¿Hasta qué punto está dispuesto a ceder Vizcarra?

El presidente Vizcarra asistió el 24 de julio a una reunión con diversas autoridades de la Macrorregión Sur, a propósito de los conflictos que ha generado el proyecto Tía María. Su respuesta ha sido coherente, en la línea del enfoque de resolución de conflictos que ha mostrado hasta el momento: ceder ante las demandas y negociar la magnitud de dicha cesión. Similar solución aceptó en el conflicto por el Oleoducto Nor Peruano, donde cedió en casi todas las demandas que hizo la comunidad, entre ellas la de contratar miembros de la comunidad manifestante en tareas de mantenimiento y supervisión de la infraestructura.

 En el caso de la manifestación de transportistas en el sur, el enfoque fue de baja resistencia a las demandas: el gobierno cedió en la reducción del precio del combustible, la suspensión del pago de peajes y la postergación de la implantación de medidas de seguridad que se habían establecido. En el caso de Las Bambas el Gobierno central accedió a compensaciones millonarias y a limitar al máximo las medidas legales contra los instigadores del conflicto. 

El bajo umbral de resistencia que muestra el Gobierno ante la presión política (siempre y cuando no sea desde el Legislativo, eje en el que su coalición política es mucho más favorable) envía un fuerte incentivo a ciertos “emprendedores políticos” para buscar algún beneficio. Pero la débil resistencia que muestra el presidente para asignar recursos del Estado no es tan grave como la que muestra para permitir la modificación de políticas públicas y marcos regulatorios. Para el caso de Las Bambas, se mantuvo coherente con este enfoque transaccional, pero incorporó el compromiso de presentar un proyecto de ley para que el canon minero tenga cobertura en las comunidades campesinas.

En el caso de la reunión con las autoridades de la Macrorregión del Sur, el Ejecutivo ha aceptado revisar la licencia de construcción otorgada y la Ley de la Minería, que según Vizcarra “ha quedado algo desfasada”. ¿Qué tan alineado está el presidente con los pedidos de Cáceres Llica y los otros miembros de la Macrorregión del Sur? Esa es una duda importante, ya que las autoridades piden una consulta previa (probablemente para cualquier población, sin limitarse a las comunidades indígenas que existen actualmente), que las comunidades sean accionistas, implementación de fondos de compensación (no está claro para compensar a quién sobre cuál agravio), elevar el canon (que muestra niveles bajos de ejecución con los actuales montos transferidos) y aumentar los recursos presupuestales de gasto corriente para las regiones (es decir, con mucha menor fiscalización). Es decir, ¿hasta qué punto está dispuesto el presidente Vizcarra a hacer cambios institucionales con implicaciones estratégicas para la minería y el país como un mecanismo transaccional para enfrentar casi cualquier conflicto?

Una reforma en la Ley de Minería tendría que ser aprobada por el Congreso, con el fujimorismo aún como la fuerza política más importante. Sin embargo, Fuerza Popular no ha mostrado estar dispuesta a consumir su escaso capital político en la defensa de políticas públicas de libre mercado. Un caso claro relacionado al sector minero es que no se opuso a la Ley de Cabeceras de Cuenca, de Arana y el Frente Amplio, una ley que de normarse como los sectores post-extractivistas desean, sería un serio obstáculo para futuras inversiones mineras.

El gobernador de Arequipa, Cáceres Llica, en su reciente “Mensaje a la región Arequipa” pide directamente que el proyecto Tía María no se realice y no brinda ninguna alternativa, ni condiciones para su realización. La pregunta que hacía Federico Salazar en su columna del domingo, “Quien manda a quien”, se mantiene válida y su respuesta aún incierta. 

Realizar reformas a la legislación minera no es intrínsecamente negativo. Que el Ejecutivo tome una posición frente a ella tampoco. Sin embargo, si el Ejecutivo y Legislativo apoyan políticamente iniciativas reformistas provenientes de sectores hostiles a la minería, como los post-extractivistas (Arana, algunas ONG y compañía) o radicales (Cáceres Llica), será en detrimento de la competitividad y del crecimiento de la industria minera. Y con ello, en detrimento también de la capacidad del país para incrementar la prosperidad de millones de personas.