El Perú frente al crimen organizado

El fenómeno del crimen organizado, armado y violento se ha convertido en poco más de un decenio en la principal amenaza que enfrentan las sociedades de América Latina, con mayor gravedad que en otras regiones del mundo. Para situarnos específicamente en el caso peruano, corresponde afirmar que no es un asunto que atañe a la “seguridad ciudadana” tal y como está definida en la Ley 27933: “la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica (y) la erradicación de la violencia”, contribuyendo asimismo a “la prevención de la comisión de delitos y faltas.”

Porque esta ley parte de dos supuestos negados por el desarrollo de los hechos: uno, que los agentes de la inseguridad son externos al Estado, ajenos a él; dos, que “la ciudadanía” se distingue y está disociada de tales agentes.

Lo real es que el Estado está penetrado en diversos espacios por la criminalidad organizada, que lo utiliza como vehículo para sus fines. Y que “la ciudadanía”, en realidad las poblaciones de la colectividad nacional, están siendo sometidas e incorporadas a culturas criminales por las vías de la elusión de la ley (informalidad, que le dicen), porque participan, o cuando menos son crecientemente complacientes, con el florecimiento de economías criminales (minería ilegal, extorsión, narcotráfico, y un largo etc.) que están sembrando en el colectivo social formas de gobernanza criminal.

Es decir, se trata de usos tendientes a aceptar “reglas de juego” impuestas por organizaciones criminales diversas, asentadas en partes del territorio, que controlan –vía la coerción o la violencia activa– las formas de la convivencia social (hasta deciden calendarios locales de festividades y la viabilidad de actividades recreativas). Y que también se erigen como autoridades locales y hasta regionales con profuso comportamiento delictivo, como en zonas de La Libertad, Cajamarca, Arequipa, Piura, Puno, el VRAEM e incluso en Lima, por mencionar solamente algunas circunscripciones políticas del país.

El florecimiento de la actividad criminal ha dejado de ser marginal a la vida social, está políticamente empoderado, pretende la organización de la vida económica (comercios, industrias) y culmina en el lavado de activos y en la captura de espacios institucionales de poder por agentes articulados económica y socialmente a los criminales o cómplices de éstos.

En el seno del Estado la corrupción extendida ha abierto las compuertas a la penetración criminal en entidades responsables de la seguridad y operadores de justicia. Sólo en el ámbito del Ministerio del Interior no se puede negar la raigal corrupción que campea en entidades como la SUCAMEC (Superintendencia de Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil) o la Dirección de Gobierno Interior, la Dirección de Migraciones. El deterioro profundo de la cohesión, la disciplina y la moral institucional en la Policía Nacional; que coexisten con órganos irrelevantes como una Dirección General Contra el Crimen Organizado (verdadero “cajón de sastre”) o una Dirección General de Seguridad Democrática absolutamente inútil, existente sólo para justificar su planilla.

En el ámbito del Ministerio de Justicia el INPE (Instituto Nacional Penitenciario) preserva la cultura de la corrupción en el sistema carcelario y la Procuraduría General del Estado deambula desorientada. En el Ministerio Público actúan por igual los funcionarios fiscales patéticamente ineptos y los corruptos o aquellos defensores de delincuentes al amparo de una vocación “garantista” que se ceba contra los agentes del orden. Juegan a la par con jueces del Poder Judicial abiertamente exculpatorios de criminales por incapacidad o por complicidad.

Mucho y en detalle se podría mencionar sobre la penetración criminal en las entidades del Estado encargadas, precisamente, de la seguridad pública, de la defensa de la legalidad y de la administración de justicia, configurando la verificación de la hipótesis que sostiene que el crimen organizado florece allí donde se muestra debilitada la fuerza estatal para el cumplimiento de la ley (Law Enforcement) y, por tanto, para las organizaciones criminales se minimiza el riesgo de afrontar la represión.

En definitiva, penetrado crecientemente el Estado por el crimen organizado y crecientemente sojuzgada (y tolerante) la sociedad ante las gobernanzas criminales, el problema hoy en día excede lo que se conoce como inseguridad ciudadana. La amenaza criminal organizada, armada y violenta configura un problema de seguridad nacional, específicamente de seguridad interna de la República, que compromete la defensa nacional responsable de cautelar la existencia del Estado nacional.

El tema no es ajeno a preocupaciones académicas estatales, como se observa en el documento Política nacional multisectorial de seguridad y defensa nacional al 2030 (PNMSDN 2030, aprobado el año 2022 por el Ministerio de Defensa), que no da cuenta de las dimensiones articuladas ni de la magnitud de la amenaza criminal y presenta planteamientos muy generales e inaparentes para enfrentar dicha amenaza activa y crítica en el momento actual.

Por su parte el SINA (Sistema de Inteligencia Nacional) permanece instalado en su burbuja de confort, persistiendo en su visión de “amenazas contra la seguridad nacional” provenientes, entre otras, del crimen organizado, sin trabar analíticamente las articulaciones entre sus distintos vectores y sus procedencias, factorializando artificiosamente dichas amenazas, en vez de adoptar un enfoque integral sobre las mismas.

Por ende, en el Estado hay una apreciación présbita y desenfocada de la real naturaleza de la amenaza de la criminalidad organizada armada y violenta que acosa no solo a la sociedad peruana, sino que toma posiciones en el propio aparato estatal. La carencia de un análisis certero e integrado de dicha amenaza impide el surgimiento de políticas para combatirla con efectiva previsibilidad.

Todavía no es tarde y las respuestas efectivamente compositivas de la situación existen. El Perú cuenta con los recursos materiales y humanos para derrotar la amenaza. Es momento de desplegar propuestas viables para ello.