Nos falta una política de educación superior en el Perú

Si bien en ciertos ámbitos la frase “divide y vencerás” funciona como motto para lograr ciertas cosas, la verdad es que en algunos espacios eso no sucede. Un ejemplo de esto último —es decir, que no se aplica esa frase—, es el rol que debe de tener la educación superior respecto de sí misma, de sus actores y del país en general.

El problema es que si miramos el tratamiento que le hemos venido dado a este tema, crucial para el desarrollo de nuestro país, lo que vemos claramente es que ha sido antes que nada de división. Lamentablemente.

Tenemos ejemplos claros de esta insana y destructiva práctica, y a las pruebas me remito: en primer lugar, esa absurda obsesión de dividir la educación universitaria o técnica; en segundo lugar, la división entre educación pública o privada; y en tercer lugar, la aún más irracional, pero esencialmente teñida, división de la educación privada entre sin fines de lucro y con fines de lucro. En los tres casos se desnuda el talante divisor del discurso, que campea impunemente cuando se trata de mirar la educación superior en el Perú.

Sin embargo, agazapado en este granjeo de etiquetas estigmatizantes se esconde una práctica de establecer categorías de nivel entre la educación superior técnica y la educación superior universitaria. Lo más descabellado es que quienes esgrimen estos términos suelen ser lo más destacados productos de la formación universitaria de nuestro país y universidades del extranjero.

Ahora bien, si entramos al plano de la construcción de un corpus de leyes, de normas, de legalidad, encontramos que estas se hicieron en gran parte para atender un problema complejo, como es el caso del contexto de la universidad peruana. Pero a la luz de las líneas de división expuestas, sería bueno también agregar una mirada a que estas también terminaron echando un manto de noche sobre las decisiones legislativas.

Déjenme ampliar un poco en esta línea. Lo que tenemos ahora es una Ley de la Educación Universitaria y otra ley de Educación Técnica. Si bien tienen puentes de contacto, en general suelen separarse y andar en cuerdas separadas. La cuestión de fondo entonces es que requerimos una Ley de la Educación Superior. Una que, como bien se ha discutido en el último evento organizado por el Consejo Nacional de Educación, proponga una mirada que a la vez de ser unificadora ofrezca vasos comunicante naturales entre ambos niveles. El mismo ministro Vexler consideró que debemos entrar una etapa de discusión, como sociedad, sobre la necesidad de tener esta pieza legal. El titular del sector educación ha planteado el necesarísimo reto de abrir una amplia discusión, que si bien debe ser manejada o convocada desde su sector, logre realmente involucrar a la sociedad en su conjunto.

No contar con dichos procesos de discusión lo único que va a hacer es que la discusión termine siendo cooptada por un conjunto de grupos de poder o de intereses que terminan planteando que en nuestro país debe de existir un solo tipo de instituciones educativas de educación superior, al cual todas sin igual deben de alinearse. Esto último no es el mejor camino, puesto que si dejamos que el modelo “one size fits all” prime lo que vamos a tener dentro de diez años son latas de sardinas todas iguales. Y no un sistema flexible, adaptable al contexto, que responda a las necesidades de un país que crece y que es joven.