Deudas al sistema financiero serán tema de campaña

La campaña para los comicios de abril del 2021 está en ciernes. Y dentro de los diversos temas con los que se hará proselitismo, las deudas al sistema financiero estarán en el centro del trajín electoral. El acuerdo entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Comisión de Economía del Congreso, en el que se basó la Ley de Reprogramación de Deudas, será recordado por fallido. Por un lado, el MEF parece no tener claro el tamaño del problema; por otro, los congresistas no tuvieron elementos de juicio para replicar la exposición de la titular del sector, María Antonieta Alva. 

Tres son las razones en las que me baso para vaticinar que la ley mencionada devendrá en fracaso: una línea de garantías insuficiente, las altas exigencias para el acogimiento y las tasas de interés de refinanciación demasiado elevadas. Para empezar, es bueno recordar que el objetivo de la ley eran las mypes y el crédito de consumo e hipotecario de las personas naturales.

Hago un ajuste adicional: dentro de las mypes consideraré solo a las microempresas, en vista de que la pequeña empresa ya tiene una participación importante en los créditos de Reactiva I y II, con lo que no podrán acogerse a la reprogramación. Iguales suertes tendrán las 441 mil microempresas que ya participan de Reactiva. Con estas restricciones, en el sector micro solo quedarán como elegibles 144,000 empresas, gran parte de las cuales necesitan un salvataje financiero.

Por el lado del crédito de consumo –tarjetas de crédito, créditos personales revolventes (créditos de las tiendas de conveniencia) y no revolventes (préstamos dinerarios y vehicular)– hay un universo de 3.45 millones de personas. En lo que se refiere a los créditos hipotecarios hay 233,000 personas involucradas. El universo de deudores es altísimo, estamos hablando de 3.83 millones de personas. No todas necesitarán del programa, pero tampoco todos los que lo necesiten podrán acceder a él.

Las limitantes empiezan por la línea de garantía brindada por el MEF que es de tan solo S/ 5,000 millones. El total del crédito en el sector al que me refiero asciende a S/ 103,000 millones. Es decir, la línea solo podrá cubrir una morosidad de hasta 4.9% del total de la cartera. A julio el promedio ponderado de la morosidad ya es de 3.41%. Fácilmente esta cifra crecerá significativamente después de tener desempleada a cerca del 50% de la población económicamente activa.

Otra limitante es la calificación del deudor para otorgarle acceso. Se considera a los que tengan “crédito normal” (pagos puntuales) y “crédito con problema potencial” (pagos con atrasos máximo de 30 días). Por las circunstancias vividas de aislamiento obligatorio de tres meses y desempleo, de hecho, los incumplimientos serán de plazos mayores a 30 días. Por esta exigencia muchos se quedarán fuera del “beneficio”.

Finalmente, me referiré a las reducciones en la tasa de interés anual en soles. Las tasas reducidas no son nada atractivas: 32.09% para las microempresas, 35.14% para el crédito de consumo y 6.66% para el hipotecario. Si comparamos aquellas con el 1.7% que ha sido el promedio ponderado del programa Reactiva I y II, es obvio lo desmesurado.

Si a todo esto agregamos que la condición de haber pagado un tercio de la deuda es indispensable, resulta clarísimo que se está planteando vallas altas, intereses altos y una línea de garantía pequeña. Una trilogía perfecta para el fracaso, que llevará a propuestas altisonantes en campaña, que empezarán por la regulación de la tasa de interés, que ya es un tema peligroso.