La lección chilena

Para no repetir los abusos de mercado de Chile

En un evento internacional reciente de la Fundación para la Libertad de Mario Vargas Llosa, el escritor e intelectual chileno Arturo Fontaine explicó cuáles fueron los factores que motivaron la crisis socio-económica chilena del 2011, cuyo principal efecto fue mover el centro del debate político hacia la izquierda y abrir el camino para la posterior reelección de Michelle Bachelet.

Si bien hubo factores externos relevantes, como la crisis de Wall Street, la mayoría fueron internos: Cobros indebidos de las casas comerciales (ej. La Polar), concertación de precios entre farmacias (FASA, Cruz Verde y Salcobrand), el excesivo afán de lucro de ciertos centros educativos supuestamente sin fines lucrativos (ejemplo, la Universidad del Mar),. algunos de los cuales ofrecían inclusive carreras que arrojan tasas de retorno negativas a la inversión, como ingeniería comercial, psicología o periodismo. Otros ejemplos son los abusos de las empresas de retail, y el aprovechamiento de asimetrías de información.

Así, a pesar de los grandes resultados socio-económicos de los chilenos, diversas prácticas empresariales, ilegales por engañosas o legales pero percibidas como injustas, alimentaron una crisis de grandes dimensiones. Esta experiencia debe servirnos a los peruanos para anticipar soluciones a problemas que de otra manera generarán caldo de cultivo para políticas socialistas, intervencionistas o populistas.

Ante todo, es importante asegurar un adecuado funcionamiento del sistema de supervisión y sanción ex post a aquellas empresas que cometan irregularidades en los mercados. Por ejemplo, la concertación de precios es una conducta que debe ser ejemplarmente sancionada, en defensa de los ciudadanos.

Si contamos con un sistema ex post que funcione y sirva al ciudadano, habrá mucho mayor espacio para cuestionar el impacto social de las sobre-regulaciones que proponen algunos constantemente para “arreglar” las fallas de mercado y que siempre conllevan un aumento del tamaño del Estado. Urge entonces un mecanismo visible de control del abuso económico.

Asimismo, es importante vigilar que se eliminen (y no se creen) las barreras burocráticas que reducen la velocidad de las inversiones y afectan la competencia y la calidad de los bienes y servicios ofrecidos. Es a los proveedores – rara vez al Estado – a quienes la población culpa cuando no recibe el servicio deseado. Por ejemplo, las trabas que pone el Estado para colocar nuevas antenas de telecomunicaciones.

Por último, las empresas que venden productos que son objeto de quejas frecuentes o son complejos para los consumidores, como los del sector bancario y financiero, deberían evaluar mecanismos de autoregulación que, administrados por una entidad independiente, brinden soluciones a los usuarios y consumidores sin necesidad de recurrir al Estado. Por ejemplo, en España el SGAE -equivalente al local APDAYC- ha implementado la figura del Defensor del Cliente de SGAE, el cual resuelve gratis quejas y reclamos de los usuarios, y sus resoluciones son legalmente vinculantes para SGAE más no para los usuarios.

Si los ciudadanos perciben que las relaciones de mercado son “injustas”, el crecimiento y la mejora del bienestar que trae el libre mercado podrían ser insuficientes para darle sostenibilidad al modelo. Percepción es realidad.

Por Fernando Cáceres