La informalidad y la salud

Según el “Estudio Económico de Perú” –publicado hace un mes por el Comité de Revisión Económica y Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como un primer estudio para el proceso de adhesión del Perú a esa organización, conocida como “el Club de los países ricos”–, “el Perú tiene uno de los niveles de informalidad más altos de América Latina ya que afecta a cerca del 80% de los trabajadores cuyo acceso a la protección del empleo o a las prestaciones de la Seguridad Social es limitado”. Luego de atribuir los estragos que dejó la pandemia Covid-19 a la elevada informalidad, también la señala como un factor que perpetúa la desigualdad y la pobreza.

En ese marco, el Estudio plantea “una agenda comprehensiva de reformas”, para reducir los “factores impulsores” de la informalidad. El primer factor, está referido a los bajos resultados educativos. Para dicho fin plantea “mejorar el acceso a la educación de alta calidad y a la infraestructura escolar, “sobre todo en las regiones desfavorecidas”. El Estudio resalta el hecho de que durante la pandemia de covid-19 se produjeron cierres prolongados de las escuelas, que ampliaron las desigualdades “preexistentes, dadas las significativas disparidades en el grado de preparación digital,” asimismo, que “la educación de alta calidad no está disponible para todos los niños, en particular en las zonas rurales y en situación de vulnerabilidad”.

El segundo factor impulsor de la informalidad, según el Estudio, son los “altos costos no salariales que financian las prestaciones de la Seguridad Social del sector formal". Esta aseveración ha sido debatida en reiteradas oportunidades, incluso forma parte del disenso y hasta de la polarización política que existe en el país.  En ese sentido, colisiona con la recomendación final del Estudio sobre la necesidad de  “construir consensos y fomentar la estabilidad política". Además es genérica porque la seguridad social engloba a las pensiones, cuyos aportes están a cargo de los propios trabajadores formales a la salud; aportes que, a cuenta de cada trabajador, son realizados por los empleadores. Y como no existe un seguro de desempleo se ha creado la Compensación de Tiempo de Servicios (CTS) para el caso de cese o despido, también a cargo del empleador. 

El tercer factor, está relacionado, según el Estudio,  con “la estricta regulación de la protección del empleo".  Es obvio, que esta aseveración, también genera “disenso político”, aunque, no tanto, por la “protección misma del empleo” sino, por la “protección del trabajador” que pierde el empleo, en una situación de crisis y de escasez de puestos laborales. 

El cuarto factor “impulsor de la informalidad”, según el Estudio, es la existencia de “un salario mínimo relativamente alto –cuyo nivel se aproxima al salario mediano– que encarece los empleos formales y genera un círculo vicioso que perpetúa la informalidad y la exclusión". Esta aseveración, a contracorriente de la oferta del gobierno de incrementar en un futuro próximo el salario mínimo, genera aún mayor controversia y atiza los conflictos. El Estudio no señala que se deba reducir el salario mínimo. Por tanto, es una constatación que no tiene recomendación, aunque podría ser utilizada para impedir el incremento del salario mínimo prometido por el gobierno. 

El Estudio agrupa asimismo, por un lado, algunos “aspectos importantes para reducir la informalidad”, que incluye la “mejora de la observancia de la legislación laboral y fiscal, la simplificación del régimen de tributación corporativa y el marco regulatorio de las empresas". Como se puede apreciar, cada uno de estos aspectos tiene implicancias serias entre las relaciones de las empresas con el Estado y con la sociedad. Por tanto, la forma genérica cómo se han abordado estos aspectos esconde o enmascara la naturaleza de los conflictos sociales subyacentes.

Por otro lado, el Estudio se refiere a los aspectos de protección social para reducir la informalidad. Por tanto, plantea que “todos los peruanos dispongan de un nivel básico de protección social” que está compuesto por una “ampliación de la cobertura de las transferencias monetarias condicionadas y las pensiones sociales y el sistema de salud". Además señala que “reducir las contribuciones sociales en el caso de los trabajadores con bajos ingresos será clave para impulsar la formalización". El Estado peruano, en su diseño organizacional, ha fragmentado la protección social de los “informales” en varios ministerios o sectores: el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el de Inclusión Social (Midis), el de Salud (Minsa) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Este último, debido a que son fondos de origen fiscal o del Tesoro Público.   

En cuanto al sistema sanitario (Sistema Nacional de Salud), el Estudio señala que el “Perú presenta una baja densidad de trabajadores sanitarios per cápita, 16.8 por cada 10,000 habitantes en el 2021, que es muy inferior a la de América Latina (23) y la OCDE (30), y está desigualmente distribuida por el territorio nacional". Como se puede apreciar, se refiere a “trabajadores sanitarios” en general, sin discernir a cuánto asciende el déficit de médicos o de médicos con segunda especialización profesional. Una vez más la generalidad esconde la magnitud del problema de falta de médicos necesarios para cerrar la brecha de necesidades de la población.

El estudio también señala que “el sistema de salud está desbordado. Perú ha sido el país del mundo con mayor número de muertes por cada millón de habitantes, con más de 6,000, durante la pandemia de covid-19". El Estudio ensaya algunas probables explicaciones para esa desgracia, como “las deficientes infraestructuras de atención primaria y hospitalaria… la falta de personal especializado y los problemas de gobernanza".  No es posible desentrañar si en los “problemas de gobernanza” se han incluido las falencias en la conducción estratégica de los gobiernos durante la pandemia, la corrupción; o si la decisión de introducir la cuarentena obligatoria durante prolongados periodos, prorrogados cada 15 días,  ha sido pertinente. O si los ensayos de estrategia como “el martillo y la danza” no fueron sino una demostración de la negligencia y del agravio a la población peruana.  

Como conclusión, el Estudio recomienda “un sistema público de salud unificado de acceso universal y con un conjunto común de prestaciones sanitarias de alta calidad que podría complementarse con seguros privados voluntarios regulados". Sin embargo, esta propuesta excluye a la seguridad social universal, que ha sido consenso en el Foro del Acuerdo Nacional. También excluye a las prestaciones económicas y sociales, necesarias para que el ciudadano tenga “poder de acceso” a la salud. ¡Urge más y mejor calidad de debate!