Fuerzas Armadas y Policía Nacional tienen nuevo Jefe Supremo

Las Fuerzas Armadas del Perú y nuestra Policía Nacional acaban de reconocer al presidente de la República, Pedro Castillo, como su nuevo jefe supremo, conforme establece la Constitución Política de 1993, y eso me parece muy bien. Apenas se produjeron los nuevos nombramientos en el Ejército, la Marina y en la Fuerza Aérea –lo esperado era que los cambios recién se hicieran al final del año, como corresponde a una práctica relevante en las instituciones castrenses del país– lo que tocaba, entonces, era el acto público nacional por el cual expresaban subordinación y obediencia al mandatario. 

Ahora, al inicio del nuevo quinquenio gubernamental corresponde el empoderamiento del baluarte coercitivo (advertencia o amenaza legítima) y coactivo (uso de la fuerza legítima) del país que, por cierto, ninguno de los gobiernos precedentes hizo en los últimos lustros, lo que sería una inmejorable oportunidad para el flamante jefe de Estado.

No perdamos de vista que nuestras FF.AA. y PNP son tutelares y titulares en los frentes externo e interno, respectivamente, y por antonomasia, y así debe ser comprendido por las autoridades nacionales, las instituciones y, en general, por todos los peruanos. Cuidado, entonces, con hacer las cosas al revés, pues los anuncios de querer ensanchar prerrogativas y ámbitos de acción a los ronderos de nuestro país pueden terminar convirtiéndose en un problema mayor para la seguridad nacional.

Los únicos que deben tener calidades coactivas y coercitivas son las FF.AA. y la PNP. Ni siquiera han sido concedidas a los miembros del serenazgo que ayudan a la policía en las tareas urbanas para el mantenimiento del orden en los distritos; mucho menos podría otorgarse atributos impensados a quienes colaboran en las áreas rurales, principalmente, en las que la ausencia del Estado es inobjetable, promoviendo el principio de autoridad en base a prácticas consuetudinarias asumidas como imperativas para los miembros de las comunidad local.

Aunque con otro nombre, en Cuba y en Venezuela a los grupos ciudadanos diversos y heterogéneos, terminaron concediéndoles facultades que incluyeron el uso de armas, para terminar como el aparato de contención para el sostenimiento de sus regímenes ante las eventuales protestas sociales. Y por supuesto, para velar para el mantenimiento de los gobiernos, en lo que todos conocemos como milicias urbanas.

Este plan ni por asomo puede ser promovido en nuestro país, y mucho menos en Lima, donde los ronderos no tienen realmente nada que hacer. Así, jamás se empoderará a nuestros policías, cada vez menos respetados por colectivos que los enfrentan y maltratan, dejando la vergonzosa foto para todos los peruanos, de que la anarquía comienza a imponerse como una penosa regla en la vida nacional. 

Los militares y los policías fueron víctimas del terrorismo durante los aciagos años ochenta y el comienzo de los noventa; y que, por cierto, nuestras autoridades en los últimos 30 años, han olvidado o irresponsablemente no supieron asegurarlo como imaginario del rechazo frente a la violencia subversiva que nos produjo miles de muertos en el país.

Las FF.AA. han recuperado el respeto que perdieron en la segunda mitad de los noventa, en que fueron menoscabadas por el poder político que terminó quebrando la moral nacional; En efecto, se levantaron y recuperaron su espacio y posición históricos como la gran reserva nacional de la Patria –han tenido un comportamiento ejemplar durante la crisis política del mes de noviembre de 2020, en que tuvimos tres presidentes en una semana–, que jamás permitirán que la Nación vaya al precipicio Una verdad que siempre repetía mi maestro, el excanciller de la República, general de Div. EP, Edgardo Mercado Jarrín, descollante Miembro Titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, a la que me honro en pertenecer con la misma inmerecida membresía. 

Los altos mandos hacen muy bien en mostrar toda su madurez para con el presidente Castillo al entregarle el bastón y la insignia que lo han entronizado en el alto y mayor cargo de Jefe Supremo por voluntad del soberano, que es el pueblo. Y ha hecho muy bien el respetadísimo y laureado nuevo jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., general de Div. EP, Manuel Gómez de la Torre, en “comprometerlo a velar por nuestra institucionalidad”. La seguridad y la defensa nacional jamás pueden ser puestas en riesgo; y la obligación de garantizarla, en estricto apego a la Constitución Política, es un imperativo pétreo e innegociable para el presidente Castillo en su altísima investidura, para los generales y almirantes de nuestras FF.AA. y PNP. Y con ellos todos los oficiales, suboficiales y soldados, y por supuesto, para todos los peruanos.