El Poder judicial como enemigo de la separación de poderes

La crisis institucional se ahonda. La falta de liderazgo de la jefe de Estado abona en esta situación. Adelantándose, criollamente, a lo que decida el Tribunal Constitucional en una demanda competencial, y a sabiendas de que este proceso es de mayor rango, el Poder Judicial ha ordenado que se reponga en la Junta Nacional de Justicia a Inés Tello y Aldo Vásquez. Esta evidente intromisión, de carácter altamente politizado, de obedecerse sería la señal de la destrucción del equilibrio de poderes y el fin de lo que constituye el juicio político. Al quedar como precedente, cualquier funcionario destituido y sancionado como consecuencia de un juicio político tendría la posibilidad de ser repuesto a través de un fallo judicial. Esto es una aberración, pues como se sabe el juicio político no tiene necesariamente una carga procesal ni penalidad jurídica. Obedece a criterios de orden político, en el cual se considera que el funcionario destituido no tiene asidero ni es digno de continuar en el cargo.

Los juicios políticos pueden ser polémicos. De hecho, lo son la gran mayoría. Pero en nuestro país siempre han sido respetados hasta qué grupos afectados en la pérdida de poder en el Sistema de Justicia encontraron la fórmula aberrante y distorsionadora de acudir al Poder Judicial para resolver decisiones de carácter político. Una corte, con solo dos votos a favor, pretende imponer al Congreso un fallo, inconstitucional desde cualquier punto de vista. El Congreso debe esperar el resultado de la demanda de competencias y denunciar a los jueces causantes de este despropósito.

Por eso han hecho lo correcto un grupo de expresidentes del Congreso al salir en defensa de los fueros parlamentarios. Ojalá hubiera sido un mayor grupo de expresidentes del Congreso quienes se plegaran a esta defensa de lo que representa el juicio político como válvula de escape de la democracia. Se requiere poner un alto a una permanente intromisión del Poder Judicial que no busca justicia sino defender posiciones políticas representadas por un grupo de personas que no quiere perder la hegemonía en nuestro sistema de justicia. El juicio político se inicia con una demanda constitucional, el Alfa y Omega cuyo ámbito de acción es el Parlamento.

Con el Congreso se pueden tener discrepancias por sus leyes y decisiones. Para eso está diseñada la democracia. En lo que no puede haber fisuras es en la defensa de fueros y en la separación de poderes. Lo que está haciendo el Poder Judicial simplemente no se puede permitir, pues se convierte en el paradójico protagonista de la destrucción del Estado que debe preservar, el de derecho.