La realidad superó a la ficción

Esta columna la escribo desde mi habitación, desde la tranquilidad de mi hogar un domingo a las diez de la noche en Lima, Perú. A estas alturas me considero una persona muy afortunada, ya que anoche pude salir y no tuve a ningún militar patrullando las calles a causa actos violentos o terroristas en la ciudad. No puedo dejar de pensar en lo que está pasando en Chile: han quemado 16 estaciones de metro, un edificio entero y 73 vagones que servían de transporte para todos los chilenos, sin discriminaciones de ningún tipo. Todo eso tras el alza del pasaje del metro, que subió 30 pesos, que es el equivalente a cuatro centavos de dólar: en moneda peruana, es como si el pasaje en el metropolitano hubiese subido de S/ 2.50 a S/ 2.63.

Hablé con dos amigos chilenos y ambos coincidían en que hay un hartazgo en la sociedad, casi el mismo del que hay aquí en el Perú, pero no esperaron que el alza terminaría con una crisis como la que hemos visto por televisión. Apenas me enteré de que decretaron el estado de emergencia me comuniqué con ellos para saber cómo estaban. Y al mismo tiempo me hice un par de preguntas a mí mismo, tomando en cuenta lo ocurrido en Ecuador y España en estas dos últimas semanas: ¿Esto es un engaño? ¿Cómo es posible que en dos semanas esos tres países hayan tenido que decretar estados de excepción para contener las protestas? ¿Es pura coincidencia o hay algo detrás de todo esto?

Lo admito, siempre he sido fanático de las teorías de la conspiración, pero más que creer en ellas las leo y comento como si hubiese leído una novela de Vargas Llosa o Ken Follett, pero lo ocurrido en este caso traspasa la ficción. Tanto así que ya se especula que el mismo Foro de Sao Paulo está detrás de lo ocurrido tanto en el país mapuche como en Barcelona y Quito.

Son muchos los problemas que atraviesa nuestro hermano país del sur. Para empezar, el caos en el sistema de pensiones, en el que inescrupulosas AFP abusando de sus tasas de depósito para que los jubilados terminen recibiendo menos dinero del que se necesitan para vivir. Otro caso se da con las universidades y escuelas, en las cuales, a pesar de que se prometió en el 2016 la gratuidad para los estudiantes más pobres, son los extranjeros indocumentados o personas que no pagan impuestos los que utilizan esos servicios. Y ni qué decir de las universidades privadas, que cobran excesivas cantidades de dinero y la gente termina endeudándose para poder pagarlas. Y aun así, su reputación es dudosa. Finalmente, hay un caso de corrupción en la élite gubernamental, que se destapó a causa de que el ex presidente de OAS admitiera haber invertido pagado dinero en la campaña de Bachelet para obtener ventajas en las licitaciones de obras públicas.

Chile es un país profundamente capitalista, con un Estado chico, pero que ha perdido el control frente a las empresas que han abusado de su poder. Eso ha generado un malestar en una gran parte de la población, incluso si están a favor del capitalismo. Y sabemos que el Estado debe tener un rol de árbitro, ser intermediario entre la población civil y las empresas para ambas se puedan beneficiar. El estado no es un inversor, eso es trabajo de la empresa privada; pero el estado debe poner reglas de juego que permitan la cooperación entre ambos actores sociales, un rol que no ha cumplido a cabalidad desde la vuelta a la democracia en 1991.

Siempre he creído en la protesta popular cuando no se está de acuerdo con la manera cómo están manejando las cosas nuestros gobernantes. Pero una cosa es marchar de un punto a otro, para llamar la atención de los miembros del gobierno y que empiecen a trabajar, y otra es ir a destruir patrimonio privado y público, romper el orden constitucional y poner en riesgo la vida de niños, ancianos, personas discapacitadas y la gente que se levanta todos los días a las cinco de la mañana para trabajar por su propio bien y el de su familia. Quemar trenes, destruir edificaciones privadas, saquear supermercados y atacar a la policía que solo hace su labor no es de ciudadanos, es de terroristas. Y con terroristas no se negocia.

El domingo por la noche el presidente Sebastián Piñera afirmó que “están en guerra contra un enemigo que no parece tener límites y está muy bien organizado”. Y recordando lo mencionado en el segundo párrafo, no sería para nada extraño pensar que el genocida de Maduro esté detrás de esto, aprovechando la situación, luego de los sucesos similares en Ecuador y España, y que Diosdado Cabello dijera que “ha habido una brisita bolivariana”.

Se vienen tiempos muy complicados, y desde acá mandamos nuestro apoyo al presidente Piñera, a los carabineros y a las FF.AA. chilenas, a los ciudadanos de bien que quieren un mejor futuro; a los que también están cansados, pero buscan dialogar como los buenos ciudadanos civilizados que son, y a todos nuestros compatriotas que residen en Chile. Y claro está, que luego de que todo se solucione y los delincuentes infiltrados entre los ciudadanos terminen en la cárcel. El Estado debe, de una vez por todas, establecer una mesa de diálogo para escuchar las preocupaciones de las personas que están hartas del manejo administrativo.

Como medio de comunicación estamos obligados a informar y orientar con la mayor objetividad posible sobre los hechos y sucesos de interés público. Pero está muy claro que ser objetivo no es lo mismo que neutral. Y como demócratas no nos mantendremos neutrales con las empresas sin ninguna ética profesional, ni mucho menos con semejante barbarie causada por un grupo de terroristas que han aprovechado la coyuntura e implantado el terror no solo en el gobierno de turno, sino en los mismos ciudadanos por los que decían luchar.