Consumo energético de carbón y leña supera al GLP

El manejo de la política energética está relacionado inevitablemente con las políticas tributarias y ambientales, que lamentablemente se están gestionando en ámbitos inconexos en el gobierno.

Un primer punto es eliminar el uso de fuentes de energías primarias contaminantes, como es el caso del carbón o la leña, para dar paso a sustitutos como el gas licuado de petróleo (GLP) o de ser posible el gas natural (GN), que tienen menores emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero (GEI). 

Un segundo punto es desplazar el uso de combustibles líquidos, como los gasoholes (GHOL) y el petróleo diésel en mezcla con biodiésel (DB5), para lo que también son alternativas el GLP y el GN. En este tema hay que tener mucho cuidado con el aspecto recaudatorio, pues el Estado siempre ha recurrido al facilismo de imponer tasas impositivas a las ventas ex planta de refinerías e importaciones. La recaudación es fácil de controlar a este nivel porque el número de agentes es pequeño. 

La composición de la demanda a consumidor final se hace en términos de variables de energía, donde el Terajoule (TJ) es la unidad de medida y la publicación oficial corresponde al Ministerio de Energía y Minas (Minem), en un documento de elaboración anual denominado Balance Nacional de Energía (BNE), el último en circulación corresponde al año 2022. 

Hay cifras de sorpresa y de vergüenza, pues nos preciamos de globalizados y modernos, se usan celulares y computadoras de última generación, se empieza a practicar con la inteligencia artificial y a predicar sobre el metaverso, sin embargo somos consumidores de carbón y leña, en cantidades superiores al GLP y al GN no usado en centrales eléctricas, que en el BNE se le denomina “gas distribuido” (GND). 

Del total de energía utilizada por consumidores finales, el carbón y la leña representan el 13.8%; mientras que el GND, tiene 10.6% de participación y el GLP, solo el 9.8%. La calamitosa situación se agrava cuando en la Memoria Anual 2022 del MINEM se señala la sectorización de la utilización del carbón y leña. Sorprendentemente en el sector “no pobre” el 18% de los hogares lo usa, en el “pobre no extremo” el 37.6% y en el “pobre extremo” el 70.4%. En total estamos refiriéndonos a 2.7 millones de hogares (MMH).

En este contexto es responsabilidad del Estado la prioridad de la asignación de recursos, y entramos al debate si es la masificación mediante redes o el GLP el que debe primar. Para la toma de decisiones hay dos premisas: 1) las redes de GND no pasarán necesariamente por donde están las necesidades, y 2) el tendido de redes es mucho más costoso que subsidiar el GLP. Esta evaluación no la han hecho ni el Minem, ni el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas)

Un tema aparte es el reemplazo de GHOL y DB5 por gas natural vehicular (GNV), donde la premisa es que éste último tiene un costo menor de entre 60% y 50% respectivamente. Pero aquí el aspecto recaudatorio del Estado entra en juego. Los GHOL tienen tres tasas impositivas: impuesto al rodaje (IR), impuesto selectivo al consumo (ISC) e impuesto general a las ventas (IGV); mientras que el DB5 paga por ISC e IGV. 

La interrogante es si al reemplazar por GNV, el GHOL y el DB5, la recaudación del estado se afecta. Hay que tener en cuenta que el GNV por el incremento de su consumo recaudará más regalías (37.24% de las ventas) y también contribuye con el pago del IGV. 

Las regalías representan una cantidad importante, pero la caja fiscal solo tiene liberalidad sobre el 10% o 20% recaudado por la demanda local, según se trate del lote 88 o 57 respectivamente, dado que el 50% de destina a canon, y el 40% de lo recaudado del lote 88 o 30% del lote 57, se destina para las fuerzas armadas y policiales. Los cálculos indican que la recaudación disminuye en 50% respecto a lo que tiene con GHOL y DB5.

Finalmente tenemos el tema ambiental donde no se está haciendo nada para la reducción de GEI, y el compromiso con la COP 21 equivale una cifra demasiada significativa, equivale a reducir a cero las emisiones de las termoeléctricas, las del transporte y las de las productoras de cemento. 

Desarticulación total en el gobierno que una nueva administración tendrá que ordenar.