¿Qué existe detrás del financiamiento público?

La reforma constitucional que aprobó el financiamiento público a los partidos políticos pretendía "igualar la cancha" para las agrupaciones con más y menos recursos durante una campaña electoral. En los años ochenta, resultaba previsible que la mayoría de partidos hiciera una modesta inversión para impulsar una candidatura en los medios, sin contar con la atención preferente a los principales candidatos en las entonces más importantes empresas de radio y televisión.

Si ello sumamos que los parlamentarios elegidos por voto preferencial financiaban sus propias candidaturas, dando lugar a una "guerra de todos contra todos" compuesta de ofrecimientos fuera del marco de las competencias parlamentarias: infraestructura, becas, mejor salud y educación que los hacían parecer postulantes a la presidencia de la República que al Congreso.

Durante las campañas electorales a finales del siglo XX, era evidente que los partidos pro mercado gozaban de mayor financiamiento privado que aquéllos más colectivistas o de planificación estatal. La decisión de "emparejar la cancha" con el paquete de reformas impulsadas por Martin Vizcarra, se "vendió" con la finalidad de limitar los aportes privados y brindar financiamiento público; sin embargo, los recursos "extra" para los partidos colectivistas llegarían desde el extranjero como venía ocurriendo desde inicios del siglo XXI a través de gobiernos y empresas ligadas a coaliciones ideológicas continentales.

Los financistas pro mercado ahora estaban impedidos para apoyar a los partidos que representaban sus intereses. La "cancha" quedaba, soterradamente, dispareja. El objetivo no era la igualdad de condiciones, como si fuera una competencia de atletismo, sino cancelar el financiamiento privado.

La realidad es que durante el proceso de elecciones generales de 2006 los financistas principales fueron chavistas, sin éxito pero cerca de alcanzarlo. En los procesos electorales de 2011 y 2016, los inversores fueron Lulistas y sus consecuencias las seguimos viviendo. Finalmente, en el proceso electoral de 2021 que aplicó el financiamiento público, el apoyo boliviano quedó manifiesto con la presencia de sus líderes ideológicos al sur del Perú.

La débil institucionalidad produce un nuevo tipo de colonialismo para un país con una envidiable posición geopolítica de cara al Asia-Pacífico. Por eso, cuando los políticos ajenos a este nuevo orden ganan las elecciones, o cuando moderan su dirección política en el ejecutivo, la grave escalada de inseguridad ciudadana se manifiesta sólo en dichos países. Chile, Ecuador y Perú vienen siendo atacados con la finalidad de producir un descontento ciudadano que dará paso a candidatos extremistas, arbitrarios y alineados con los financistas extranjeros para tomar control del país a cambio de millonarias concesiones.