El círculo de la corrupción

Tomo prestado el título del libro de Eduardo Vega y otros autores, publicado recientemente, que expresa la imagen correcta para el diagnóstico de lo que hemos vivido. El círculo de la corrupción tiene cuatro partes: comienza en el Estado, cuando un Gobierno nuevo define la lista de megaproyectos que quiere llevar a cabo; sigue por las empresas constructoras, que se reparten esas obras fingiendo respetar las licitaciones; continua por los operadores, que reciben el dinero de las empresas y lo trasladan a los partidos políticos. No a este o a aquel partido, sino a todos. Y uno de ellos llegará al Gobierno, hará su nueva lista de megaproyectos y el círculo comenzará nuevamente.

Esto funcionó en gran escala en Brasil y fue luego exportado a América Latina. El virus de la corrupción se expande por contagio: empresa que no entra al mecanismo quiebra; partido que no entra al círculo, pierde. En nuestro caso, la corrupción comenzó en Áncash con una transferencia masiva de recursos presupuestales que las regiones claramente no iban a poder manejar. Se trasladó luego al Callao. Se construyó en ambos casos una red de políticos y jueces locales. Hasta que, finalmente, la corrupción fue trasplantada a nivel nacional, y luego descubierta públicamente.

La corrupción es como el agua. Si se mete al bote no se puede culpar al agua, que solo cumple una ley de la física. Igual es la corrupción: hay que mantenerla a raya. Si infiltra las instituciones, la causa está en la falla de la institución. Ante la metástasis de este cáncer en el país, la pregunta pertinente es por qué no se la detuvo en su fase inicial, por qué no hubo respuesta oportuna.

La respuesta es, por un lado, que una regionalización fallida destruyó el equilibrio interno del Poder Ejecutivo entre los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. Cuando la corrupción se apoderó de Áncash y otras regiones, la única respuesta del Gobierno nacional fue el tímido ensayo del Ministerio de Economía de cerrarle a la región el caño de los desembolsos presupuestales. No existía en la ley ningún mecanismo que permitiera hacer otra cosa. No hubo una gobernabilidad que permitiera la decisión política necesaria.

Cuando el cáncer avanzó al nivel nacional, tampoco hubo modo de intervenir en los desmanes del Poder Judicial porque en el Perú —a diferencia de todo el resto de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica— ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo tienen entrada desde hace décadas en el nombramiento de los jueces supremos ni en el Poder Judicial. Una malentendida autonomía, una falsa separación de poderes, sustituyó al verdadero equilibrio de poderes y condenó al Perú a ser una democracia de baja gobernabilidad.

Lo que hace falta ahora es entender la magnitud exacta de la enfermedad y su remedio. Como todos los círculos viciosos, el de la corrupción tiene un punto —y solo un punto— en el que puede ser quebrado por una palanca. Hasta el momento, hemos equivocado ese punto. Se parte de la premisa errada de que la forma de hacerlo es hacer de la justicia el mecanismo para acabar con la corrupción. La justicia no puede hacer eso. Los magistrados juzgan a personas, no sistemas políticos o sociales fallidos.

El punto en el cual se puede quebrar el círculo de la corrupción no es el de la persecución que politiza la justicia, acusando a personas individuales, políticos o empresarios, o a empresas y partidos, de ser organizaciones criminales. El punto que permite quebrar la corrupción está en el lado opuesto: es el que permite abrir el mercado a la competencia global en las licitaciones públicas. Lo que creó el círculo en Brasil fue el mercado cerrado, un proteccionismo mercantilista en favor de un grupo limitado de empresas locales, y que excluyó a las empresas de fuera. Tarde o temprano eso iba a quebrarse. Comenzó con la FIFA y el Mundial de Brasil.

Abrir las ventanas a la competencia global es lo que despejará esa atmósfera viciada. Hoy ya vemos a empresas globales llegar al país a participar en licitaciones públicas. Un aporte sería que las instituciones académicas locales y globales —desde las Naciones Unidas hasta la cooperación externa— inviertan recursos en el diseño de lo que podríamos llamar el “modelo de la licitación anticorrupción”. Sería una herramienta para reducir al mínimo la ocasión de que la corrupción se infiltre, de que el agua entre a nuestro navío.