¿Vizcarra pretende controlar instituciones?

¿El presidente Vizcarra desarrolla una estrategia plebiscitaria que pretende controlar instituciones? Es una pregunta legítima. Finalmente, la mayoría del país no lo cree así. Sin embargo los hechos, los facts –como dicen los anglosajones-, nos indican que hemos ingresado a una etapa de democracia plebiscitaria. El jefe de Estado impuso los temas y los plazos para el referéndum, no obstante que la Constitución lo prohibía expresamente.

Es decir, las cosas se hicieron al margen de la Carta Política, en medio de una abdicación del Congreso y la mayoría legislativa. Luego del referéndum, Vizcarra pretende seguir legislando y quiere tener la voz cantante en las leyes de desarrollo constitucional de la Junta Nacional de Justicia y de la norma sobre financiamiento de partidos. Si bien no amenazó con la cuestión de confianza, él formará una comisión de notables para elaborar los proyectos. La propuesta de eliminar la inmunidad parlamentaria como una manera de debilitar el equilibrio de poderes flota en el ambiente.

Si a estos hechos le agregamos que Vizcarra convocó a los presidentes del Congreso, del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, y adrede excluyó a Pedro Chávarry, fiscal de la Nación, las cosas parecen ordenarse. El jefe de Estado ha dado otro paso en su estrategia para remover al Fiscal. Es evidente, pues, que el presidente Vizcarra ha inaugurado una peligrosa democracia plebiscitaria y apunta a controlar instituciones. Pero, ¿por qué?

Desde esta columna ensayamos una aproximación. Vizcarra pretende reelegirse el 2021, el bichito del poder se ha instalado en Palacio, y algunos hablan de un proyecto de 15 años. Pero, ¿cómo se reelegiría Vizcarra si la Constitución Política prohíbe la reelección presidencial? Someter a un Congreso bajo la amenaza de la cuestión de confianza, algunas iniciativas de fiscales y jueces carceleros, y las tradicionales negociaciones del toma y daca, posibilitarían que el Ejecutivo controle el Tribunal Constitucional, hoy convertido en una especie de Senado que legisla sin anestesia (Ley Mulder, Ley de bancadas, etc.). Bueno un TC controlado por el Ejecutivo podría establecer, a la boliviana, que Vizcarra puede postular porque no ha ejercido un periodo completo.

De otro lado, ¿por qué el Ejecutivo no acepta la permanencia de Pedro Chávarry en la Fiscalía de la Nación, no obstante que la Constitución y las instituciones así lo establecen? Una estrategia plebiscitaria requiere una fiscalía politizada. Los resultados están a la vista: hoy en el Perú no hay oposición porque todos los dirigentes opositores están judicializados, encarcelados, y amedrentados, solo con investigaciones preliminares. No hay acusación fiscal. Increíble. El caso de Keiko Fujimori y Fuerza Popular es un escándalo jurídico y procesal.

Una Fiscalía politizada no solo neutraliza a los políticos sino también a los empresarios, clave para avanzar en el control de las instituciones. Vizcarra visitó el CADE y confrontó adrede con Roque Benavides, presidente de la CONFIEP, con el objeto de respaldar los excesos del fiscal Domingo Pérez, que pretende judicializar a los principales empresarios del Perú solo por haber financiado una campaña en defensa del régimen económico de la Constitución.

En este escenario, el Ejecutivo ha logrado un objetivo central: ha eliminado a toda oposición posible, a cualquier voz disonante, para seguir avanzando en su estrategia plebiscitaria. Aquí va un pronóstico: el político que asuma el liderazgo opositor puede ganar la elección. ¿Quién se apunta? ¿Acaso César Acuña, Alfredo Barnechea, Alberto Beingolea y Julio Guzmán van por la reelección de Vizcarra? Veremos.