Narrativas en disputa en Tía María

En el Valle de Tambo, en Arequipa y en todo el Perú se está dando una lucha de narrativas. Mientras existen intereses políticos y económicos que buscan detener el proyecto, hay otros que quieren que Tía María sea un signo de la reactivación de la minería para reavivar el magro crecimiento económico de los últimos meses. Lamentablemente, muchas de ellas son ideas que están más cerca de calificarse como fake news que argumentos de un debate técnico. Por ejemplo, en una reunión del gobernador Cáceres Llica con alcaldes de la región Arequipa, se afirmó que Cerro Verde está generando un agujero en la capa de ozono, y que esa es la razón por la que Arequipa recibe una alta radiación ultravioleta. Obviamente no explica por qué hay zonas altas en el Perú que tienen el mismo problema.

Diversos activistas hostiles al proyecto están tratando de generar ciertos temores en la población, que si Southern y el Gobierno quieren hacer realidad el proyecto deberían ser capaces de resolver. Muchos de ellos son medioambientales, pero se basan principalmente en la disminución de la confianza en la empresa y en las instituciones de fiscalización. Entre ellos, se encuentra la creencia que el EIA no responde a las observaciones de la UNOPS, a pesar que en la página del MINEM se puede encontrar la lista de observaciones superadas.

Hay un porcentaje de gente que considera que Southern no cumplirá el compromiso de realizar la planta desalinizadora; y si lo hace, el agua afectaría al mar. Otro grupo cree que la agricultura se vería afectada por la operación minera, o que se produciría lluvia ácida que afectaría a toda la población. También existe la creencia de que las instituciones de fiscalización no cuidarán los intereses de la población, ya sea porque no pueden o porque no quieren. Sin embargo, saber cuál es la proporción real de personas que cree este tipo de argumentos discursivos es clave para entender en qué estado se encuentra la legitimidad del proyecto. 

Diversas autoridades locales arequipeñas se han plegado a la oposición radical del gobernador Cáceres Llica. Aunque IPSOS ha mostrado que en la provincia de Islay la aprobación del proyecto era del 59% a finales del 2018, estas autoridades perciben que la población puede cambiar de opinión rápidamente y ellos capitalizar políticamente del conflicto, tal como lo hizo Gregorio Santos en Conga. Las opciones de diálogo han sido descartadas, inclusive por el alcalde de Cocachacra.

Por otro lado, voces favorables al proyecto hablan de una mayoría silenciosa, que no se pronuncia ni cierra carreteras, pero que apoya la instalación del proyecto minero. La encuesta de IPSOS antes mencionada sería una evidencia de esta posición. En qué medida la gente que se manifiesta en Islay es representativa del total de la población, resulta incierto. Las movilizaciones no han sido multitudinarias, a pesar de contar con apoyo de los congresistas del Frente Amplio y diversas autoridades.

El conflicto en Tía María se está pareciendo más al de Conga y menos al de Las Bambas. Los agravios percibidos son principalmente medioambientales (en lugar de transaccionales), la reputación de la empresa ha sido golpeada (ambas por accidentes medioambientales) y el gobernador regional busca capitalizar políticamente del conflicto y de su polarización con el presidente de la República. Lo que aún no está claro, y que veremos en las próximas semanas, es la narrativa que tienen los voceros más calificados y si está más preparada para avanzar en las mentes y corazones de la población.