Deficiencias en los textos escolares desde el 2013 (II)

Este 27 de julio pasado se cumplieron cuatro años desde que la presidenta de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, Milagros Salazar de la Torre –con facultades de comisión investigadora respecto a las presuntas irregularidades en el proceso de elaboración, edición, revisión, reproducción, adquisición y distribución de los materiales educativos de la educación básica– remitió el Informe Final “Moción N.º 8751, a la que se acumuló la Moción 8789/2019-CR”, aprobado en la sesión del día miércoles 24 de julio de 2019, al presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry Villa, con el fin de que se disponga el trámite correspondiente. 

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte con facultades de Comisión Investigación que se encargó de investigar las gestiones de los siguientes Ministros De Educación: Patricia Salas O’Brien, Jaime Saavedra Chanduví, Marilú Martens Cortés, Idel Vexler Talledo, Daniel Alfaro Paredes Y Flor Pablo Medina, que habrían originado una afectación económica al erario Nacional y un perjuicio al derecho de acceder a una educación de calidad y pertinente al nivel y grado en perjuicio de los alumnos de las instituciones educativas públicas del país; según Moción de Orden del Día N.º 8751, a la que se acumuló la Moción de Orden del Día 8789.

Dicha comisión investigó los hechos por el plazo de 120 días hábiles, para tal fin se elaboraron 17 objetivos específicos, todo esto se desarrolló siguiendo una metodología de sistematización de indicios, hechos y datos contenidos en las denuncias y procesos nacionales e internacionales e informes emitidos por la Contraloría General de la República y denuncias periodísticas sobre el grave daño que se estaría cometiendo con los estudiantes de la Educación Básica con la finalidad cumplir el encargo otorgado por el Pleno del Congreso de la República dentro del plazo establecido. El trabajo de esta Comisión cumplió con las etapas de indagación, investigación, elaboración del mencionado informe elaborando las conclusiones y 15 recomendaciones, presentado para que la Representación Nacional meritúe: Poder Legislativo debemos plantear políticas correctivas integrales en materia de educación por el bien de los más de ocho millones de estudiantes de la Educación Básica y del futuro de nuestro país y se pongan en conocimiento de los órganos jurisdiccionales, a quienes constitucional y legalmente les compete la determinación de las responsabilidades administrativas, civiles y penales respectivas.

La primera recomendación fue para el Ministerio Público a efectos de que se proceda conforme a sus atribuciones, formule las denuncias que corresponda o amplíe las denuncias que se encontraban en trámite. 

Cinco recomendaciones para el Ministerio de Educación referidas a:

• Implementar la Política Pedagógica Nacional, conforme a lo normado, considerando el desarrollo de la ciencia y la tecnología para proyectar una educación integral de calidad y con valores.
• Reorganizar el sector educación en las áreas neurálgicas identificadas, específicamente en lo correspondiente a la Dirección que gestiona materiales educativos para: Mejorar los mecanismos de contratación del Estado (contenidos, revisiones, control de calidad, impresiones, reimpresiones, distribución y otras). El cumplimiento de los perfiles profesionales pertinentes para la contratación de funcionarios y servidores públicos del Ministerio de Educación.
• Cumplir con la función inductora de conocimientos y valores éticos, y no arrogarse la formación moral que es exclusiva de los padres de familia; para ello es necesario la implementación de escuelas de padres en toda institución educativa.
• Supresión de todo enfoque que sirva de fuente para la segregación y la confrontación de grupos sociales, pues esto atenta contra la paz, la estabilidad y el desarrollo del país.
• Velar por la erradicación de la violencia en las instituciones educativas, respetando el origen, religión, etnia y cultura de los estudiantes, respetando las etapas de desarrollo biológico y psicológico de los mismos.

También se alcanzaron cuatro recomendaciones generales:

• Crear la Dirección de Tutoría, para que brinde apoyo, seguimiento y monitoreo sobre el tema de Bullying, salud mental, orientación sexual adecuada a la edad, la no violencia familiar.
• Reforzar el modelo de servicio educativo "Jornada Escolar Completa".
• incentivar para cubrir el déficit de maestros con título pedagógico en la especialidad del idioma de inglés o bilingüe.
• Solucionar el problema generado por la falta de la enseñanza del idioma inglés a los más de 590,000 estudiantes de las 2001 instituciones educativas del servicio educativo que se brinda en los JEC, en el presente año.

Una última recomendación fue para que el Congreso de la República modifique la Ley N.º 28044, Ley General de Educación, a fin de lograr una efectiva participación de la comunidad educativa en la formulación de las políticas educativas, incluyendo el Currículo de Educación Básica.

Que el Estado peruano no solo regule sino también fiscalice el accionar de las oenegés exigiendo transparentar el origen de los recursos recibidos, el objetivo y ámbito de intervenciones, ya que se detectó la existencia de posibles acciones con impacto económico negativo para los beneficiarios y en consecuencia para el país. 

Sobre este punto también se recomendó investigar los hechos identificados sobre las posibles acciones de evasión tributaria y/o lavado de activos al haberse convertido, en algunos casos, algunas ONGs, en "empresas de transferencia de fondos" que reciben dinero del exterior sin riesgo, para crear, en algunas oportunidades, actividades que perjudicarían la gobernabilidad que el país requiere para su desarrollo.

El informe fue aprobado por amplia mayoría y con solo un voto en abstención y un voto en contra.

Durante el proceso de recojo de información en fecha 15/07/2019 se verificó que:

• Existencia de gran cantidad de material de textos educativos de educación básica regular, de educación especial, de implementación de mejoras de la infraestructura de educación inicial. Existencia de todo el material de textos de inglés para educación de Jornada Completa -JEC.
• Como se pudo verificar, al mes de julio del 2019, que encontrándose a medio año escolar estos materiales aún no habían sido distribuidos y menos estaban siendo utilizados en cada nivel por posible desidia o inoperancia de las direcciones de estos niveles.
• Asimismo, la presidente de la Comisión realizó inspecciones inopinadas a las instalaciones de los centros educativos de educación básica regular, entre ellas por ejemplo la l. E. N.º 2003, Libertador José de San Martín, ubicado en la Mz. B Lote 14 Urb. Los Libertadores San Martín de Porres en los que se pudo constatar que los Links si se aperturaban a la vista y acceso de los niños, como se muestran en las fotos pese a su corta edad. 

Los resultados de la investigación permitieron identificar una serie de indicios de responsabilidad política, administrativa y penal en las gestiones investigadas, así como en la vulneración de diversos derechos los cuales se detallan a continuación:

1. Responsabilidad Política: Incumplimiento de obligación de formular políticas a su cargo Ley General de Educación. Prescrita, en los funcionarios: Patricia Salas O'Brien, Jaime Saavedra Chanduví, Marilú Doris Martens Cortés, Daniel Alfaro Paredes, Flor Pablo Medina, José Martín Vegas Torres, Flavio Felipe Figallo Rivadeneyra, Liliana Miranda Molina, Susana Carola Helfer Llerena y Patricia Andrade Pariona.
2. Responsabilidad Administrativa: Incisos a) y d) art. 85 Ley de Servicio Civil. Prescrita en los funcionarios: José Martín Vegas Torres, Flavio Felipe Figallo Rivadeneyra, Liliana Miranda Molina, Susana Carola Helfer Llerena y Patricia Andrade Pacora.
3. También se identificó vulneración de derechos en varios funcionarios que detalla el informe en cuestión, en los siguientes:
1. Vulneración del derecho de los padres en la educación de sus hijos y compromisos internacionales.
2. Vulneración de diversas normas constitucionales.
3. Vulneración de la ley general de educación.
4. Vulneración de la política educativa y de los contenidos curriculares desarrollados en el Proyecto Educativo Nacional.
5. Vulneración de la libertad de enseñanza en la aplicación del concepto de género.
6. Vulneración al derecho a una información adecuada en el tratamiento del terrorismo en el Perú.
   
   
4. Indicios de delitos comunes y contra la administración pública por parte de las autoridades y especialistas del MINEDU.
5. Delitos Comunes
1. Con respecto al delito de publicaciones obscenas agravadas por inclusión de links con contenido inapropiado en libros de DPCC.
   
   
   
2. Con respecto al delito de apología al aborto por inclusión de links con contenido inapropiado en libros de DPCC.
   
   
6. Delitos contra la administración pública
1. Con respecto al delito de desobediencia y resistencia a la autoridad por incumplimiento de la medida cautelar contra el CNEB.
2. Con respecto al delito de omisión y retardo de funciones en la falta de revisión e implementación de medidas correctivas de los libros de DPCC.
3. Con respecto al delito de colusión en la impresión de los textos escolares de DPCC.
7. Violación de normas de contrataciones del estado.
8. Utilización de la cooperación internacional para la adquisición de materiales educativos.

Cabe indicar que el informe consta 298 páginas, en el que se establecen de manera pertinente los antecedentes de la investigación, se explica con gran detalle el desarrollo de la investigación y metodología utilizada, para concluir con la identificación de las irregularidades en la gestión de los ex ministros y ministras, viceministros y viceministras, directores generales y de línea, así como de jefes de oficinas y especialistas durante el levantamiento de información.

Aún tengo presente cuando la comisión me solicitó responda respecto a la responsabilidad de la función del cargo del viceministro de cumplir y hacer cumplir la implementación del currículo escolar en su sector, en especial en los materiales educativos, la cual se materializa con la aplicación de los criterios pedagógicos e indicadores de calidad para la evaluación de los textos escolares, a lo que conteste …”nosotros permanentemente convocamos a los directores a decir y a mostrar los avances que tenían cada uno de la producción de los materiales en el despacho del viceministro, porque el viceministro tiene total responsabilidad no sólo política, sino también funcional sobre el tema de materiales que pudiera salir del ministerio de Educación. (. . .)". Seguidamente se dio la pregunta: 

Velásquez Quesquén, Javier (congresista miembro titular de la Comisión de Educación). - O sea, que usted nos reafirma, señor Molinari, que el Viceministerio de Gestión Pedagógica no sólo tiene responsabilidad política, sino también funcional en el tema de la elaboración y los contenidos ¿no? 

Molinar Palomino, Guillermo. – Totalmente

Por todo lo descrito en el presente artículo concluimos que el Congreso de la República, el Ministerio Público y el Ministerio de Educación tienen tareas pendientes respecto a las presuntas irregularidades en el proceso de elaboración, edición, revisión, reproducción, adquisición y distribución de los materiales educativos de la educación básica.

El 18 de mayo del presente año el Congreso de la República declaró de interés público la introducción de contenidos de estudio sobre la historia de la subversión y el terrorismo en el Perú, aprobando la Ley 31745. Con la dación de esta Ley, se busca promover el fortalecimiento del sistema democrático y la identidad nacional a través de la introducción de estos contenidos en el Currículo Nacional.

“Ley N.º 31745: Tiene por objeto el reconocimiento histórico de la lucha contra el terrorismo en el periodo comprendido entre los años 1980 y 2000”