¡Qué semana, Señor! ¡Qué semana!

A una semana de los graves y confusos hechos que hemos vivido, me gustaría encontrar una luz de esperanza y de definición constitucional de la crisis que vive el país. Hay varias circunstancias que motivan mi reflexión: primero, el aplauso fácil de un pueblo altamente desinformado de la esencia de los problemas y de las razones que puede haber esgrimido un presidente que, siendo ya reemplazante y habiendo golpeado al titular, no ha ganado más que un débil y efímero poder pírrico. Ni el aplauso fácil de ese pueblo en el que quiere sentir apoyo y legitimidad, ni el respaldo recibido de las Fuerzas Armadas garantizan, en un futuro cercano, la solidez de su precaria autoridad, ni lo protegen del juicio de la historia ni de la aplicación de la justicia. Puede demorar, pero llega; y cuanto más demore, más ácido y tenaz puede ser el juicio.

Otro aspecto que considero importante de tener en cuenta es la mutabilidad de la opinión de algunos juristas que, contra todo lo que yo hubiera podido esperar, han cambiado, trocado o,lo que es peor aún, han acomodado su opinión teórica y académica respecto a hechos que claramente solo pueden recibir una calificación. Están en un error pues lo inconstitucional no puede convertirse en constitucional, y errar voluntariamente un análisis los coloca en una situación ética y moral muy lamentable.

Adicionalmente, considero muy grave que se deje al país sin un Tribunal Constitucional idóneo y que se pretenda “legitimar” la permanencia de aquellos magistrados que no solo han superado ya su periodo como tales, sino que se permiten, en un abuso de sus funciones, adelantar opinión, emitir juicios y pontificar públicamente sobre aspectos que pudieran requerir su sentencia y que podrían significar la marcha hacia el futuro por sendas de legalidad y tranquilidad social y política.  Algunos miembros del actual Tribunal Constitucional, seis de ellos con mandatos ya extemporáneos, no han tenido pudor al emitir opinión tergiversando las leyes, interpretando caprichosamente la Carta Magna, fuera de toda forma de objetividad y despersonalización política. A ellos la historia los juzgará como a quienes hicieron, en este momento, que el nuestro sea un sistema democrático más que peligrosamente precario.

Me sorprende también la justificación formal que el presidente buscó dar a sus actos cuando señaló claramente que se había dado una “denegación fáctica” a la cuestión de confianza. Y aquí hay dos observaciones graves. Esa condición “fáctica” no existe en nuestra Constitución, que indica ha de ser una denegación expresa y clara. Yo no justifico ahora ni nunca la poca eficiencia del Congreso, menos puedo estar de acuerdo con las graves acusaciones que han merecido no pocos congresistas; tampoco avalo la conducta de muchos de ellos ni la culpa que varios tienen en la falta de respeto que la población les fue teniendo. Pero ese Congreso fue elegido democráticamente, y en ningún caso dejó de atender los requerimientos del poder Ejecutivo.  Saber elegir y no solo votar ha de ser la enseñanza más evidente, sin minimizar la responsabilidad de los partidos políticos de convocar o invitar a personas indeseables y nefastas para llevarlas en sus filas.

Si existía ese cuestionamiento y si fuera honrada la propuesta de renovar el Congreso, por qué no se optó por la vía legal de acuerdo a lo que marca la Constitución: la renuncia del presidente, de la vicepresidenta y la convocatoria a elecciones generales por parte del presidente del Congreso. En todo caso, esa fue la propuesta del propio presidente en el último mensaje a la Nación, cuando señaló que “nos vamos todos”. Lo que ahora parece haber olvidado pues es evidente que ese “todos” no lo incluye.

Dos elementos adicionales. Si el Congreso era el inconveniente, el incapaz, el responsable de todo lo malo de estos años de vizcarrismo, a quién se va a echar la culpa de la paralización, del atraso, del poco crecimiento, de la falta de hospitales, de la carencia de infraestructura vial y educativa, de los bajos índices de crecimiento, de la inseguridad ciudadana, de la mala imagen internacional, del bajo nivel de los estudiantes escolares, del desorden social, del abandono de las regiones, de la alta corrupción? Será que como por arte de magia, cerrado el Congreso todo se convierte en un mundo ideal de progreso, desarrollo y futuro? Me gustaría creerlo.

Y, lo más preocupante es suponer que para el 26 de enero próximo estaremos ya organizados para nombrar a un nuevo Congreso que, en pocos meses (hasta completar el período a julio 2021), pueda ser la panacea que el presidente necesita porque no sabe cómo gobernar sin tener a la mano un chivo expiatorio.  Queda claro que no se trata entonces de una instancia de gobierno lo que él requiere, requiere de aquello de lo que parece más bien carecer: voluntad de gobernar y capacidad para hacerlo. Quizá lo justo, racional y necesario sería convocar a elecciones generales no para enero, sino para el segundo trimestre, y permitir un proceso electoral que signifique la posibilidad de enrumbar nuestro alicaído y esquivo buen futuro.