Panorama político después de Alan García

El suicidio de Alan García retira del estrado político a uno de los actores más importantes de la política nacional; no de manera exclusiva por su arrastre electoral, sino por la atención que recibía de la opinión pública, los medios y otros voceros. Creemos que esta salida tendrá implicancias políticas relevantes.

Sin bien entre los apristas se crea una leyenda, García era una figura bastante desgastada en la opinión pública. El 19 de enero tenía una aprobación del 5% (según IEP), y el 84% de la población consideraba al APRA como el partido más asociado a la corrupción. El 17 de agosto se consideraba que su segundo Gobierno había sido el más corrupto de la historia. Resulta paradójico que fue justamente entre el 2006 y 2011 cuando se dieron los mayores avances registrados por un gobierno electo en el indicador “Control de la corrupción”, generado por el Banco Mundial(*). Las declaraciones de Barata y de Atala harán muy difícil que sectores de la opinión pública cambien esta imagen.

La muerte del líder del APRA genera condiciones de polarización que favorecen una mayor cohesión de ese partido, una militancia más activa y una oposición más férrea al Ejecutivo, incrementando significativamente su agresividad. Es muy probable que el APRA busque el soporte del fujimorismo (o algunos sectores del fujimorismo) para viabilizar ciertas acciones de oposición. Adicionalmente, el APRA intentará reorganizarse, con varios representantes pugnando por la dirección del partido. Aunque existe un sector de la población frente a la cual el APRA podría mejorar su imagen —debido a la popularidad actual del partido y pese a la falta de un líder popular— es difícil que este cambio resulte suficiente para hacer que el APRA alcance una segunda vuelta en el 2021. Sin embargo, múltiples ejemplos nos han mostrado que no se necesita un gran apoyo popular para desgastar políticamente a un adversario. El APRA podría jugar un rol importante en el debilitamiento de Vizcarra

Desde un punto de vista más cortoplacista, la lucha anticorrupción, como fuente de popularidad del presidente Vizcarra, se debilita. Independientemente de si existe o no una coordinación entre el Ejecutivo y los fiscales, es claro en las encuestas que esta vinculación le otorgaba réditos políticos al Presidente. El procedimiento de los fiscales tenía una amplia cobertura mediática, y la prisión de figuras políticas era la manera como la opinión pública reconocía la existencia de una lucha anticorrupción (a pesar de la insistencia discursiva del Ejecutivo en la independencia de poderes). La última encuesta de IEP muestra que a pesar de que una mayoría de la población no considera inadecuada la presión de la Fiscalía, Vizcarra no recibió un impacto positivo de estas medidas en su popularidad. El diferencial entre su aprobación y desaprobación es negativo por primera vez desde agosto 2018.

Teniendo a PPK con pedido de prisión, y sin Alan García, solo quedaría Villarán como figura para visibilizar esta lucha (Hinostroza y Toledo parecen casos más lejanos). El Ejecutivo entra en la disyuntiva de seguir apoyando discursiva e institucionalmente a los fiscales (lo que Vizcarra llamaba “seguir encabezando la lucha contra la corrupción”) o distanciarse, en caso de que deje de ser una fuente de popularidad. Tanto Salvador Del Solar, como Martín Vizcarra, han dado declaraciones cuestionando el uso de la prisión preventiva. Ambos han salido a afirmar quer darán aportes económicos a los fiscales y que consideran que, pese a algunas críticas, dichos fiscales avanzan en el sentido correcto.

La muerte de García ha radicalizado la oposición a Vizcarra y ha consolidado a un sector de la opinión pública. Simultáneamente, el Gobierno perdió lo que podría haber sido el mejor comodín que le quedaba para revertir su decreciente popularidad. Si el Ejecutivo desea que la lucha anticorrupción se mantenga como el principal pilar de popularidad, esta lucha tendría que manifestarse de otro modo: un escenario en el que la polarización política con el Congreso podría resultar crítica. Otra alternativa consistiría en lograr que la población sienta que el Ejecutivo está combatiendo otros de los problemas percibidos por la población, tales como la inseguridad ciudadana o la falta de oportunidades económicas.

*Indicadores disponibles en: https://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports