Claudicante actitud

Hace unos días en El Montonero, Delia Muñoz, ex ministra de Justicia y experta en Derechos Humanos, dio la voz de alerta de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre dicha materia correspondiente al año 2023, había reportado seis casos peruanos para elevarlos a la consideración de la Corte Interamericana con sede en San José de Costa Rica.

Como se sabe, las denuncias por violación de Derechos Humanos de los Estados se plantean ante la Comisión, que de encontrarlas procedentes las eleva a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana mencionada, la que al resolverlos podrá declarar responsabilidad internacional del Estado infractor.

Revisado el informe del que la doctora Muñoz alertó, encontramos que la Comisión acusa al Perú ante la Corte de seis importantes casos, el primero el de María Andía al que han acumulado cerca de veinte casos similares, el caso de Edith Ramos sobre esterilizaciones forzadas, pese a saberse que no hubo en ello política de Estado sino transgresiones individuales, el caso de los trabajadores de Enapu resuelto en sede nacional hace muchísimos años, el caso de Georgina Gamboa y familiares así como el caso de Paulina Ramírez y diversas otras personas, en este último caso con sesgo anti Fuerzas Armadas y Policiales y, por último un tema pensionario. 

Todos los casos señalados durmieron décadas en la Comisión y extrañamente llevan las denuncias ante la Corte cuando el Congreso del Perú está por insistir en la aprobación de proyecto de ley para que se cree una comisión de altísimo nivel que haga un diagnóstico del Sistema Interamericano para que el Perú haga propuestas de ajustes y modificaciones ante la OEA, a fin de que se cumpla con el objetivo de la Convención Americana sobre tal materia. Podríamos presumir que la impresión que da, es que la Comisión Interamericana está actuando como represalia por lo acordado en el Congreso Peruano.

Es bueno recordar que no es una utopía que se puedan hacer reformas en estatutos y reglamentos de la Comisión y Corte, pues en la gestión de quien escribe estas líneas en el año 2007 en la OEA, se plantearon algunas reformas que luego fueron acordadas en ése organismo internacional, gestiones en que fui apoyado sobresalientemente por la doctora Muñoz, y los hoy embajadores Ana María Sánchez y Luis Alberto Castro Joo.

Lo que llama poderosamente la atención, frente a lo que hemos relatado es la actitud, tanto del Poder Ejecutivo como también del Poder Legislativo que a nuestro criterio parecerían ser claudicantes.

En efecto, hace pocos días el Presidente del Consejo de Ministros visitó la Corte Interamericana en San José, y el diario oficial El Peruano, edición del 14 de mayo, en portada reprodujo su dicho: “Perú reafirma compromiso con Sistema Interamericano de Protección de DD.HH.”. expresión débil que contrasta con la dura que asumió la misma persona ante el Consejo Permanente de la OEA, cuando meses atrás era el representante nacional ante ese organismo.

No podrá excusarse diciendo que hacía gestiones para respaldar la candidatura del doctor Alberto Borea a magistrado de la Corte Interamericana, pues no es la Corte la que nombra a sus integrantes sino la Asamblea de la OEA, la que integran los cancilleres de los países miembros, que es con quien hay que hacer la campaña, dado que el candidato peruano tiene todos los laureles y pergaminos para el cargo, siendo una persona experta en la temática, además de competente y serio. No hay mejor candidato a quien apoye nuestra Cancillería actualmente conducida con prestancia y eficiencia.

En lo que se refiere al Congreso de la República, hace algunos meses se aprobó una ley para crear, como hemos manifestado, una Comisión que haga el estudio de todo el Sistema Interamericano de DD.HH. y elabore propuestas de modificación para llevarlas a la OEA. En caso de no ser atendidas las propuestas el Poder Ejecutivo tendría las puertas abiertas para retirarnos del Sistema, sea totalmente o únicamente de la competencia contenciosa de la Corte, con lo cual lo que pudiese hacer la Comisión tendría muchísimo menor peso.

La Presidenta de la República observó la Ley aprobada en el Congreso, observación que fue desestimada por la Comisión de Constitución de nuestro Parlamento. El dictamen en cuestión se encuentra listo desde hace dos meses para que entre al Pleno del Congreso para su insistencia en la aprobación de la Ley y su promulgación. Este asunto no puede seguir postergándose, aunque también el Poder Ejecutivo podría retirar su observación y promulgar la norma legal aludida.

Lo peor en las situaciones como las que tratamos es el famoso “Laissez faire, laissez passer”, esto es la expresión “Dejar hacer, dejar pasar”. Nada de capitulaciones, tiene que haber dignidad nacional.