Pecados capitales del Gobierno: estulticia e irresponsabilidad

Hace más de dos meses (7/03/2020), cuando la cuarentena aún no había sido decretada, escribí un artículo para El Montonero. Allí sostenía que los dos factores que impedirían una lucha exitosa contra el coronavirus en el Perú eran, en primer lugar «la mala descentralización [que] ha contribuido directamente a esclerotizar la acción del Estado» a través de la superposición y confusión de funciones, el dispendio presupuestario, la inopia en el gasto, etc., engendrada por la ley toledista de 2002. Y en segundo lugar, lo que denominé «política imaginaria o de percepción»; es decir, la idea-fuerza principal del Gobierno de Vizcarra, según la cual «tanto valía la realidad de una gestión política como la percepción que de esta tuviera la población», y en la que «cada catástrofe es vista principalmente como una oportunidad comunicativa para los publicistas del régimen antes que como una emergencia en la que peruanos sufren y requieren de ayuda eficaz».

Lamentablemente me quedé corto en mis pronósticos respecto al grado de delirio al que llegaría la «política imaginaria» del Gobierno y su aparato publicitario, y a la medida en que este delirio entorpecería la gestión eficaz de la emergencia. La peor de la «política de percepción» del régimen es la creencia casi mágica de que si se dice que todo va bien, todo está bien; y el autismo no solo de no oír las voces críticas y despreciarlas en gestos sociopáticos, sino de ignorar la misma realidad de las cosas. De ahí que haya decidido presentar ahora los «cinco pecados capitales» que, a mi modo de ver, ha cometido el Gobierno de Vizcarra en su respuesta a la emergencia. Lo hago con ánimo de contribuir al análisis –y consiguiente mejora– de esta respuesta, pero también para que sepamos bien ante qué clase de Gobierno nos encontramos.

El primer pecado –la radix peccatorum- es la ya mencionada «política imaginaria», de la que se derivan los siguientes vicios: estulticia, irresponsabilidad, impiedad e ideologización. El día de hoy me ocuparé de los dos primeros y, en una próxima columna, de los restantes. 

Los escolásticos denominaban stultitia o necedad al oscurecimiento culpable de la razón, que es un vicio que va contra la virtud de la prudencia. Y en el caso del Gobierno, su ignorancia culpable se ha expresado en muchas ocasiones. ¿Conocía el Gobierno antes de realizar la cuarentena que el 49% de los hogares peruanos no cuenta con refrigerador? ¿Sabía que muchos dependen de compras diarias o interdiarias en grandes mercados urbanos que son ámbitos económicos y sociales de importancia fundamental para la estructura presente de la sociedad peruana? ¿Sabía, además, que existe una gran población transeúnte que acude a Lima o a las ciudades principales para realizar negocios eventuales, conseguir servicios de salud o trámites básicos a los que no puede acceder en sus lugares de origen? No se requería ser un gran experto para saberlo, cualquiera con un conocimiento intuitivo del país lo sabía; pero el Gobierno cayó en la ilusión estructural de creer que todo el Perú podía reducirse al núcleo miraflo-sanisidrino de sus ayayeros burgueses o al club de playa de Toni Alva.

En ese sentido, la intempestiva declaratoria de la cuarentena del domingo 15 de marzo, con aparente efecto inmediato, y sin dar una ventana de algunos días para que la población tome sus recaudos para volver (como se hizo en Argentina o Colombia, donde el inicio de la cuarentena se anunció con varios días de anticipación), se demostró como catastrófica. Se alegará que tal ventana habría significado que muchos potenciales contagiados diseminarían el virus retornando a sus lugares de origen, y que la medida intempestiva se justificaría por eso. Pero lo cierto es que era muchísimo mejor que este riesgo se produzca cuando la cuarentena y la curva recién comenzaban, antes que ahora, cuando a partir de las tres semanas de cuarentena, los caminantes estuvieron en situaciones de riesgotanto en sus campamentos como en sus peregrinaciones y, finalmente, en sus intentos de retorno a sus regiones. En el otro caso, habrían retornado pronto a empezar sus cuarentenas en sus casas con mucha mayor seguridad. El problema de las poblaciones transeúntes era inevitable: la cuestión era lidiar con él antes de que el sistema de salud colapse y cuando todavía funcionaba el transporte público e interprovincial.

La otra gran manifestación de estulticia de parte del Gobierno fue la dación tardía y ¡fraccionada! del bono, con la muy evidente consecuencia del volcamiento masivo de la población hacia los bancos, en los que ya muchos, en los primeros días de la cuarentena, pugnaban por hacerse con efectivo o realizar otros trámites. ¿O es que el Gobierno, antes de la cuarentena, no sabía que la mayoría de la población económicamente activa era informal, y que un sector importante de ella vivía del día? ¿Tuvo que demorarse una semana desde el inicio de la cuarentena para darse cuenta de eso? Lo que debió hacer es emitir el bono, o bien antes de la cuarentena o desde el primer día del anuncio. Pero contando, como se dijo,con una ventana de tres días antes del inicio efectivo de las restricciones, logrando distribuir la afluencia de personas de manera más racional. Pero todo indica que el Gobierno actuó sobre la marcha y sin ninguna planificación.

Finalmente, la mayor de todas estas manifestaciones fue la escandalosa preferencia por las pruebas serológicas por sobre las moleculares. Los casos de Corea del Sur, Alemania y Chile han demostrado hasta la saciedad la importancia de un testeo adecuado y masivo. Se dirá que el Perú no contaba con la infraestructura para procesar adecuadamente las pruebas moleculares. ¿Eso justificaba viciar de manera irremediable los diagnósticos prontos? Que se lo digan a Glider Ushñahua y a su madre. Argentina, Colombia y Chile hacen pruebas moleculares focalizadas y no les ha ido mal. Mientras tanto, nosotros tenemos ahora más muertos por millón que Brasil (30 contra 34); y en muchos de los casos, como en el de la familia Ushñahua, el resultado equivocado de las pruebas serológicas ha sido fatal, al margen de lo que diga en Lima Zamora.

Con respecto a la falta de infraestructura para procesar las pruebas, ¿un Gobierno capaz de organizar tan brillantemente los Juegos Panamericanos, como dicen sus áulicos, no tiene capacidad de gestionar una coordinación con laboratorios privados y de universidades para un procesamiento eficaz y masivo de las pruebas? Recuerdo todavía que durante los primeros días de marzo, en Arequipa dos universidades locales anunciaban que tenían todos sus laboratorios a disposición para las pruebas, mientras el Minsa mandaba a Lima ¡por un bus interprovincial! Resultados que acabaron echándose a perder. 

Por otro lado, sería un ejercicio interesante sumar el costo de las consultorías que el Gobierno empleó el año pasado (cerca de S/ 2,000 millones), con los del referéndum del 2018 y de los Panamericanos. ¿Cuántas UCI hubieran podido implementarse con ese dineral? Más aún, ¿cuántos tercerizados de los servicios de salud podrían haber sidos pasados al CAS con antelación o nombrados y pagados? Porque, queridos lectores, resulta que cerca dela mitad de nuestros trabajadores sanitarios, incluidos los médicos, están tercerizados, lo que significa que no tienen vacaciones ni seguro ¡y que sus sueldos demoran varios meses en ser pagados! ¡El exitoso Gobierno colocador de bonos tiene a buena parte de sus trabajadores de salud impagos por meses en medio de una emergencia! Claro está que, nuevamente entre gallos y medianoche y ante olas de renuncias y protestas masivas de tercerizados (debidamente escamoteadas por la prensa postrada), se ha creado tardíamente un CAS Covid hechizo, para pasar solo a los trabajadores más expuestos a un régimen un poco más beneficioso.

Cualquier Gobierno con un mínimo de noción de justicia, aun antes de la emergencia, habría reformado una situación tan perjudicial para un sector tan importante. Pero ese tipo de medidas no sirven para la propaganda. Referéndums inútiles, panamericanos y perniciosas disoluciones del congreso sí. La irresponsabilidad consiste en abandonar los deberes propios, no rendir cuentas de los actos propios y achacar la culpa propia a otros. Es un vicio que va contra la virtud de la justicia. En este caso, el presidente Vizcarra ha hecho honores al epigrama de Bertolt Brecht: «El gobierno, harto de la incapacidad de su pueblo, ha decidido disolverlo y elegir otro», culpando a la población casi diariamente de que no llegue todavía el esperado achatamiento de la curva. 

¡Qué gran injusticia! Las dos primeras semanas de la estrictísima cuarentena y deltoque de queda el cumplimiento fue casi generalizado en el Perú, en un nivel que envidiarían neoyorquinos o madrileños. En un acto de heroísmo, una población precariamente empleada y con graves problemas de vivienda acató incluso con entusiasmo una privación de sus medios de supervivencia que le ocasionaría daños incalculables. La tendencia empezó a aflojarse solo a partir de la quincena de abril, coincidiendo con el engañoso plazo de finalización que Vizcarra diera preliminarmente, y continuó aflojándose como resultado paradójico de los «martillazos», «de género» y de Semana Santa, hasta hoy en que ya, para muchos, es humanamente imposible sostenerla. Culpar a la población, infantilizarlay bromear con las «yapas» mortales que podrían recibir es irresponsable e injusto. 

Otra gran irresponsabilidad del Gobierno ha sido delegar el también tardío apoyo alimentarioa los sectores más desfavorecidos –unademostración del fracaso del bono– a los gobiernos municipales. En una entrevista memorable en RPP, el almirante Montoya señaló que las únicas instituciones que tienenla logística para realizar actividades semejantes son las Fuerzas Armadas. Y que en lugar de miles de compras dudosas y «descentralizadas», debió decretarse el estado de guerra y hacerse compras centralizadas con repartos racionales. Pero ¿por qué prefirió el Gobierno ceder tan importante tarea a entes que, en el mejor de los casos, no tienen la capacidad ni humana ni logística para afrontarla? Es de sobra conocido que durante su ficticia cruzada «anticorrupción» contra el Congreso, Vizcarra contó con el apoyo corporativo y sin dudas ni murmuraciones de uno de los sectores cuyo nivel de corrupción, degradación y mediocridad hacen palidecer incluso a Mamani o a Yesenia Ponce: los gobiernos municipales y regionales del Perú. ¿Habrá querido otorgarles esa gigantesca asignación presupuestaria para seguir manteniendo la lealtad de sus clientes políticos?

Por otro lado, cuando la tragedia de los caminantes empezaba a revelarse a la opinión pública, Vizcarra, en uno de sus viejos reflejos irresponsables, procedió a culpar a los gobiernos regionales. Hubo incluso quien le creyó. Pero lo cierto es que los gobiernos regionales, ni aun si estuvieran gobernados por ángeles, no tienen la capacidad de tener una flota de aviones, camiones, barcos, jeeps o zeppelines para llevar a la población. No tienen «consulados» en Lima, y a veces ni siquiera la capacidad de mantener un padrón actualizado. Pero era más fácil –e irresponsable– culparlos. Finalmente, la falta de voluntad de Vizcarra para responder por sus actos, explicitada en la famosa conferencia de prensa del «pregunten mañana», y el formato capcioso de esas conferencias, es un signo definitivo de irresponsabilidad.