ejecutaron el 60% de sus presupuestos de inversión. A esto habría que agregar la falta de criterios técnicos en los gobiernos subnacionales para materializar las inversiones.

El Estado entonces no redistribuye adecuadamente la riqueza minera. A pesar de que los ministerios y los gobiernos subnacionales están con los bolsillos repletos por los impuestos que pagan las empresas en las zonas mineras no hay carreteras, postas médicas y colegios.

En este contexto, la guerra ideológica que han desatado las corrientes comunistas y colectivistas en contra del capitalismo se convierte en otro factor. Para detener el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza el radicalismo antiminero debe bloquear las inversiones en minería. El motivo: la importancia de las inversiones mineras en las exportaciones, el PBI y el proceso de reducción de pobreza. De esta manera fomentan la demonización de las compañías mineras, en vez de plantear una alianza entre las poblaciones y las empresas para denunciar el fracaso del Estado y exigir que se redistribuya adecuadamente la riqueza minera. Los burócratas quedan libres de culpa entonces.

A nuestro entender, este escenario y estas tendencias recrudecerán con la nueva administración Castillo. En diversos editoriales hemos señalado la indisoluble relación entre la lucha por la libertad y el capitalismo. En ese sentido, defender la minería cueste lo que cueste es defender el ejercicio de las libertades republicanas.