Correlación de fuerzas para Tía María

El desarrollo del proyecto Tía María no solo es una lucha emblemática para Arequipa, sino para todo el sector minero nacional. La oposición de fuerzas políticas locales, basada en diversos temores medioambientales y económicos, tuvo éxito en el pasado a pesar del ofrecimiento de Southern de realizar el proyecto con agua del mar (a través de una planta desalinizadora), sin utilizar agua del valle del río Tambo. Ahora las presiones sobre el Ejecutivo para poner el proyecto en marcha han regresado: la empresa ha mostrado evidencia de que tiene mayor apoyo social (IPSOS, octubre de 2018, muestra un apoyo de la provincia de Islay del 59%) y se ha cumplido con los requerimientos técnicos para comenzar con el desarrollo del proyecto. Southern ha tomado iniciativas para llegar a la población a través de las explicaciones comunicadas por su Centro de Información y las visitas casa por casa. ¿Pero es esto suficiente?

Mostrar este apoyo provincial es importante, tanto para evidenciar que la empresa está interesada en la opinión pública local como para demostrar a los actores políticos que están interesados en esa audiencia electoral. Pero ante la ausencia de reelección, las actuales autoridades locales están menos incentivadas en rendir cuentas frente a este electorado específico. Ellos tienen en mente, para sus planes futuros, la totalidad de las provincias de Arequipa o un nicho electoral nacional.

Durante el conflicto del 2015 se contaba con un apoyo similar en ciertas provincias (51%), según una encuesta de IPSOS. Sin embargo, esto no fue suficiente para evitar que las fuerzas políticas hostiles se impusieran. El balance político actual no es alentador. En el evento que rememoró la lucha contra el proyecto Tía María, realizado hace algunas semanas en Arequipa, diversos actores políticos mostraron su posición. Esta actividad sumamente hostil al proyecto, que tenía como lema “Agro sí, mina no”, se alinearon autoridades de la provincia de Islay (alcalde, consejeros), representantes de juntas de usuarios, la figura antiminera Máxima Acuña, la CGTP, el gobernador regional Cáceres Llica e inclusive el congresista Sergio Dávila (de PpK). En esa oportunidad mostraron los diversos agravios que perciben del proyecto, así como el interés de impulsar la represa de Paltiture, sin condicionarla al proyecto Tía María.

En el 2012, en el caso de Conga en Cajamarca, el rol opositor de Gregorio Santos fue clave para el bloqueo del proyecto. Sin embargo, en el 2015 en Arequipa, el apoyo de Yamila Osorio, la gobernadora regional, no pudo evitar que las fuerzas políticas hostiles a la minería detuvieran a Tía María. Estos ejemplos sugieren que una autoridad regional puede ser muy importante para perjudicar a un proyecto, pero tiene un papel menos importante en su defensa.

Dado que el EIA aprobado del proyecto vence en agosto, es muy probable que el Gobierno otorgue la autorización buscada. Pero como afirma el ministro Ísmodes, “no necesariamente darle la autorización a la empresa implica inmediatamente una construcción”. Posiblemente las fuerzas políticas hostiles al proyecto verían esta autorización como una convocatoria para desencadenar el conflicto. La correlación de fuerzas políticas aparenta ser hoy menos propicia para el proyecto que en el 2015. Aunque tiene mayor respaldo social, también tiene la oposición del Gobernador regional y de diversos congresistas arequipeños. Hay que recordar que el Ejecutivo es visto como deficiente en su capacidad para manejar conflictos (según Ipsos, apenas 6% lo califica positivamente en Las Bambas) y se encuentra en un proceso de descenso de su popularidad. Es poco probable que esté dispuesto a consumir parte de su decreciente capital político en un proyecto crítico como Tía María.