¡Hecha la ley, hecha la traba!

A propósito de la necesaria reconstrucción

En los últimos meses hemos sido testigos de múltiples señalamientos y hasta acusaciones contra las autoridades locales de las zonas donde los terribles huaicos no solo arrebataron a miles de peruanos todos sus bienes materiales, sino incluso la vida de sus hijos, padres o hermanos. Es indescriptible la sensación de desolación que se percibe en estas zonas. Pese a que también ha sido desbordante la solidaridad de los peruanos, nada alcanza para devolver a estas familias sus hogares ni, lo que es peor, la vida de sus seres queridos. Sin embargo, ni siquiera los huaicos han podido quitarles la esperanza, la fe ni las ganas de luchar y de salir adelante.

Es esta tragedia la que desnuda una ya evidente desarticulación entre las políticas públicas que diseña e implementa el Gobierno central y los gobiernos sub nacionales (regionales y locales). En este caso específico, no solo se deberían realizar aquellas acciones destinadas a identificar las zonas vulnerables y de extremo peligro, donde jamás debieron instalarse familias enteras e incluso distintos asentamientos humanos, sino que también se deberían identificar las zonas de reubicación —”zonas de acogida” en los términos de la Ley N° 29869— de las familias y lograr su traslado.

Lamentablemente, la Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable del año 2012, que establece como su objeto declarar de necesidad pública e interés nacional el reasentamiento poblacional de las personas ubicadas en dichas zonas dentro del territorio nacional, y que dispone que ese reasentamiento le corresponde al Concejo Municipal, no consignó el mecanismo idóneo y célere para la Declaración de Zona de Muy Alto Riesgo No Mitigable, ni para la identificación de los terrenos donde se reubicarían a las poblaciones en riesgo (“Zonas de Acogida”), con los resultados que lamentablemente ya todos conocemos.

Uno de los casos más evidentes, es el de la Municipalidad Distrital de Lurigancho (Chosica), que a través del Acuerdo de Concejo N° 010-2016/CDL del 28 de enero de 2016, luego de implementar procedimientos establecidos en el Reglamento de la Ley N° 29869, como (i) aprobar “la Declaración de Zona de Muy Alto Riesgo No Mitigable a la Quebrada Carossio”; y (ii) establecer “como zonas de acogida para el proceso de reasentamiento en primer orden los programas de vivienda promovidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de preferencia dentro de la jurisdicción del Distrito de Lurigancho (Chosica)”; finalmente no pudo llevar a cabo el reasentamiento poblacional en dicho distrito, pues tal como señala uno de los considerandos del mencionado Acuerdo de Concejo: “…en el distrito de Chosica no se cuenta con terrenos para ser utilizados como zona de acogida para la población asentada dentro de la faja marginal de Carossio…”.

Casos como el descrito, evidencian que la necesaria reconstrucción requiere de una estrecha vinculación entre el Gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Por ejemplo, se requiere que los gobiernos locales empadronen a las familias, diferenciando entre damnificadas y afectadas; y que el Gobierno nacional declare las Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable, identifique por parte de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), en cada Región afectada, los terrenos de propiedad estatal (cualquiera sea la entidad estatal que registre la propiedad) aptos para desarrollar zonas de acogida, a fin de adjudicar lotes saneados a dichas familias para reiniciar una nueva vida.

Es obligación de todos nosotros, desde donde nos toque, aportar, identificar y diseñar posibles soluciones a este gran problema. La descentralización ha significado un gran avance en la asignación equitativa de recursos a nivel nacional, pero no puede significar una traba al momento de salvaguardar la integridad de las personas, de sus sueños y anhelos. “Perú, una sola fuerza” no puede ser solo un lema dentro de esta tragedia, debe implicar que todos los niveles de gobierno y todos los Poderes del Estado articulemos nuestro trabajo, para que esa fuerza llegue a quienes verdaderamente la necesitan; en este caso —según reporte del COEN del 13 de abril 2017— a los 149,848 damnificados y 950,498 afectados.

Finalmente habiendo sido afectadas aproximadamente 34,000 viviendas, según el ministro Zavala, —entrevista publicada el 16 de abril de 2017 en el diario Perú 21—, de las cuales 12,000 tendrán que ser reubicadas, la pregunta que planteamos al respecto es: ¿en dónde, cuáles, cuántas y cuándo se determinarán las zonas de acogida a nivel nacional? He aquí la gran cuestión.

Úrsula Letona