Después de las declaraciones de barata ¿qué?

No han faltado voces que anuncian el final de nuestro criollo mundo político. Tampoco las reacciones enfervorizadas que exigen la expulsión de todos y, otras más audaces, la inmediata convocatoria de elecciones generales. Opiniones que reflejan un colérico estado de ánimo, sin duda muy extendido. Pero por más superlativo que sea este huayco de rabia acumulada y acciones exterminadoras, la realidad no tiene por qué emprender esos rumbos. Siempre será menester la adición de muchas cosas más, para que una toma de conciencia ante una crisis dimane necesariamente hacia una transformación radical del acontecer social.

Para empezar, situemos lo dicho por Barata al interior de un contexto más próximo a los hechos concretos, y menos impregnado por la indignación que nos embarga. Confieso que no será fácil esta disociación. Como la gran mayoría de peruanos siento una absoluta decepción ante estas inconductas de la clase política, que han confirmado nuestros peores temores. Sin embargo, creemos imprescindible llevar a cabo este empeño aclaratorio. Solo así podremos escapar de la atmósfera subjetiva y lastimera que, hoy por hoy, lo inunda todo a costa de la mejor inteligibilidad de las cosas.

Por eso debemos admitir, como una verdad incontestable, que lo contado por el colaborador eficaz, a pesar de todo el escándalo suscitado, no es para nada una novedad. Reconozcamos que esa ha sido la forma tradicional de financiar las campañas electorales. Y que dicha práctica no solo ha sido general, sino que goza de arraigo y consenso, pues viene de antaño y ha logrado fusionarse con el ejercicio democrático, en un marco de perfecta normalidad. Por esta razón, el estupor de comentaristas y medios de comunicación tiene mucho de hipocresía, en la medida que ellos, mayoritariamente, se han opuesto con terquedad al financiamiento público de las campañas políticas, apelando a una replana de argucias demagógicas.

Por lo tanto, mientras financiar la política sea un asunto plenamente privado, mientras las elecciones sean concebidas como una competencia mercantil, mientras las estrategias de politización sean suplantadas por la mercadotecnia y la publicidad ocupe el lugar del juego de ideas, nada cambiará en lo sustancial y la democracia será un variable dependiente del uso y tenencia del dinero. ¡Así de claro!

Hagamos un ejercicio de imaginación: si Odebrecht no hubiera delinquido y Barata revelara lo mismo —que sufragaron a todos, tirios y troyanos— ¿cuál sería la reacción? Con seguridad, más allá del reproche moralista de algunos, la gente no sentiría mayor sorpresa, y no pocos saludarían la habilidad empresarial. Después de todo, siempre ha sido así. Y esta convicción ha sido trasmitida por vía oral, de conversación en conversación, desde hace mucho tiempo.

Si estos pagos a las campañas políticas hoy nos afectan tanto, es solo la por identificación de la fuente ilícita y corrupta. Esta es la diferencia con lo que apaciblemente venía sucediendo, y no otra. Lo acontecido nos trae a la memoria aquel dinero proveniente del narcotráfico que se descubrió a raíz del caso Lamberg, acaecido durante la primera mitad de los años ochenta del pasado siglo. Y que también provocó el respectivo escándalo.

Lo dicho no significa que estas revelaciones no tendrán graves repercusiones en el campo político. La connivencia puede trocarse en cólera encendida, de un momento a otro. De esos giros radicales en nuestros comportamientos, increíbles trasiegos desde el alfa al omega, mutaciones espectaculares del humor colectivo, está plagada la historia política del país.

Lo que sí es seguro es que las consecuencias jurisdiccionales serán menos impactantes de lo que se anuncia. Primero porque, en sí mismo, el aportar dinero para las justas electorales y recibirlo no es delito. En ninguna parte del ordenamiento jurídico está tipificado así. Segundo, el delito de lavado de activos, por el cual se han incoado investigaciones fiscales, además de acreditar la fuente ilegal del dinero demanda inexorablemente que los receptores conozcan este hecho o tengan sospechas razonables de su ilicitud. Si esto último no se acredita fehacientemente será imposible imputar responsabilidades penales que conduzcan a condenas firmes.

En ese sentido lo manifestado por Barata solamente amplía el cuadro de las indagaciones, siendo de todos modos necesaria una probanza efectiva, que jamás podrá soslayarse. Si esta verificación no se alcanza, por cualquier motivo, las expectativas enormes que estos casos han despertado tendrán resultados magros e insuficientes. Bajo ninguna circunstancia la administración de justicia puede sustraerse a sus reglas y procedimientos implícitos, ni ser reemplazada por los juicios mediáticos, la presión de la opinión pública y otras variantes extralegales.

Por cierto eso jamás se conseguirá si ciertos fiscales o jueces actúan bajo las pautas de la farándula. La tentación de la espectacularidad no puede ser disimulada por algunos magistrados. Y ello solo provocará la deslegitimación de los mecanismos jurisdiccionales.

Muchos cuidado, entonces, con los allanamientos de locales sin ton ni son, con las prisiones antojadizas por causas no merituadas sustancialmente y otras poses que solo denotan inquina contra algún sector político. Al final estos excesos, de autoridades, que debieran proceder con el máximo de sindéresis y cautela, no abonan nada, absolutamente nada, para la causa de la justicia. Por el contrario, contribuirán al enorme mural de desprestigio que ya pinta en abundancia la escena pública.