Falacias sobre el Congreso y el adelanto de elecciones

El debate en torno al adelanto de elecciones y a la asamblea constituyente ha concentrado los esfuerzos del Congreso y de gran parte del Gobierno, en detrimento de las acciones e intervenciones para brindar seguridad a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos fundamentales, con mella de su bienestar y sus proyectos de vida. Durante las largas horas de debate se ha enarbolado, como justificación para el cierre del Congreso su alto nivel de desaprobación, que está representado –en su mayoría– por políticos ajenos al sentir de los más pobres, que se discuten y aprueban con prioridad aspectos ligados a los grupos de poder económico o que se distorsionan las políticas públicas sin tomar en cuenta que estas requieren tiempo y continuidad, entre otros. 

En relación con la alta desaprobación del Congreso, es necesario precisar que es la consecuencia natural de un resultado electoral del 2021 que ha dispersado la representación nacional. El partido que en segunda vuelta ganó la presidencia de la República a duras penas obtuvo 37 congresistas, porque solo obtuvo el 13.4% de los votos para el Congreso. Esta cifra implica que el 87% de la población no se siente representado por este Congreso; por tanto, sea cual sea su accionar, ese 87% tendrá una visión crítica y cuestionadora.

Pero la situación es aún menos representativa para los otros partidos que solo obtuvieron alrededor de 11.3 % (FP); 9.3% (RP); 9.02% (AP); 7.5% (APP); 7.5% (AvP); 6.59% (JP); 6.13% (SP); 5.6% (Podemos) y 5.4% (PM), porque cada una de estas agrupaciones, tienen niveles de falta de representación en torno al 89%-95% de la población. Estos niveles de desaprensión política impiden confluencias de opinión favorables porque prevalece la crítica a cualquier acto, aunque sea bien intencionado, pero, sobre todo, se exacerban los impactos de los errores de cada congresista, más aún, si estos lindan con la falta de ética y el delito. Esa falencia de origen, debido a la dispersión del voto, debió servir para promover alianzas y lograr consensos consistentes y sostenidos, que para algunos aspectos se lograron y permitieron, en el mejor momento, sobrepasar los 87 votos, para temas que requerían esa votación. Pero también, se incrementó la fragmentación, con la aparición de nuevos bloques parlamentarios, eso sí, de acuerdo con las normas reglamentarias, pero con nula o poca participación u opinión de sus propios electores. 

En segundo lugar, se esgrime una falacia al señalar que el Congreso está representado por políticos ajenos al sentir de las mayorías nacionales, porque la dispersión tiene la ventaja de profundizar y ampliar la representación democrática de la población. La creencia en esta falacia solo demuestra que una minoría desea imponer sus puntos de vista a las demás agrupaciones, que también son minoritarias, ante la dificultad de crear alianzas programáticas consistentes. También pasa por alto que cada una de las agrupaciones políticas representadas en el Congreso enfrentan la solución de los graves problemas del país desde su particular punto de vista, porque los medios para lograr los mismos objetivos son diversos. El diálogo y el debate constructivo permite confluir medios, a veces contradictorios, para lograr fines comunes a favor del bienestar de la población. Un ejemplo, trillado, por cierto, es la problemática de los impuestos. Algunos creen que más impuestos implica mayor bienestar para los más pobres, otros creen, al contrario, que disminuir impuestos, genera mayor dinamismo de la economía, por tanto, más empleo, y menos pobreza. Estas recetas, la mayoría de las veces, ideológicas, que parecen irreductibles, son, sin embargo, solo herramientas útiles en función de las circunstancias del país sean estas de origen nacional o internacional. 

El tercer aspecto falaz es que en el Congreso discuten y aprueban con prioridad aspectos ligados a los grupos de poder económico, porque la agenda está condicionada al acuerdo de la Junta de Portavoces, que como se sabe, es uno por cada grupo parlamentario. La relevancia del vocero portavoz, es un acicate o incentivo para aumentar la fragmentación del Congreso con el incremento del número de bloques parlamentarios, porque permite, a estos, tener voz y la posibilidad de argumentar en la Junta de Portavoces y priorizar sus propias demandas o requerimientos legislativos, así como, conducir comisiones ordinarias, especiales o investigadoras, entre otros. Otro aspecto es la capacidad técnica y política de los propios congresistas de producir proyectos de ley y generar consensos para aprobarlos. La resultante de la priorización y aprobación de los temas implica la confluencia de intereses y deseos de cada congresista, de su bloque parlamentario y del Pleno del Congreso. Aun así, eso no basta. El presidente de la República puede promulgar, observar o hacerse el desentendido para que intervenga el Congreso. Por tanto, también es vital, la complementariedad de ambos poderes del Estado.  Un Congreso, compuesto por bloques políticos minoritarios, está obligado a dialogar, consensuar y acordar. 

En cuarto lugar, es la falacia atribuida al Congreso en el sentido que éste distorsiona las políticas públicas sin tomar en cuenta que estas requieren tiempo y continuidad. Al contrario, la fragmentación del Congreso impide abocarse a temas muy técnicos, porque “en los detalles está el diablo” y el consenso se torna tedioso. Sin embargo, sí permite corregir políticas cuestionadas al largo del tiempo y que diversas agrupaciones parlamentarias, detectaron y ofrecieron corregir en sus campañas políticas, sobre todo, cuando las relaciones entre los poderes, Ejecutivo y Legislativo son difíciles o contradictorias. 

El rechazo, consistente y contundente, al adelanto de las elecciones, así como, al referéndum para una Asamblea Constituyente durante horas y días consecutivos de debate, demuestra que, a pesar de la fragmentación de Congreso, si se ha logrado mantener, aún en medio de agudas discrepancias, la mayoría que ostenta la conducción del Congreso desde el año 2021.  Por otro lado, es la demostración que el triunfo electoral para el Poder Ejecutivo y la derrota en el Congreso exige tender puentes, realizar alianzas y adecuar el programa de gobierno a la realidad política que emerge del proceso electoral.