Las izquierdas destruyen el Estado

El congresista por Perú Libre, Waldemar Cerrón y hermano del prófugo fundador de esa organización política, Vladimir, ha presentado un proyecto de ley para destruir la meritocracia en el servicio público con la finalidad de que, en la eventualidad de volver a capturar el poder, no exista ninguna norma que impida el acceso a la función público de aquellos que no están debidamente capacitados para ejercer un cargo de responsabilidad en el estado.

La Ley que crea el Servicio Civil, conocida como ley SERVIR, promulgada durante el segundo gobierno de Alan García Pérez, busca que las entidades del estado, en sus diferentes niveles de gobierno (distrital, provincial, regional y nacional), incorporen a la administración pública a profesionales competentes que puedan cumplir de manera eficiente con su labor más allá de quien haya sido elegido en algún proceso electoral.

La lógica de SERVIR es que el estado es un organismo que continúa en tanto que los gobiernos cambian en función al ciclo establecido por la constitución política del Perú. Lamentablemente, cada vez que un gobierno de izquierda ejerció el poder, la corrupción signó sus gobiernos, sino recordemos lo sucedido con Susana Villarán, la ex alcaldesa de Lima que se jactaba de tener “las manos limpias” pero en cuanta oportunidad se le presentó pactó con las corrompidas empresas brasileñas de la construcción.

Cabe recordar que el gobierno del filo terrorista y también golpista, Pedro Castillo, contó con el apoyo del encargado de la presidencia, miembro del partido Morado, Francisco Sagasti, para rebajar los requisitos que demandaba el puesto de secretario de Palacio de Gobierno con la finalidad de que Bruno Pacheco pueda acceder a dicho cargo. Sí, precisamente el de los US$ 20,000 hallados en el baño de su despacho. Otra perla de la corrupción del gobierno de las izquierdas –que sigue en el poder– son los Rolex que, a la fecha, la fiscalía no ha esclarecido.

Peor y más cruel aún es el espectáculo del fiscal interino de la Nación, Juan Carlos Villena, quien con relación a la irregular adquisición de pruebas rápidas por el gobierno de Martín Vizcarra durante la pandemia, cuando ha quedado demostrado que no sirvieron para nada y que, por el contrario, promovieron la propagación del virus del COVID-19. Al respecto, el fiscal ha manifestado no haber hallado indicios de que haya habido colusión, siendo que ocasionó el mayor número de muertes que la historia republicana registra, mucho más que en la infausta guerra del Pacífico, o los actos demenciales del terrorismo.

Que le quede claro a la ciudadanía, el Perú es gobernado por las izquierdas desde que Alejandro Toledo llegó al poder el 2001, quien terminó demandando “el pago” de decenas de millones de dólares provenientes del erario del estado –del bolsillo de todos los peruanos– a Odebrecht, empresa que sobrevaloró las obras públicas que ejecutó para atender los reclamos de la corrupción instaurada en el aparato del estado.

Luego, vino el interregno de Alan García, quien recibió muchas acusaciones, pero la administración de justicia no ha logrado establecer vínculos directos de corrupción con el ex jefe de estado. El (los) siguiente(s) fue(ron) Ollanta Humala (y Nadine Heredia), ellos ofrecieron al electorado el balón de gas doméstico a doce soles. Claro que nunca cumplieron con su promesa de campaña. Detuvieron los proyectos mineros de Conga y otros bajo el argumento de “agua sí, oro no”. Apareció Pedro Pablo Kuczynski el 2016, levantando la voz para acusar a los hijos por las acciones de los padres, “Hija de ladrón…” exclamó para terminar renunciando a la presidencia atribulado por las denuncias en su contra. Emergió Martín Vizcarra y todos sabemos lo que hizo el “lagarto” en su gobierno.

Manuel Merino fue alguien que eludió su responsabilidad histórica de gobernar el Perú, pudo impedir que una banda que representaba a manos del 0.2% de la población se hiciera del poder, pero prefirió renunciar.

Sagasti no observó la norma que buscaba destruir los logros de la agroindustria de exportación. La minería ya había sido diezmada por sus antecesores, su siguiente objetivo para acrecentar la pobreza era el quiebre de la agricultura moderna que conquistaba nuevos mercados gracias a los Tratados de Libre Comercio y la capacidad competitiva y gerencial de los empresarios peruanos.

Sagasti generó todas las condiciones para que el descontento de la ciudadanía sea mayor y el discurso vacío de Pedro Castillo engatuse a más peruanos, “no más pobres en un país rico”, gritó por calles y plazas para entregar el poco aparato funcional del estado a la corrupción, al crimen organizado de la droga y la minería ilegal.

El discurso del 2026 podría ser: “no más izquierdas en un Perú de emprendedores”.