Antero Flores-Araoz
Petrodespilfarro
Petroperú, en la quiebra, quiere que el Estado le dé privilegios
Todos estuvimos consternados, para no ser ofensivos, por la decisión de –en la práctica– hacer una nueva refinería de petróleo en Talara, bajo la pretensión, para no decir pretexto, de reducir el empleo de plomo, que como sabemos es contaminante. Luego quedamos perplejos cuando Petroperú no pudo enfrentar con sus recursos la construcción de la nueva refinería. Y esa perplejidad llegó a grado máximo cuando lo presupuestado se elevó por lo menos dos veces más, teniéndose que recurrir a financiamiento a cargo del erario nacional, sin excluir algunos otros.
Pese a la situación de Petroperú, reflejada en su balance (que es la radiografía de las empresas), y que como sabemos los auditores se negaban a prestarle conformidad (hasta que no se sabe los motivos por los que terminaron dándola), ahora Petroperú pretende que le entreguen para explotar algunos lotes petroleros que están exitosamente a cargo de privados. Y pese a que eso lotes están en proceso de agotamiento y a que los privados, por disposiciones contractuales, gozan de preferencia para la extensión del correspondiente plazo.
Pero aquí no acaba el tema, también Petroperú pretende ahora que se le asignen nuevos lotes para explorar, cuando no tiene el personal idóneo para ello. Desde hace años dejó tal actividad, la cual es de enorme riesgo, pues dentro de muchos pozos que se exploran resultan poquísimos que son productivos. Y ello a sabiendas que hay empresas privadas dispuestas a poner sus capitales en riesgo.
Nos preguntamos ¿cuál es el derecho de las autoridades de hidrocarburos y de Petroperú para arriesgar los dineros públicos que, al fin y al cabo, salen de los impuestos de todos los peruanos? Evidentemente la respuesta es que no les asiste ningún derecho; peor todavía cuando no han demostrado eficiencia. Más bien han acreditado su irresponsabilidad en la extensión de plazos para poner operativa la refinería de Talara, así como en el exorbitante aumento de su costo y su impericia para mantener resguardado el oleoducto norperuano, el que frecuentemente es objeto de daños ocasionados por obra humana.
Tampoco vemos la razón por la cual el Estado varíe su política respecto a los hidrocarburos, cuando desde hace muchísimos años dejaron de operar grifos y estaciones de servicio, como también las actividades de prospección. Una empresa que viene siendo deficitaria, que no es sujeto de crédito y que dejó atrás los tiempos en que era bien conducida, no tiene argumentos valederos para gozar de privilegios y menos para arriesgar los dineros que corresponden al Estado, el que tiene que afrontar cuanto antes el Fenómeno de El Niño que, como se sabe, hay la evidencia de que tendrá graves repercusiones.
Además, si de acuerdo con la Constitución, la inversión pública y la privada, tienen el mismo tratamiento, darle privilegios a Petroperú es incumplir la norma constitucional. Más grave todavía es la transgresión de la disposición constitucional en el sentido de que la actividad empresarial del Estado es subsidiaria. Esto es, que puede hacer lo que es su tarea, lo que no pueden o no quieren hacer los privados, pero es el caso que los privados han pedido la extensión del plazo de sus contratos, como también anotado su deseo de concursar para la prospección de nuevos lotes.
Petroperú, debería dejar de tener en su razón social el nombre del Perú, no lo merece. Mejor cambiar su denominación social por la de Petrodespilfarro.
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