Ejecutivo endosa reforma eléctrica al próximo Gobierno

No hay dudas de que el Gobierno no quiere tomar decisión alguna que lo confronte con grupos de interés empresarial o político, y que ha decidido trasladar la responsabilidad al próximo gobierno, que como van las cosas se tendrá dentro de dos años. Un plazo bastante extenso, por lo que se ocasionarán muchos perjuicios a los agentes económicos que son ajenos al favoritismo gubernamental.

Desde junio del 2019, en plena crisis de confrontación entre grupos de generadores (productores) de electricidad, el gobierno de Martín Vizcarra hizo lo que se estila en el Estado cuando no se quiere tomar posición: formar una Comisión Multisectorial mediante norma legal (RS-006-2019-EM), que en junio del 2021 debería publicar un informe con propuestas normativas. 

Al vencimiento del plazo, se ha ido dando prórrogas hasta llegar al presente año, y el pasado 13 de julio se le ha dado un alargue más por 20 meses. En teoría, el 13 de marzo del 2026 debería tenerse el informe sobre el que la autoridad haga la propuesta legislativa. Es decir, en plena campaña electoral, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) elaboraría la iniciativa legislativa para discutirla con el Congreso saliente. 

Hay dos posibilidades de desenlace entre marzo y julio del 2026. La primera, la más probable, que no se haga nada y sea el próximo gobierno el que decida; y la segunda, que con nocturnidad se apruebe una ley con patrocinio de un grupo de interés. 

Los temas de la reforma son bastante técnicos. Para entendimiento de los ajenos al sector haré un recuento sucinto para resaltar la importancia de algunos de los casos en discusión: energías renovables, comercializadores de energía, generación distribuida (producción eléctrica en las redes de un distribuidor) y valorización de las tarifas de distribución teniendo en cuenta nuevas tecnologías (redes y mediciones inteligentes, cocinas de inducción y electromovilidad).

Tratamiento aparte amerita el valor del dinero en el tiempo (tasa de descuento) con la que se efectúan los cálculos, la legislación da motivo a interpretaciones que pueden enrevesar el tema y hacer uso arbitrario del valor fijado o por fijarse

Sobre las energías renovables, hay un tópico muy sensible que es la participación de la producción solar, que se desarrolla entre las 8.00 y 17.00 horas. Se necesita implementar un bloque horario a la medida, lo que ha encontrado seria oposición de los generadores termoeléctricos a gas natural.

Sobre los comercializadores, que son empresas sin infraestructura propia, que deben estar facultadas a comprar energía a nivel de productor y vender a los consumidores, permitiría una formalización de la actividad que hoy es ejercida principalmente por dos empresas que participan del mercado de transacciones a nivel mayorista, siendo propietarios de ínfima capacidad de producción.

En cuanto a la generación distribuida, existe legislativamente desde hace 18 años, pero no se ha podido emitir un reglamento, para lo que solo se necesita un decreto supremo, formulado por el Ministerio de Energía y Minas. Aquí los perjudicados en ingresos son los grandes generadores y los transmisores.

En relación con el cálculo tarifario de las redes de distribución, incluyendo las nuevas tendencias tecnológicas, es un caso serio. La normativa actual cuyos principios datan de hace 32 años, se ha convertido en un tema controvertido desde 1997. 

La fijación tarifaria de distribución que se hace cada cuatro años es motivo de un tire y afloje entre distribuidoras y Osinergmin, lo que genera descrédito. Es un verdadero reto modernizar la normativa, ajustándola a la época y recortando discrecionalidades. 

La tasa de descuento es una variable muy delicada, el valor utilizado desde 1992 a la fecha, ha sido de 12% anual en dólares, reajustable con la prima de riesgo que corresponde al riesgo país. A partir del año 2007 hasta el 2021 la calificación de riesgo fue auspiciosa y puso en debate disminuir la tasa a 10%. Sin embargo, entre el 2022 y el 2024, el país ha retrocedido hasta llegar al límite de salir del “grado de inversión” y pasar a “grado especulativo”. La tasa debe tener reglas muy claras. 

Como se puede deducir son temas que tienen implicancia en los agentes de mercado, del buen manejo dependerá que se retome la senda de ser atractivos para la inversión, tarea que se está dejando para el próximo gobierno. Los candidatos deben anunciarnos cuál es su posición.