Despilfarro en Doe Run

Sobre los presuntos malos manejos en la administración temporal de La Oroya

Rigth Business, como administrador temporal de Doe Run, cobró US$2 millones. Profit, el otro administrador, cobró US$650,000, en 13 meses, por llevar adelante el frustrado proceso de subasta de los activos de la compañía. El banco suizo UBS cobró US$480,000 para poner en vitrina mundial las bondades del Centro Metalúrgico La Oroya y la mina Cobriza. Todo por nada. Sólo se consiguió que más de medio centenar de inversionistas se interesen en la compra, que una docena recibiera detalles más precisos, que sólo 6 mostraran mayor interés y que luego se fueron desanimando por las dudas medioambientales y laborales no resueltas.

Hoy, Rosario Patiño, representante del Estado, es presidente de la junta de acreedores, y Luis Castillo -representante de los trabajadores- es el vicepresidente. Ningún acreedor quiso hacerse cargo de una papa caliente que no tiene cuando enfriarse y que se convertirá otra vez en tema de campaña electoral; que servirá para que candidatos como Pedro Pablo Kuczynski, vuelvan a decirles a los trabajadores que él sí pondría en marcha las operaciones al día siguiente de asumir la presidencia; que otros candidatos, ignorando el tema, dejen que se decante en el olvido hasta que los trabajadores y la población tomen la carretera central nuevamente; que otras mesas de alto nivel y desarrollo se ocupen, in sæcula sæculorum, de un problema que necesita ser atendido sin temor por quienes alimentan eso de la contaminación y pasivos ambientales como si Perú todavía viviera en el siglo pasado, que no se moderniza, estancado en prácticas empresariales que no promueven riqueza y desarrollo sometiéndose a normas internacionales.

La Oroya recordará a Humala como un inútil en temas de desarrollo social. Está equivocado por creer que regalar cien soles y pañales es suficiente para promover inclusión social y reducir la pobreza. En cinco años la “problemática” Doe Run pudo ser resuelta. Pero ya sabemos, faltó imaginación, liderazgo, valentía y decisiones firmes.

La nueva administración se encargaría nuevamente de reiniciar operaciones y de buscar proveedores de concentrados para una empresa que no tiene cómo honrarlos, pero si para pagar oficinas de $40 mil en la torre empresarial más pituca del país. Y eso les molesta a los trabajadores, que mientras unos son ninguneados, maltratados y víctimas de incertidumbres, otros se la llevan fácil.

Ayar López Cano, de Right Business, declaró el 2013 que La Oroya tendría un superávit de $25 millones, que "si eso se mantenía, el operador que compre el Complejo, más la mina Cobriza, sabrá que puede recuperar su dinero, aun cuando tenga que cumplir con las obligaciones ambientales del circuito de cobre".

¿Qué pasó entonces? ¿Dónde acabó todo ese entusiasmo? ¿Se comenzó a gastar desmedidamente en todo, menos en la planta y los trabajadores?

Una planilla de remuneraciones de hasta S/.41,000 ha descubierto la manera grosera con que se habría manejado los dineros de la empresa en liquidación. Los administradores temporales nos estarían recordando la manera como se manejó Centromin, la “empresa de todos los peruanos”, desde los tiempos de Velasco. Se dice incluso que valiosos inventarios habrían desaparecido para ocultar la desaparición de oro, plata, cobre, zinc y plomo. Hay evidencias de manejos nada santos que ya habrían ocasionado la renuncia de varios funcionarios, beneficiados con tremendos sueldos y, que además, habrían permitido dispendios.

Por: Manuel Gago